El no de Montero a revisar los contratos públicos dificulta el acuerdo para subir el SMI

Las discusiones sobre la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024 siguen en el mismo punto que la semana pasada. La segunda reunión entre el Gobierno y los agentes sociales se ha saldado sin acuerdo. Pero al menos el Ejecutivo, que es quien tiene la competencia de subirlo a través de un real decreto, ya ha realizado su propuesta formal: una revalorización del 4% para el año que viene, en línea con lo que había dejado entrever durante los últimos días. De llevarse a cabo, el salario mínimo pasaría de los 1.080 euros en 14 pagas a 1.123, aunque la posición de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dificulta el pacto.

Según fuentes citadas por Europa Press, el ministerio dirigido por Yolanda Díaz ha aceptado estudiar una bonificación en las cuotas de la Seguridad Social —la patronal pide que sea de un 20%— para el sector agrario y apoya indexar los contratos públicos a la revalorización del SMI, que eran las dos condiciones que establecían los empresarios para aceptar las subidas.

En este último punto se halla, precisamente, la clave que atasca la negociación: la revisión de los contratos públicos depende de otros ministerios, especialmente Hacienda, en manos de la socialista Montero, por lo que la disposición de Díaz (Sumar) a respaldar la reivindicación de la patronal no se puede dar por extendida al conjunto del Gobierno. Al contrario, la flamante vicepresidenta cuarta y número dos del PSOE se opone, lo que entorpece el acuerdo.

Hasta ahora, Montero no se había pronunciado, pero este lunes ha sido muy clara a la salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera: "La subida del SMI no puede ser a costa de la propia recaudación. Indexación significa que ahora pagaríamos más por esos servicios para llegar a un acuerdo en el SMI. No puede ser a costa de que lo pague el Estado". La escasa disposición de Hacienda está muy condicionada por el mayor esfuerzo para las arcas públicas que supondría la exigencia de la patronal, en plena recuperación de las reglas fiscales europeas el año que viene.

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La propia ministra de Trabajo se ha ofrecido a mediar: "No somos competentes en esta materia, pero estamos dispuestos a trasladar esta petición a los ministerios competentes". Como siempre, la última palabra la tendrá el presidente Pedro Sánchez.

En cualquier caso, la CEOE ha encontrado en la indexación una magnífica excusa para desmarcarse del acuerdo, si al final no se produce. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando el posible cambio en la Moncloa la llevó incluso a no participar en la mesa de negociación, esta vez los empresarios quieren mostrar su voluntad de pacto con el nuevo Ejecutivo. También los sindicatos, que están dispuestos a rebajar sus expectativas en aras de un acuerdo tripartito: sería el primero sobre el SMI desde 2020.

Ambas centrales están en contra de las bonificaciones para el sector agrario, pero apoyan la reivindicación de indexar los contratos públicos, aunque no la consideran prioritaria ni creen que deba condicionar la negociación. No se fían, por tanto, de la voluntad real de la CEOE para participar en el pacto. Los empresarios mantienen la indexación como una condición sine qua non para llegar a un compromiso, por lo que el escollo cada vez se antoja mayor tras la negativa de Montero. "Es evidente", ha respondido este lunes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a la pregunta de si la posición de la ministra de Hacienda dificulta el acuerdo.

Los sindicatos quieren más

A la espera de lo que ocurra finalmente con la indexación, el debate numérico no parece, esta vez, el principal problema. El 4% de Trabajo no solo va en línea con la propuesta de la patronal, sino que no se aleja demasiado de las demandas de los sindicatos. De momento, eso sí, a las centrales les parece insuficiente.

El ministerio de Trabajo justifica la cifra a partir de la propuesta de la propia patronal (3%), a la que quiere sumar al pacto. Los empresarios piden que el SMI se revalorice con base en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en mayo con los sindicatos y que sirve de referencia para las actualizaciones de los convenios colectivos. Este texto contempla una revalorización salarial para 2024 del 3%, pero con una cláusula de revisión que añade un punto más si la inflación interanual acaba el año por encima del 3%, una posibilidad muy plausible a la vista de las previsiones de los principales organismos internacionales.

Comisiones Obreras pide una revalorización del 5%, al considerar que las dos referencias que, además de la propuesta de la CEOE, usa el Gobierno para justificar su posición negociadora no bastan para mantener el poder adquisitivo. Son la inflación media anual entre diciembre del año pasado y noviembre de este año (que se emplea para revalorizar las pensiones), del 3,8%, y la actualización de los convenios colectivos con efectos en 2023 (está previsto que termine el año en el 3,6%). Según CCOO, los precios de los productos básicos, que han subido mucho más (en el caso de los alimentos, por encima del 9%), constituyen una mejor referencia, ya que afectan en mayor medida a los perceptores del SMI, de ahí que haya que hacer un esfuerzo extra más allá del dato de inflación interanual.

UGT no ha propuesto una cifra concreta, aunque este lunes su negociador, Fernando Luján, ha dejado entrever que el 4% del Ejecutivo se queda corto: "Esta es la propuesta de la patronal. Tres más uno suman cuatro". "Queremos saber si la patronal es coherente con lo que pide. Queremos asegurarnos de que a lo largo de esta legislatura se llega al 60% del salario medio, que nosotros hemos fijado en 1.200 euros", ha añadido Luján, en referencia a la recomendación de la Carta Social Europea. El Gobierno ya la da por alcanzada durante la pasada legislatura, y por eso esta vez no ha basado su propuesta en el comité de expertos designado a tal efecto.

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El representante de UGT ha dejado claro que, si finalmente la patronal se sale del acuerdo, serán mucho más exigentes con la cuantía. Y la negociadora de Comisiones Obreras, Mari Cruz Vicente, ha recordado que la última palabra la tiene el Ejecutivo: si no hay acuerdo antes del 31 de diciembre, siempre se puede subir el SMI con carácter retroactivo, como ocurrió el año pasado. Entonces, la patronal no estuvo en la foto; ahora, Díaz la busca, y los sindicatos todavía confían en que haya un pacto pronto. La llave, esta vez, la tiene Montero, pero la ministra de Hacienda parece dispuesta a esconderla en la caja fuerte de la tesorería nacional.