Trabajo y sindicatos acuerdan subir el SMI de 2024 un 5%, hasta los 1.134 euros

No ha habido sorpresas. "Vamos a subir mucho el salario mínimo", dijo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de la derrota parlamentaria con la convalidación del decreto del subsidio por desempleo. Y, efectivamente, así ha sido.

El Ministerio de Trabajo ha reaccionado rápido y ha acordado este viernes con CCOO y UGT revalorizar el salario mínimo interprofesional para 2024 un 5%, desde los 1.080 euros mensuales hasta los 1.134 euros. Es un 54% más de los 736 euros a los que ascendía en 2018, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a la Moncloa. Y exactamente lo que pedían los sindicatos, con los que se producirá la primera foto del diálogo social de la legislatura. La patronal, una vez más, se ha quedado fuera, y denuncia la "arbitrariedad" del Ejecutivo en la negociación.

La reunión de esta mañana ha sido breve, mucho más de lo que suele ser habitual, y permite a Díaz coger un poco de aire tras su semana horribilis. Las posiciones no estaban muy lejanas. En un principio, Trabajo había propuesto un 4%, en línea con las demandas de la patronal. Pero los empresarios decidieron esta semana salirse del acuerdo por la negativa de Hacienda a indexar los contratos públicos a la revalorización del SMI, lo que favoreció una cifra más acorde a la demanda de los sindicatos, que se situaba en el 5%. Ya lo anunció el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el lunes, causando un gran enfado entre los empresarios: si se borraban del pacto, la revalorización sería mayor.

El propio Pérez Rey ha sido el encargado de anunciar a primera hora de la mañana de este viernes la subida del 5%, que el Gobierno aprobará por real decreto —es su prerrogativa exclusiva tras consultar a los agentes sociales, según establece el Estatuto de los Trabajadores— y tendrá efectos retroactivos a 1 de enero de este año. Es decir, se aplicará desde la nómina de enero. A diferencia del subsidio, cuya negociación con los agentes sociales se retomará la semana que viene —así lo ha anunciado Pérez Rey—, esta vez no habrá sorpresas parlamentarias: la norma no tiene carácter de ley, por lo que no se debe someter a la convalidación del Congreso de los Diputados.

Gracias al acuerdo de este viernes, que será llevado al Consejo de Ministros tan pronto como finalice la audiencia pública del decreto, los sindicatos han conseguido elevar el SMI hasta los 1.134 euros brutos anuales en 14 pagas, 54 por encima de los 1.080 en que se situaba en la actualidad. En el conjunto del año, llegará a 15.876 euros, 756 más. Según los cálculos del Ministerio de Trabajo, en torno a 2,5 millones de personas se verán beneficiadas, aunque el gabinete de estudios de CCOO reduce la cifra a 2,3 millones. De ellos, el 56% son mujeres, según ha calculado la central a partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

La discusión sobre el 60%

A principios del año pasado, el Gobierno ya pactó, solo con los sindicatos, una subida del SMI del 8% para 2023. Su compromiso para esta legislatura es fijar, por ley, que siempre sea equivalente al 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea. El ministerio de Díaz ya dio por cumplida esa meta con las alzas que se habían sucedido desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa (un 47%), y por eso, en esta ocasión, prescindió del comité de expertos que había designado la propia vicepresidenta segunda para calcular esa cifra.

Sin embargo, UGT no da por acabada la partida, ni siquiera después de que el SMI haya subido más que la inflación media de 2023 (un 3,55%) o los convenios colectivos con efectos en este año (un 3,43%). El secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, recordó este jueves que la central considera que el montante actual debería superar los 1.200 euros para llegar a ese 60%, por lo que seguirá presionando para que continúen las alzas por encima de las que registre el salario medio cada año. "No hemos llegado al 60%", ha reiterado este viernes el negociador del sindicato, Fernando Luján. Por el contrario, Comisiones Obreras sí da por hecha la consecución de ese meta. "Estamos en los márgenes del 60% del salario medio", remarcó a la salida de la reunión su negociadora, Mari Cruz Vicente.

Sindicatos y Gobierno negociarán una revisión del Estatuto de los Trabajadores para garantizar que las empresas no absorban las subidas

Para acabar con las discusiones metodológicas, los sindicatos han pactado con el Gobierno abordar la adaptación de la legislación española a la directiva europea de salarios mínimos, a través de su transposición. Además, UGT y CCOO explorarán con el Ejecutivo la revisión del Estatuto de los Trabajadores para garantizar que las empresas no absorban las subidas a través de los pluses que cobran los empleados. Esta situación es especialmente grave en Canarias, Ceuta o Melilla, donde existen complementos de insularidad.

Los sindicatos también han pedido a los ministerios de Economía y Hacienda que convoquen una mesa para abordar la reforma de las leyes de contratos públicos y de desindexación, que impiden que las cuantías de las concesiones se adapten a las revalorizaciones del salario mínimo. Según denunció Luján, esto está provocando situaciones como la de los trabajadores de una contrata de limpieza en Valencia, que viven de la ayuda de Cáritas ante la imposibilidad de la compañía a hacer frente a los salarios a causa de las subidas del SMI.

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Esta reivindicación, que constituía una línea roja para la CEOE, ya fue trasladada por Trabajo a sus compañeros en el Consejo de Ministros. La negativa de la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, a abordarla, debido a su coste para el erario público en plena recuperación de las reglas fiscales europeas, dio al traste con el apoyo de la patronal a la revalorización. Los sindicatos también piden al Gobierno que aborde en una mesa la situación del salario mínimo en el sector agrario, para el que la CEOE pedía bonificaciones que permitiesen hacer frente a las subidas aprobadas por el Gobierno.

La CEOE denuncia "arbitrariedad"

El no del Ejecutivo a discutir ambas demandas ha dejado a la patronal fuera del acuerdo, entre acusaciones de "chantaje" al Ministerio de Trabajo por lo que consideraron una amenaza de Pérez Rey, que finalmente se ha cumplido. Los empresarios tampoco se sumaron a las subidas del SMI de 2022 y 2021, pactadas entre Díaz y los sindicatos, pero sí sellaron con ellos el incremento de 2020. "Lamento mucho la actitud de la patronal española, ha priorizado intereses que no tienen nada que ver con la defensa de nuestro país a llegar a un acuerdo", le ha recriminado Díaz este viernes.

La patronal ha respondido en un nuevo comunicado, con la misma línea dura que los anteriores, en que lamenta el "escaso esfuerzo" del Gobierno para llegar a un acuerdo y denuncia la "arbitrariedad" del Ejecutivo, "que solo viene a incrementar la incertidumbre y la falta de confianza que ya percibimos en la economía, en los mercados y en los inversores". "Durante la negociación hemos asistido a un hecho insólito. Se ha tratado de plantear la subida del SMI en términos de premio o castigo a la adhesión o rechazo de los empresarios al acuerdo, lejos de adoptarla en función de criterios técnicos, tal y como indica la ley", critican los empresarios.

En línea con las advertencias del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, la patronal añade que los indicadores de inversión se están deteriorando por la falta de confianza, y advierten de los posibles efectos de segunda ronda que se podrían derivar de un aumento de los salarios por encima de la productividad, retroalimentando la espiral inflacionista. La CEOE llega a afirmar que la subida del SMI puede llevar a pérdidas, "incluso a la quiebra", de muchas empresas "de determinados sectores y territorios, con especial afectación a pymes y autónomos".