La 'semana horribilis' de Yolanda Díaz: de muñidora a obstáculo para los acuerdos

El capital político de Yolanda Díaz se agota. La afirmación no hace referencia a las expectativas electorales de Sumar para las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero —las encuestas publicadas hasta ahora ponen en duda que pueda obtener representación—; tampoco a la caída de su popularidad —ha pasado de pisarle los talones al presidente Pedro Sánchez como preferida para ocupar la Moncloa a obtener el apoyo de solo el 9% de la ciudadanía, según el CIS—, y ni siquiera al hecho de no haber conseguido reunir en torno a su coalición a todo el espacio a la izquierda del PSOE, roto tras la marcha de Podemos al Grupo Mixto. Más allá de las vicisitudes partidistas como líder de Sumar, es su papel institucional, como vicepresidenta segunda a cargo de la cartera de Trabajo, el que empieza a resquebrajarse por los acontecimientos más recientes.

Tras fajarse en la oposición a la derecha en el Parlamento de Galicia y el Congreso de los Diputados, Díaz se labró tras su llegada al Gobierno en enero de 2020 su imagen actual como muñidora de pactos, muy diferente del perfil más combativo del que había hecho gala hasta entonces. Como siempre presume, la ministra de Trabajo ha conseguido en estos cuatro años 18 acuerdos en el seno del diálogo social. La cifra presenta algunos matices: varios de estos compromisos fueron alcanzados solo con los sindicatos, sin el concurso de la patronal (por ejemplo: todas las subidas del salario mínimo interprofesional, a excepción de la primera, en 2020), y la mitad se refieren a las medidas excepcionales durante la pandemia, entre ellas las sucesivas prórrogas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Pero el dato más relevante es que solo dos de ellos se han alcanzado en el último año, y ninguno durante la presente legislatura. Hasta hoy.

El primero, 19.º del cómputo total, ha llegado este viernes, cuando la vicepresidenta segunda ha cerrado la revalorización del SMI para 2024. El problema es que la patronal se ha vuelto a quedar fuera, pese a la mejor disposición mostrada por los empresarios en el arranque del nuevo mandato, una vez ha sido descartada —al menos de momento— la llegada del líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, a la Moncloa. La negativa de la CEOE a participar en el acuerdo, entre acusaciones de "chantaje" al Ministerio de Trabajo por amenazar con subir más el salario mínimo si la patronal se salía del pacto, fue solo la primera estación de una semana horribilis para la vicepresidenta, que ha visto cómo los dos grandes consensos para el inicio de la legislatura, este y el de la reforma del subsidio de desempleo, se han frustrado a la vuelta de las vacaciones de Navidad.

Por suerte para Díaz, la prerrogativa de subir el SMI corresponde en exclusiva a su departamento, y el Estatuto de los Trabajadores solo le obliga a consultar previamente a los agentes sociales. En otras palabras: el salario mínimo subirá en 2024, pese a que la patronal se opone, igual que lo hizo en años anteriores. Basta un real decreto gubernamental para aprobar la medida, que no debe pasar por el Parlamento y tendrá efectos retroactivos a 1 de enero. Sin embargo, la ministra ha conseguido la foto con los sindicatos, que le sirve para coger algo de aire tras los acontecimientos de los últimos días.

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Una vez con la patronal fuera de la ecuación, las centrales han tenido más argumentos para sostener sus demandas, y el acuerdo ha sido sencillo: Trabajo proponía una revalorización del 4% y los sindicatos del 5%, una horquilla más reducida a la de otros años y que finalmente ha caído más cerca de los segundos. La revalorización del 5%, hasta los 1.134 euros, satisface a las centrales. "Anuncio que el viernes vamos a subir mucho el salario mínimo", dijo este miércoles Díaz, casi al mismo tiempo que Podemos confirmaba su no al real decreto-ley de Trabajo y tumbaba, por tanto, la reforma del subsidio de desempleo. Y así ha sido.

Con el subsidio, por el contrario, no lo tendrá tan fácil. Los cambios en esta ayuda, que reciben los parados que no tienen derecho a la prestación contributiva o ya la han agotado, deben ser avalados por el Parlamento. A diferencia de los otros decretos —el de medidas anticrisis y el llamado ómnibus—, el Ejecutivo no fue capaz de sacarlo adelante por la oposición de la formación morada. El argumento de Podemos es que la reforma supone un recorte para las bases de cotización de los perceptores del subsidio mayores de 52 años: hasta ahora, se les calculaba una base del 125% del salario mínimo, que con la reforma se reducía al 100%. Díaz, por su parte, alega que las alzas del SMI durante los últimos años, y las que se prevén para los siguientes, eliminan el efecto pernicioso de este cambio sobre las pensiones que recibirán los afectados.

Se trata de un aspecto técnico que palidece frente al resto de novedades que conlleva la reforma del subsidio, pero la clave no está ahí, sino en el hecho de que el Gobierno no se haya sentado con sus socios —en este caso, Podemos— antes de aprobar el real decreto-ley en el Consejo de Ministros. La negociación de la ayuda a los parados consistió en un agrio debate en el seno del Ejecutivo, con la entonces vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la propia Díaz como protagonistas. Paradójicamente, esta última, que se había proclamado victoriosa de la refriega —lo hizo en una entrevista en la Cadena SER—, se ha convertido en el gran obstáculo para sacar adelante su propia medida, debido a los puentes rotos con una formación, Podemos, que en teoría debería ser proclive a aprobarla.

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"Así no se puede gobernar", se lamentaba este miércoles la misma vicepresidenta que hasta ahora había hecho de la negociación, incluso con los más lejanos a sus postulados, su sello político (y hasta personal). Del "diálogo, diálogo, diálogo", que había sido la divisa hasta la fecha —y lo sigue siendo en sus comparecencias públicas—, se ha pasado a la incapacidad de sentarse con un partido que hasta hace muy poco formaba parte de su mismo grupo parlamentario, a las acusaciones de chantaje por parte de la patronal y hasta a la desconfianza de los propios sindicatos.

El mayor activo del Ejecutivo para alcanzar pactos no lograba, hasta este viernes, ninguno en el seno del diálogo social desde junio: el último había sido el nuevo Estatuto del Becario, acordado con CCOO y UGT, sin el concurso de la CEOE, y que quedó en vía muerta con el adelanto electoral, lo que obligará a reabrir la mesa. Las centrales, y no solo la patronal, están muy molestas con la actitud de Díaz desde entonces, especialmente por el hecho de que no les haya tenido en cuenta a la hora de negociar el subsidio, responsabilidad única del Ministerio de Trabajo, como la propia ministra se encargó de remarcar en su disputa con Calviño. También se sintieron puenteadas en los acuerdos para la investidura de Sánchez —en este caso conciernen a ambos socios de la coalición, PSOE y Sumar—, sobre todo en uno que obligará a modificar el Estatuto de los Trabajadores: la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los de carácter nacional, pactada con el PNV y que decayó con el decreto tumbado por Podemos, después de que el Gobierno lo colara en el texto.

Los sindicatos se revuelven

Ya en diciembre, y con motivo de esta cuestión, CCOO y UGT lanzaron un comunicado conjunto, inusual por su dureza, en el que hablaban de "un quebranto del clima de confianza del que ha gozado la negociación tripartita en los últimos tiempos" y pedían una reunión con el presidente Sánchez. Esta semana, la derrota parlamentaria del Ejecutivo les ha dado más argumentos para elevar la crítica. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, denunció este miércoles los "síntomas preocupantes" que, a su juicio, presenta la técnica legislativa del Ejecutivo, caracterizada por la proliferación de decretos en los que se mezclan distintas medidas, y lo acusó de tratar de devaluar el diálogo social: "Queremos lanzarle un mensaje al Gobierno: aquí no caben políticas de trágala".

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En la misma línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, denunció este jueves la actitud cerril del Ejecutivo, en una velada alusión a la ministra de Trabajo: "El diálogo social, la concertación, no puede convertirse en un lema, sino en una cuestión de fondo". El sindicato no se fía de Díaz, y le exige, por ejemplo, que convoque cuanto antes la prometida mesa para la reducción del tiempo de trabajo, en la que se debería fijar la hoja de ruta para llevar la jornada laboral de las 40 horas actuales a 37,5 en 2025: "Si no se hace de manera inmediata, no se va a hacer".

La desconfianza, cada vez más patente, se dirige hacia el conjunto del Gobierno, pero con especial énfasis hacia Díaz, con la que los agentes sociales mantuvieron una relación más estrecha durante la pasada legislatura, que ahora se ha visto quebrada. Las palabras del propio Álvarez, deslizando que la vicepresidenta segunda hace del diálogo una cuestión de propaganda, son el más fiel reflejo de esa distancia. Los dirigentes sindicales consideran que los éxitos de la primera mitad de la pasada legislatura, que culminaron con la reforma laboral acordada en diciembre de 2021, no justifican el discurso triunfalista de la ministra de Trabajo. "Fue un éxito sí, pero muy marcado por la pandemia, por la responsabilidad de lo que teníamos que hacer", resumió el secretario general de UGT.

El giro de Díaz

Tras los mazazos de esta semana, especialmente el de la votación del decreto del subsidio, Díaz ha asumido que ya no puede vivir de rentas. Para mantener el capital político conseguido durante la pasada legislatura resulta necesario recuperar la iniciativa y generar nuevos consensos. Es ahora o nunca, sobre todo a la vista de que dos medidas relativamente sencillas, como la reforma de la ayuda a los parados y la revalorización del SMI —en teoría, con más resistencia dentro del propio Gobierno que fuera—, han causado enormes problemas, cuando queda por delante toda la agenda legislativa de la legislatura, marcada por temas tan peliagudos como la reforma del despido o de la reducción del horario laboral.

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En las últimas horas, la vicepresidenta segunda ha tomado las riendas al anunciar que convocará a la patronal y a los sindicatos a la mesa para discutir la reforma del subsidio de desempleo. Es una vieja estrategia, que ya usó en su día para conjurar las resistencias del ala más ortodoxa del Gobierno a otras medidas: con el aval del diálogo social, o al menos de UGT y CCOO, los costes políticos de oponerse resultan más elevados, también para Podemos.

Sin embargo, la vicepresidenta ha vuelto a dar argumentos a sus detractores, que siempre la han acusado de oportunismo: si hace unas semanas decía que no podía negociar con los agentes sociales por falta de tiempo, ya que España tenía que aprobar cuanto antes el nuevo subsidio para poder recibir los 10.000 millones del cuarto pago de los fondos europeos, ahora desliza que el diálogo se hará con calma, ya que todavía faltan tres meses para que la Comisión Europea se pronuncie sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos del plan de recuperación, entre ellos la reforma de la ayuda a los parados. ¿Cuál de las dos versiones resulta correcta?

Lo que antes era habilidad, ahora se revela tacticismo; lo que hasta hace poco se percibía como diálogo, ahora huele a propaganda. La política es así: Yolanda Díaz es la misma, pero las circunstancias han cambiado. Y, con ellas, la suerte de la gran muñidora de pactos del Gobierno, que lucha por mantener su fama frente a quienes la acusan, con los hechos recientes en la mano, de haberse convertido en el principal obstáculo para el acuerdo.