¿El fin del IPREM? El indicador para calcular las ayudas sube 4 veces menos que el SMI

En 2004, el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero inició una ambiciosa política de subida del salario mínimo interprofesional. Solo en su primera legislatura, se disparó un 30%, más de lo que lo revalorizó la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en sus primeros cuatro años al frente del departamento (un 20%). Sin embargo, aquellas alzas, como las de ahora, tenían truco: aunque el Ejecutivo se apunta el tanto —es el único responsable de su fijación, previa consulta a los agentes sociales, según establece el Estatuto de los Trabajadores—, el coste lo asumen los empresarios, que son quienes pagan los sueldos. El diseño del sistema incentiva a que los Gobiernos suban el SMI, ya que el beneficio resulta muy alto y los costes, muy bajos (la destrucción de empleo que genera, muy difícil de cuantificar, siempre se puede atribuir a otras causas). Pero no siempre fue así.

Hasta que Zapatero llegó a la Moncloa, incrementar el salario mínimo suponía un elevado esfuerzo para las arcas públicas. De él dependía el cálculo de algunas prestaciones sociales no contributivas, como, por ejemplo, la ayuda asistencial de desempleo, que ha estado de actualidad durante las últimas semanas por la reforma impulsada por Díaz y frustrada por Podemos. El Gobierno socialista decidió entonces crear el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, más conocido como IPREM, como referencia para este tipo de subsidios. Así podía subir el SMI tanto como quisiera sin que le costase nada. Y así lo han hecho todos los gobiernos, especialmente los socialistas, a partir de 2004.

En ese año, cuando se creó el IPREM, tanto este indicador como el salario mínimo se situaban en 460,5 euros mensuales, en 14 pagas. Ahora, el primero asciende a 600 euros y el segundo a 1.134, tras la actualización para 2024, acordada este viernes entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Desde que separaron sus caminos, el IPREM se ha incrementado un 30%, mientras que el SMI se ha disparado un 134%, sin contar con la revalorización de este año (el IPREM todavía está a tiempo de subir, por lo que no sería correcto tenerla en cuenta). Dicho de otro modo: en las últimas dos décadas, el indicador para calcular las ayudas públicas ha subido cuatro veces menos que el sueldo más bajo que puede percibir un trabajador a jornada completa.

¿Tiene sentido que siga siendo así? El sindicato UGT considera que no. Este jueves, su secretario general, Pepe Álvarez, lanzó una propuesta novedosa: acabar con el IPREM y sustituirlo por el indicador de umbral de riesgo de pobreza, que calcula cada año el Instituto Nacional de Estadística (INE). Puede parecer una boutade, pero no lo es: actualmente, ya se emplea esta referencia para la senda de revalorización de las pensiones mínimas y no contributivas, por ejemplo. La reforma impulsada por el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá dictaminó que estas deben llegar al umbral de pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos en 2027. A su vez, el ingreso mínimo vital usa como referencia las pensiones no contributivas, por lo que también depende de este indicador.

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Actualmente, el umbral de riesgo de pobreza se sitúa en 10.088 euros anuales para un hogar unipersonal. Es decir, que, si se prorratea entre 14 pagas, ascendería a 720,5 euros al mes, frente a los 600 del IPREM. Es un 20% más. Usarlo como referencia aumentaría las cuantías para los subsidios: si el umbral de riesgo de pobreza está más alto que el IPREM, significa que, a partir de ahora, las prestaciones que se calculan con ese dato serían más elevadas.

El mejor ejemplo es el del subsidio asistencial de desempleo. Según la reforma acordada por el Gobierno, que volverá a negociarse con los agentes sociales después de haber sido tumbada por Podemos en el Congreso, las cuantías que recibirían sus perceptores son las siguientes: el 95% del IPREM durante los primeros seis meses, el 90% del IPREM los siguientes seis y el 80% del IPREM desde el mes 13 hasta el fin de la ayuda. Con el indicador actual, las cantidades mensuales a percibir serían 570, 540 y 480 euros, respectivamente.

Sin embargo, si se utilizase el último indicador de pobreza calculado por el INE, que corresponde a 2022, y se mantuviesen los porcentajes, las cuantías se incrementarían el 20% referido anteriormente, hasta los 684, 648 y 576 euros. En otras palabras: la paga más pequeña, usando como referencia el umbral de riesgo de pobreza, sería más elevada que la paga más grande tras hacer los cálculos a partir del IPREM.

Pero el argumento de UGT para pedir el final del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples no es el de una subida instantánea. Al fin y al cabo, si se cambiase la referencia para el cálculo del subsidio, el Gobierno podría decidir en compensación disminuir los porcentajes —siempre que sacase adelante la reforma en el Congreso, claro está—, de tal forma que la cuantía final quedase inalterada. Para el sindicato, se trata de todo lo contrario: poner fin a la arbitrariedad que determina la actualización de las ayudas públicas.

Como en el caso del salario mínimo, la decisión de subir o no el IPREM es una prerrogativa exclusiva del Gobierno, que no viene marcada por ningún cálculo previo. Pero, como los datos de las últimas dos décadas demuestran, el Ejecutivo no se lo ha tomado muy en serio, consciente de que, en este caso, cualquier alza corre a cargo del erario público. Además, la fijación del IPREM no se tiene por qué negociar con los agentes sociales, como el SMI, ni es el Ministerio de Trabajo, teóricamente más proclive a las demandas de los beneficiarios de las ayudas, el que lleva la voz cantante. Todo lo contrario: Hacienda, el departamento encargado de velar por el erario público, es quien controla el proceso a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Acabar con la arbitrariedad

Con el objetivo de evitar situaciones como las de la Gran Recesión de la década pasada, cuando el IPREM estuvo prácticamente congelado para ayudar a cuadrar las cuentas —solo subió cinco euros entre 2010 y 2020, frente al alza de más de 300 del salario mínimo—, el sindicato dirigido por Pepe Álvarez propone que se emplee una referencia objetiva y calculada por un organismo independiente (al menos en teoría). El umbral de riesgo de pobreza no es arbitrario, como el IPREM o el propio SMI, sino que se actualiza automáticamente cada año como el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo, a partir de los datos que arroja la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

La propuesta pretende, por tanto, quitarle al Gobierno la potestad de decidir discrecionalmente cuánto sube o baja los subsidios públicos cada año, y los liga a un indicador objetivo referido al umbral a partir del que se considera que una unidad de consumo está en riesgo de pobreza, siempre en relación con la distribución de ingresos del conjunto la población.

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Más allá de la comparación odiosa entre la evolución del IPREM y la del salario mínimo, existe un hecho cierto: si lo que se pretende es que los subsidios públicos que se calculan a partir de este indicador garanticen unas condiciones dignas de subsistencia, hace años que se quedaron atrás. Desde 2008, el primer ejercicio de la serie histórica del INE, hasta 2022, el último, el umbral de riesgo de pobreza ha crecido un 20%. En el mismo período, el IPREM solo lo ha hecho un 12%.

Al contrario de lo que sucede con el SMI, la voluntad de los diferentes gobiernos, populares o socialistas, para revalorizar las prestaciones sociales ha sido más débil que la necesaria para mantener a sus perceptores alejados de la miseria. Esto hace suponer que, independientemente de que ahora mismo el indicador del INE sea más elevado que el IPREM, los beneficiarios de los subsidios también saldrían ganando a la larga con el cambio de referencia: las actualizaciones se prevén mayores, al menos mientras las rentas del conjunto de la población sigan creciendo.

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Sin embargo, también habría perdedores. Para recibir algunas ayudas públicas, como el bono social de la luz, por poner un ejemplo, los solicitantes no pueden tener unos ingresos superiores a un límite que se calcula a partir del IPREM. Si este fuese sustituido por un indicador más elevado, como el umbral de riesgo de pobreza, la consecuencia automática sería que algunos beneficiarios, especialmente de clases medias, podrían quedarse fuera de estas ayudas. Ese difícil equilibrio condicionará cualquier decisión que se tome al respecto. De momento, el debate está servido.