Trabajo concluye que el SMI ya alcanza el 60% del salario medio y relega a los expertos

Ahora que las disputas entre dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, vuelve a estar a flor de piel por la reforma del subsidio asistencial de desempleo, la segunda canta una victoria que se ha cocinado durante tres años: según fuentes del Ministerio de Trabajo, la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional no tendrá, a partir de ahora, ningún papel en las revalorizaciones del SMI.

Ya no hace falta. Trabajo da por hecho que el sueldo más bajo que puede recibir legalmente un trabajador a jornada completa —actualmente se sitúa en 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas— equivale al 60% del salario medio neto (limpio de impuestos y cotizaciones), como recomienda, según el argumentario oficial, la Carta Social Europea firmada por España. En realidad, es el Comité Europeo de Derechos Sociales, un órgano del Consejo de Europa, el que, en su interpretación de este tratado, considera que esta cifra es la que respeta “el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”, como estipula el artículo cuarto del texto.

Más allá de la vaporosidad de la definición, lo cierto es que Díaz considera que uno de sus grandes compromisos políticos como titular de Trabajo ya se ha cumplido. Los sindicatos discrepan, por una razón metodológica a la hora de calcular ese 60%. Pero el ministerio ha decidido dar una patada hacia adelante y quitar la voz a los mismos expertos que designó en enero de 2021. El objetivo entonces era establecer una estrategia para alcanzar esa cifra a lo largo de la pasada legislatura. Y, no menos importante, ganar argumentos frente a Calviño, siempre muy escéptica con las revalorizaciones por el posible impacto sobre el empleo, que también fue fuente de controversia durante los últimos años a través de un intenso cruce de informes de diferentes organismos.

Los 14 expertos, entre los que se encuentran catedráticos, representantes sindicales y empresariales o cargos de los ministerios de Trabajo, Economía y Hacienda, servían a la vicepresidenta segunda como aval para su estrategia, y también como parapeto de las críticas, en un momento de fuertes tensiones en el Gobierno sobre la revalorización del SMI. De hecho, la creación del comité se produjo apenas unas semanas después de que, en diciembre de 2020, Díaz perdiese su primera gran batalla contra Calviño, que consiguió congelar el salario mínimo para 2021: entonces ascendía a 950 euros mensuales.

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Desde ese momento, la hoja de ruta del comité, que presentó el primero de sus tres informes en junio de ese año, se ha ido cumpliendo con creces. Incluso se ha sobrepasado. En septiembre de 2021, el SMI subió 15 euros (los expertos sugerían entre 12 y 19); para 2022, 35 euros (los sabios proponían entre 24 y 40), y para 2023, 80 euros, frente al intervalo de entre 25 y 40 que había esbozado la comisión cuando se creó y en el rango alto del último informe que emitió, en diciembre del año pasado. Entonces, las fricciones entre los representantes de Economía y Trabajo dieron lugar a una propuesta con un intervalo amplísimo, pero Sánchez decidió y Díaz se salió con la suya: entre los 1.046 y los 1.082 que estaban sobre la mesa, el SMI acabó en 1.080 euros.

Objetivo cumplido, según PSOE y Sumar

La cifra resultó muy superior a la que los expertos habían determinado en su primer informe como el 60% del salario medio (1.011-1.049 euros), ya que nadie se esperaba, aún durante los últimos coletazos de la pandemia, que la inflación se fuese a disparar durante este tiempo. Aunque el salario medio no lo hizo en la misma medida, la espiral de precios propició subidas generosas del SMI, especialmente este año (8%). Con el aval de los expertos, Trabajo vendió la actualización de 2023 como la consecución del objetivo que se había propuesto al principio de la legislatura.

Así se da por hecho en los programas del PSOE y Sumar para las elecciones del pasado 23 de julio, y en el acuerdo de gobierno entre ambas formaciones. El verbo elegido es acompasar las subidas al 60% del salario medio, no llevarlas a esa cifra, como ocurría en la pasada legislatura. Incluso se promete una reforma del Estatuto de los Trabajadores para consagrar ese umbral por ley, de tal manera que, sea cual sea el Gobierno, el SMI siempre ascienda a un mínimo del 60% del salario medio.

La comisión asesora ya no sirve a los objetivos de Díaz, que en las negociaciones para la subida de 2024 ha renunciado a encargarle un informe

Según fuentes del Ministerio de Trabajo, garantizarlo resulta, por fin, muy sencillo: basta coger la revalorización anual del salario medio y aplicársela al salario mínimo. Si este ya está en un 60% del primero, ¿por qué seguir encargándole cada año al comité de expertos el diseño de una senda para lograr un objetivo que ya se ha cumplido?

Las dos condiciones de Díaz

La comisión asesora ya no sirve a los objetivos de Díaz, que de cara a las negociaciones para el año que viene que se desarrollan estos días ha renunciado a pedir un informe a los expertos. Ni siquiera ha puesto una cifra concreta de revalorización sobre la mesa, según las fuentes consultadas. Pese a que la última palabra la tiene el ministerio, que aprueba las actualizaciones por real decreto, la vicepresidenta segunda prefiere que sean los agentes sociales quienes la acuerden. Sin embargo, de sus declaraciones públicas y las explicaciones que se ofrecen desde el Ministerio de Trabajo se coligen dos condiciones.

La primera es que la subida debe garantizar el poder adquisitivo, tal y como figura en el programa de Sumar. Esto equivale a un incremento de al menos el 3,8%, equivalente, si se aplica el mismo criterio que con las pensiones, a la inflación media anual entre diciembre del año pasado y noviembre de este año. La segunda es la de mantener el umbral del 60% del salario medio. A falta de conocer cuánto subió este último indicador en 2023, para lo que habrá que esperar a la Encuesta de estructura salarial que se publicará en junio, desde Trabajo aseguran que la revalorización media de los convenios colectivos con efectos para este año podría ser una buena referencia: hasta octubre, se situaba en el 3,46%, y está previsto que acabe el año en torno al 3,6%.

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Ambas cifras se encuentran en un punto intermedio entre la propuesta de la patronal CEOE (3%) y la que defienden los sindicatos, que Comisiones Obreras ya ha explicitado (5%). El margen para el acuerdo parece más sencillo que otras veces, y desde Trabajo consideran que puede producirse en el entorno del 4%. Fernando Luján, negociador de UGT, también se muestra optimista, y asegura que su sindicato será generoso en aras del primer pacto tripartito (empresarios, centrales y Gobierno) en este ámbito desde 2020. Sin embargo, si la CEOE se cae, asegura, serán mucho más exigentes.

Los sindicatos nunca han avalado la versión del Gobierno de que la meta del 60% ya se ha conseguido y, aunque valoran el esfuerzo de los últimos años (el SMI pasó de 900 euros a 1.080 durante la pasada legislatura), no se fían de los cálculos del Ejecutivo. De hecho, Comisiones Obreras llegó a pedir que en el Estatuto de los Trabajadores se incluyese el método para el cálculo de ese 60%, algo que el ministerio descarta. UGT, mucho más beligerante, considera que equivale a 1.200 euros. Luján reconoce que su sindicato ha llegado a valorar un recurso ante al Comité Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para asegurarse que el Gobierno cumple la Carta Social Europea. Sin embargo, matiza que se trata de un objetivo a largo plazo: lo importante, ahora, es consolidar una senda ascendente que vaya aproximando el salario mínimo a la recomendación internacional.

El Gobierno, en cambio, da por cumplida la meta, y esta vez se ha mojado menos que nunca. Los expertos ya no le son útiles a Díaz en su batalla contra Calviño, que ahora se dirime en otros escenarios. Para maquillar la degradación en las responsabilidades de la comisión, Trabajo la convertirá en un órgano permanente para estudiar el impacto de las subidas del SMI en los salarios, la igualdad o la sostenibilidad de las empresas. Los números quedan a la discrecionalidad de los agentes sociales y, en última instancia, del Gobierno. Así había sido siempre, hasta que en la pasada legislatura emergió una disputa entre dos vicepresidentas que afronta, por fin, sus últimos episodios.