El Gobierno pacta con Bruselas una prórroga de dos meses para el cuarto pago de los fondos

El Gobierno ha acordado con Bruselas una prórroga de dos meses para la evaluación del cuarto pago de los fondos europeos. El retraso de la reforma del subsidio por desempleo, que todavía se discute en el seno del diálogo social, ha obligado finalmente al Ejecutivo a solicitar una extensión, sabedor de que no iba a cumplir a tiempo los 61 hitos y objetivos exigidos por la Comisión Europea para desbloquear la entrega de este tramo, que se corresponde con 10.000 millones de euros. Del 21 de marzo, cuando terminaba el plazo, se pasará al 21 de mayo.

Este jueves han finalizado todas las especulaciones. La visita del comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha servido para acordar esta prórroga, anunciada en una comparecencia conjunta con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. España no pedirá, por tanto, un pago parcial, como se llegó a barajar y el propio ministro había deslizado durante los últimos días. "Lo que haremos en avanzar en paralelo con la Comisión en los 61 hitos y objetivos y a nivel interno nosotros con la reforma del subsidio. Espero que podamos tenerlo a tiempo, en eso vamos a estar durante los próximos dos meses", ha dicho Cuerpo.

Junto a la extensión del plazo, se realizará una modificación parcial de la adenda al plan de recuperación, que incluirá cambios referidos a las inversiones en redes de transporte: los hitos que antes se medían en millones de euros adjudicados, ahora lo harán en número de contratos, para que sea más fácil certificar su cumplimiento, como requirió el Tribunal de Cuentas europeo. Estos cambios deberán ser aprobados por la Comisión y el Consejo, aunque lo más probable es que no sea necesario agotar la prórroga. En cualquier caso, se trata de modificaciones técnicas, que no afectan a los compromisos adquiridos por los países, a diferencia de la reforma del subsidio.

Tras ser tumbada en el Congreso por Podemos, esta exigencia de Bruselas para desembolsar el cuarto pago está pendiente de la negociación entre los sindicatos, la patronal y el Gobierno, que deberá llevar de nuevo la norma a las Cortes después de acordarla en el diálogo social.

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Tanto Gentiloni como Cuerpo han quitado hierro a la extensión del plazo de evaluación, que recientemente han pedido otras grandes potencias comunitarias, como Alemania e Italia. "Es bastante normal. Hemos tenido varias extensiones con otros países, y en algunas ocasiones dos veces", ha dicho el comisario. "El impacto en términos financieros es nulo, no supondrá ninguna dificultad, lo importante es que se cumplan todos los hitos y objetivos", ha añadido el ministro. El retraso en el cuarto pago no tiene por qué alterar el resto del calendario.

El impacto de no tener presupuestos

Cuerpo no se ha mostrado preocupado por la incidencia en el plan de recuperación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, después de que el Gobierno tirase la toalla de aprobar unas nuevas cuentas para 2024 ante la dificultad para conseguir apoyos en el Congreso tras el adelanto de las elecciones catalanas: "La prórroga de presupuestos deja espacio suficiente para la implementación de los hitos previstos, no supondrá ningún impacto sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos". Hace solo unas semanas, la antecesora de Cuerpo hasta el pasado diciembre, Nadia Calviño, dejó entrever que el hecho de no disponer de unas cuentas públicas sí podría tener una incidencia en el despliegue de los fondos.

El ministro también ha descartado que exista un vínculo directo entre el cumplimiento de las reglas fiscales y la recepción de los Next Generation EU. España cuenta con cumplir el déficit del 3% estipulado por Bruselas, pese a que organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el Banco de España lo ponen en duda. Los presupuestos de 2025 ya se deberán realizar teniendo en cuenta estas normas, que serán refrendadas definitivamente en abril por el Parlamento Europeo y el Consejo. "Hay mucho trabajo para los próximos meses", ha concluido Gentiloni. El primer momento clave llegará en septiembre, cuando el Ejecutivo deberá presentar un plan fiscal a medio plazo y las cuentas públicas.