La Generalitat desmonta definitivamente el discurso de solidaridad del cupo vasco

El modelo fiscal propuesto esta semana por la Generalitat de Catalunya para gestionar sus impuestos ha tenido un damnificado inesperado: el discurso solidario vasco y navarro. Sin ser éste el objetivo de Esquerra Republicana, su envidia de los regímenes forales ha provocado que su propuesta sea una enmienda a la totalidad al discurso de los nacionalistas vascos. El principal socio político que tienen en España, los independentistas catalanes, les ha quitado la careta y ha dejado al descubierto una verdad que los expertos llevan años repitiendo: las dos comunidades autónomas no participan en la solidaridad territorial para la financiación de los servicios públicos en el conjunto de España.

Probablemente el discurso más transparente lo ha hecho Miquel Puig, uno de los principales cerebros económicos de ERC y actual secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos de la Generalitat, en esta tribuna publicada en El Confidencial. Puig apunta que la propuesta no tiene nada que ver con un cupo catalán, esa es "una visión demasiado simplista". El motivo es que Cataluña sí estaría dispuesta a participar en la financiación de los servicios públicos del resto del territorio.

Esto es, Cataluña sí participaría en un fondo para financiar los servicios públicos en las regiones con menor capacidad fiscal. Eso sí, sería una participación temporal y fuera del actual Fondo de Garantía, el principal fondo de financiación de los servicios públicos. Lo que pretenden en crear un fondo nuevo en el que sólo participaría la Generalitat para ser diferente del resto.

Pero más allá del nombre del fondo o la cuantía de la contribución catalana, lo importante de la propuesta es que la Generalitat asegura que su modelo sería diferente al vasco porque ellos sí están dispuestos a contribuir a la solidaridad territorial. "La propuesta contempla, además, una aportación a la financiación del resto de territorios que componen el Estado español", argumenta Puig, "se trata de una diferencia radical".

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En efecto, es una diferencia radical. Pero sorprende que sean el gobierno independentista catalán quien ponga negro sobre blanco que el País Vasco y Navarra no contribuyen a la solidaridad territorial. Se cae así el discurso tradicional del PNV de indignación cuando los expertos ponían en duda su contribución con números. Ni el Govern de Pere Aragonès ni ERC son sospechosos de querer atacar a los sistemas forales. Pero la desigualdad de trato que tienen el País Vasco y Navarra respecto del resto de regiones ricas es tan amplia que para Cataluña es difícil argumentar su encaje en el sistema de financiación sin referirse al trato tan diferente que existe.

La propuesta de la Generalitat ha generado un profundo malestar en las filas peneuvistas. El candidato de la formación a lehendakari, Imanol Pradales, ha exigido a Esquerra Republicana "respeto, porque nosotros respetamos que cualquier partido o el señor Aragonès plantee un sistema de financiación para Catalunya, pero no admitimos que se sugiera que somos insolidarios". El argumento del PNV es que la aportación que realiza el País Vasco en términos de competencias no asumidas sigue siendo del 6,24%, cuando el peso de la región en el total nacional se ha seguido reduciendo hasta el 4,6% en términos de población y al 5,9% en PIB.

Los números

Este argumento del PNV es cierto, pero no lo es menos que ni Euskadi ni Navarra participan en el Fondo de Garantía, que es el que permite un mínimo común de financiación de los servicios públicos entre territorios. Dicho de otro modo: no participa en el principal fondo que nivela los recursos entre territorios. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, aporta casi 5.000 millones de euros cada año a este fondo.

El Ministerio de Hacienda también ha revelado la situación en la que se encuentran los regímenes forales con la publicación de las cifras para el cálculo de las balanzas fiscales que ha publicado el Ministerio de Hacienda. Navarra y el País Vasco no participan en ninguno de los cuatro fondos principales de reparto: Garantía, Suficiencia, Cooperación y Competitividad.

Para los expertos, esta revelación de la Generalitat no es ninguna novedad. La comisión de expertos para la financiación autonómica nombrada por el Ministerio de Hacienda publicó en el año 2017 un libro blanco en el que ya apuntaba esta situación. Uno de esos expertos es Francisco Pérez, director del IVIE, que en una entrevista esta semana explicaba así la situación de los regímenes forales: "Las comunidades forales no participan de esos compromisos de solidaridad en la práctica, no porque el régimen foral lo impida, sino porque su concreción, en el cupo y en la contribución navarra, no los hacen realidad".

Para este experto, uno de los más reputados de España en financiación autonómica, las ventajas de los regímenes forales suponen una "referencia desestabilizadora". Es comprensible, porque Cataluña también tiene una capacidad recaudatoria superior a la media nacional (es una comunidad rica), pero los recursos que recibe del sistema de financiación están justo en la media nacional. Lo mismo que le ocurre a Madrid. Por el contrario, el País Vasco y Navarra tienen los recursos más altos del país.

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La excusa tradicional que han utilizado los políticos de Navarra y del País Vasco es que ellos eligieron defender su sistema foral propio durante la Transición, mientras que Cataluña quiso entrar en el Régimen Común. Este argumento es cierto, pero también lo es que la Constitución no determina que el País Vasco y Navarra no participen en la solidaridad territorial, esta situación se ha consolidado en las diferentes legislaciones que se han aprobado desde entonces. En otras palabras, la Constitución no determina que los regímenes forales no tienen que participar en la financiación de unos servicios públicos mínimos comunes en todo el territorio.

Ahora que Cataluña le ha quitado la careta de la solidaridad al País Vasco y Navarra, puede ser el momento de iniciar un debate, con números, sobre el sentido de las diferencias que existen en términos de financiación por habitante. Y si es necesario replantear su estatus en la próxima reforma de la financiación autonómica para facilitar el encaje de Cataluña en el sistema.