Los sindicatos no se fían del futuro Gobierno y buscan garantías para atar las alzas del SMI

La maquinaria para negociar la revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024 no se pondrá en marcha hasta que un candidato triunfe en su sesión de investidura. Así lo dan por hecho tanto el Gobierno en funciones como los sindicatos, que afrontan este inicio de curso en standby. Sin embargo, tanto las centrales como el actual Ministerio de Trabajo —que presiona para adquirir las competencias de Seguridad Social si Pedro Sánchez repite en la Moncloa, según adelantó la semana pasada este periódico— asumen que para el año que viene habrá una nueva subida. La cuestión es de cuánto. Y ahí los representantes de los trabajadores no las tienen todas consigo.

A la espera de conocer quién se llevará el gato al agua y cuándo, Comisiones Obreras y UGT no se fían del futuro Gobierno y preparan el terreno para la próxima negociación en busca de garantías que aseguren un alza del salario mínimo acorde con sus reivindicaciones. Los sindicatos han marcado estos días sus líneas rojas, conscientes de que aún existe una posibilidad de que la derecha se haga con el poder tras una eventual repetición electoral, pero, sobre todo, de que las divergencias entre las dos almas económicas del Ejecutivo, representadas hasta ahora por Nadia Calviño y Yolanda Díaz, persistirán si renueva la izquierda.

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Las centrales quieren evitar que una nueva disputa entre la vicepresidenta económica y ministra de Economía —o quien la sustituya, si finalmente se hace con la presidencia del Banco Europeo de Inversiones— y la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo ponga en riesgo el cumplimiento de la Carta Social Europea, firmada por el Gobierno español en 2021, y que recomienda que el SMI se sitúe en el 60% del salario medio. En la retina, el enfrentamiento por la revalorización de este año, cuando la primera quería adoptar el límite inferior (4,6%) del rango recomendado por los expertos gubernamentales, en línea con lo que pedía la patronal CEOE, y la segunda apostaba por el superior (8,2%). Finalmente, las tesis de Trabajo triunfaron, y los empresarios se quedaron fuera de un acuerdo satisfactorio para los sindicatos.

Comisiones y UGT rechazan esta discrecionalidad, que en cualquier momento se les puede volver en contra, y plantean diferentes mecanismos, previos o posteriores a la decisión gubernamental, que garanticen un salario mínimo de, al menos, el 60% del salario medio durante los próximos años. Una vez conseguido lo más difícil, una espectacular subida del 47% desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, los sindicatos quieren certezas de que el futuro Ejecutivo continuará la senda alcista, incluso en un escenario de moderación de la inflación y en el que, según el discurso oficial, el millón y medio de españoles que cobra el SMI ya recibe el 60% del salario medio.

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Para evitar que, en el futuro, los gobiernos se sigan escudando en una controversia técnica para dirimir una decisión eminentemente política, CCOO propone establecer por ley no solo el porcentaje, sino también el método para calcular la cifra absoluta. Es decir, una revalorización automática, como sucede con las pensiones, pero en este caso no para garantizar el poder adquisitivo, sino un nivel mínimo del SMI en relación con el salario medio del país.

El movimiento condicionaría por completo las políticas del Gobierno, que en todo caso podría subir la cifra por encima de esa cuota, pero nunca mantenerla por debajo. Esto evitaría, de facto, las congelaciones del salario mínimo, salvo que hubiese una devaluación salarial generalizada en el país, como ocurrió, excepcionalmente, durante parte de la Gran Recesión de la década pasada.

Sin embargo, la propuesta presentada este miércoles por el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, no se puede llevar a la práctica de forma automática. Para hacerlo, sería necesario reformar el Estatuto de los Trabajadores, por lo que el nuevo Gobierno necesitaría el aval del Congreso de los Diputados. No hay que olvidar que, según el artículo 27 de esa ley, la potestad de fijar el SMI corresponde exclusivamente al Ejecutivo, "previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas".

UGT demandará al Comité de Derechos Humanos que se cumpla la Carta Social Europea, aunque la resolución se podría demorar

El texto establece cuatro elementos que debe tener en cuenta (el índice de precios de consumo, la productividad media, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general), pero deja que tome la decisión de forma discrecional, sin ningún tipo de referencia. Según aclaró Sordo este miércoles a preguntas de El Confidencial, la revalorización mínima quedaría indexada al 60% del salario medio que arrojase la fórmula de cálculo pactada por los agentes sociales, al que se le podrían sumar otros factores correctores, como la incidencia desigual de la inflación en los diferentes niveles de renta. A partir de ese umbral, el Ejecutivo mantendría su margen de maniobra.

Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT y negociador de la última revalorización del SMI, considera acertado establecer un método de cálculo consensuado, aunque recuerda que para garantizar que el SMI se sitúe en el 60% del salario medio no hace falta cambiar la ley. Solo cumplirla. "Como ley, ya está, en tanto en cuanto está contemplado en la Carta Social Europea, que es un tratado internacional ratificado por España y publicado en el Boletín Oficial del Estado", asegura.

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La estrategia de su sindicato es dar la batalla en Estrasburgo para asegurar que se cumpla el tratado del Consejo de Europa. En caso de que el próximo Gobierno no suba el salario mínimo a 1.200 euros —el cálculo que, según UGT, asegura llegar al 60% del salario medio—, el sindicato presentará una demanda ante el Comité Europeo de Derechos Humanos. Aunque este organismo no tiene capacidad para obligar a ningún Estado a adoptar sus resoluciones, un pronunciamiento negativo tendría un impacto notable para forzar al Gobierno, sea cual sea, a adoptar la subida propuesta por UGT, y desacreditaría los cálculos del Ejecutivo actual, que presume de haber conseguido ya el porcentaje tras la subida del año pasado, que elevó el SMI a 1.080 euros brutos en 14 pagas.

UGT ya presentó una queja similar en marzo de 2022 por lo que considera una vulneración del derecho a una compensación justa en caso de despido improcedente, introducida en la reforma laboral del PP. La reclamación fue admitida a trámite por el comité, y en el sindicato dan por hecho que les dará la razón, pero la resolución podría demorarse hasta 2025, según publicó El Mundo. De seguir el mismo camino, la demanda por el salario mínimo quedaría desdibujada.

En cualquier caso, la amenaza de acudir a una institución internacional marca una senda para el Gobierno que salga de la investidura (o de la repetición electoral). Es la misma que dibuja la propuesta de Comisiones Obreras: los sindicatos quieren garantías, previas o posteriores, de que el salario mínimo será de al menos un 60% del salario medio durante los próximos años, medido con cálculos transparentes y avalados normativamente. El experimento de los expertos podría morir con este Ejecutivo.