Yolanda Díaz y el falso mito de la semana laboral de 40 horas

No deja de sorprender que en el punto tres del programa electoral de Sumar se diga textualmente: "Reordenaremos el tiempo de trabajo, incluyendo la reducción y la distribución de la jornada laboral, pero sin reducción de salario. En 2024 se establecerá por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas y se abrirá un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta alcanzar las 32 horas semanales".

Lo sorprendente no es, desde luego, la medida, sin duda bien intencionada. Lo singular es que hoy la semana laboral —un concepto más propio que la jornada laboral— es ya, en la práctica, sensiblemente inferior a lo que reclaman Sumar y, en particular, Íñigo Errejón, que es el líder político más activo en esta cuestión. Algunos cálculos pueden ayudar a dar luz sobre el falso mito de que hoy la jornada efectiva (otra cosa es la legal) se sitúa en 40 horas semanales.

Es verdad que el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores deja claro que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo "será de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual". Pero también es cierto que en la práctica la negociación colectiva ha convertido en papel mojado esa previsión legal. La realidad es que, según la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, un órgano dependiente del Ministerio de Trabajo, la jornada anual se situó el año pasado en 1.740,6 horas de trabajo.

Eso quiere decir que, excluyendo sábados y domingos y los días festivos (14, como regla general), en España, y siempre a jornada completa, se trabajan, como media, 7,04 horas al día, al menos formalmente. Si se suman también los 30 días reglamentarios de vacaciones, el resultado es, efectivamente, que se trabajan 8,02 horas cada día.

Hay, sin embargo, una matización, y no es precisamente insignificante. Se da por hecho que todos los trabajadores cumplen una jornada laboral ordinaria, pero no es el caso. Lo que dice la EPA, en concreto, es que 2,8 millones de trabajadores —que también están amparados por un convenio colectivo— son ocupados a tiempo parcial. La tasa de parcialidad de la economía, de hecho, se sitúa hoy en el 13,7% de la población activa. Es decir, aproximadamente uno de cada siete trabajadores está ocupado por debajo de la jornada ordinaria y, lo que no es menos relevante, para la gran mayoría se trata de empleo no deseado, ya que a los asalariados les gustaría trabajar más horas.

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Por debajo del objetivo

No es de extrañar que en las estadísticas que maneja el Banco de España —este es un informe muy reciente—, en las últimas décadas, la jornada semanal del trabajador medio a tiempo completo se haya reducido en casi cuatro horas entre 1987 y 2019, según la Encuesta de Población Activa. En concreto, ha pasado de 38 a 34,3 horas. Por su parte, la jornada del trabajador a tiempo parcial se ha mantenido por debajo de la mitad de la jornada completa (en torno a las 17 horas). Eso quiere decir que, en la práctica, y no por voluntad propia, muchos trabajadores están ya por debajo del objetivo de 37,5 horas planteado en el programa de Sumar.

Ello se debe, lógicamente, a la explosión del trabajo parcial, que era casi marginal hace no demasiadas décadas y hoy ocupa un papel significativo, en particular en el caso de las mujeres, que representan dos de cada tres trabajadores a tiempo parcial.

Existen casos muy llamativos. En algunos convenios muy representativos, toda vez que la fuerza sindical es mayor, como el de banca, la jornada anual es incluso menor. En este caso, la jornada máxima de trabajo para el sector, en cómputo anual, se sitúa en 1.700 horas. En esta cifra, están computados como de trabajo efectivo los 15 minutos diarios de descanso obligatorio. El convenio de una empresa como Iberdrola, en la misma línea, sitúa la jornada media teórica anual para todas sus empresas en 1.670 horas durante 220 jornadas de trabajo, mientras que en Telefónica lo pactado con carácter general son 37,5 horas semanales. También en el convenio del personal laboral del Estado se especifica que la duración máxima de la jornada general de trabajo será de 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.642 horas anuales.

Lo legal, sin embargo, no tiene por qué coincidir con lo real, y la realidad es que, diga lo que diga la ley, muchos ocupados —asalariados y no asalariados— echan en su empresa bastantes más horas de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. La última Encuesta de Población Activa (EPA), por ejemplo, muestra que casi la mitad de los 20,4 millones de ocupados (9,1 millones) trabaja realmente entre 40 y 49 horas a la semana, independientemente de que las horas extraordinarias (que es lo legal) sean o no retribuidas.

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Ahora bien, en media por trabajador, lo que sale de la EPA es que el número de horas trabajadas habitualmente se sitúa en 37,6 horas semanales. Es decir, en línea con la propuesta que ha hecho Sumar en su programa electoral. Pero si el resultado se circunscribe al tiempo que dedican los asalariados a su empresa, la semana laboral en el sector privado se reduce a 36,6 horas, mientras que en el público baja hasta las 36,3 horas a la semana.

Un último dato lo acredita, también a la luz de la Encuesta de Población Activa. El empleo ha crecido desde 2019, antes de la pandemia, un 2,4%, pero las horas trabajadas han descendido un 1,2%. Más ocupados y menos tiempo de trabajo. Son los datos, que diría la vicepresidenta y ministra de Trabajo.