¿Maltrato fiscal a Cataluña? Por qué lo de la "deuda histórica" es un trampantojo

"Los individuos con más renta pagan más impuestos y eso no les da más derechos". Esta frase de Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos en las cuentas territoriales de España, debería ser motivo de reflexión en Cataluña y en toda España. También para quienes reclaman que el Estado tiene una “deuda histórica” de 450.000 millones de euros con Cataluña. El problema de este cálculo, más allá de la dudosa metodología, es que pretende confundir a los ciudadanos. Es un trampantojo para hacer creer a los ciudadanos que Cataluña paga impuestos y recibe servicios y prestaciones públicas. Quienes pagan impuestos y reciben servicios y prestaciones públicas son los ciudadanos.

Al igual que hacen algunos catalanes, cualquier grupo de ciudadanos puede unirse para reclamar más derechos públicos que el resto, pero eso no dará justificación a su demanda. Sobre todo si estos ciudadanos reclaman más derechos que el resto argumentando que pagan más impuestos. Imagínese que los médicos, los ingenieros aeronáuticos o los farmacéuticos con farmacia en propiedad se unen para denunciar una discriminación histórica entre lo que pagan de impuestos y lo que reciben.

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Los datos del reparto de los impuestos y las prestaciones públicas están disponibles. Los investigadores Jorge Onrubia, Julio Laborda y Carmen Marín llevan años elaborando un observatorio fiscal en el think tank Fedea, que es casi único en Europa, en el que se detalla la redistribución de la renta que hace el sector público en función de la renta, la edad o el estado civil, entre otros parámetros.

Por ejemplo, el 1% de más renta del país paga en impuestos algo más de un tercio de sus ingresos anuales, sin embargo, recibe en prestaciones y subsidios públicos menos de un 8% de su renta. Así, los hogares que ingresen medio millón de euros al año estarán perdiendo 140.000 euros cada año por la intervención del Estado. ¿Alguien se atrevería a afirmar que el Estado está adquiriendo una deuda con esas familias? ¿Sería aceptable pensar que el impuesto especial a los ricos, que ha recaudado 623 millones de euros, es una deuda que tiene el Estado con ellos?

La deuda histórica no existe

Esta balanza fiscal entre ricos y pobres es análoga a la balanza entre territorios. Eliminar la primera se consideraría inaceptable (con razón) pero erradicar la segunda es defendida a ultranza por el independentismo catalán. ¿Alguien se atrevería a afirmar que las clases altas están infrafinanciadas por aportar al sector público más de lo que reciben?

Las balanzas fiscales se han presentado como un instrumento para calcular si las comunidades autónomas están bien o mal financiadas, pero la realidad es que este indicador no dice nada de eso. Es como tratar de medir si existe desigualdad de trato de la Seguridad Social en función del saldo de cotizaciones y pensiones que tiene cada territorio. En España, hay algunas regiones que reciben grandes transferencias, en especial las del noroeste, mientras que el sureste y Madrid reciben muy poco o incluso son contribuyentes netas. El motivo de este reparto es que unos territorios están más envejecidos que otros y, por tanto, tienen un saldo más deficitario con la Seguridad Social en el presente.

A medida que la tributación es más progresiva, las balanzas fiscales se ensanchan

Esta balanza de cotizaciones se publica anualmente, pero no se sospecha que la Seguridad Social esté generando territorios sobrefinanciados y otros infrafinanciados. Nadie duda de que el sistema de cotizaciones y pensiones funciona igual para todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan. De hecho, los pensionistas de Cataluña reciben más de la caja única de lo que aportan sus trabajadores y eso tampoco significa que esté sobrefinanciada.

Lo mismo ocurre con el sistema fiscal. Las clases altas y medias-altas de Cataluña son contribuyentes netas, igual que lo son las de Cantabria, Extremadura o Murcia. Por ejemplo, el 10% con mayor renta de Cataluña hace una contribución neta de casi el 25% de su renta; en Madrid, pagan casi el 29%, y en el conjunto de España, el 23%. Y las clases medias y bajas de Cataluña son receptoras netas, lo mismo que ocurre con las del resto del país. Estas diferencias no tienen que ver con los territorios, sino con la progresividad del sistema fiscal.

En las últimas décadas, tanto Cataluña como España y la mayoría de las CCAA han elevado su presión fiscal, haciéndola más progresiva para disponer de recursos con los que combatir la desigualdad y la pobreza. Además, esta subida de los tributos se ha concentrado en los impuestos directos (sobre todo IRPF y cotizaciones sociales) que, aunque afectan al crecimiento económico, generan mayor progresividad fiscal. Por el contrario, el IVA se ha bajado en numerosos productos, ya que afecta más a las clases bajas.

Lo que ocurre es que, a medida que el sistema tributario se hace más progresivo, las balanzas fiscales se van ensanchando. De hecho, el impuesto a los ricos va a ampliar más esta brecha (especialmente la de Madrid, donde se obtiene el 90% de la recaudación). Nuevamente, el objetivo de este impuesto no es que unos territorios paguen más y otros menos, sino que paguen los individuos que tienen más patrimonio. A nadie se le ha ocurrido pensar que esta progresividad es una deuda que están adquiriendo los pobres con los ricos y que pueda reclamarse de vuelta en el futuro. Simplemente, se trata de la redistribución que hace el sector público, que recauda más en los territorios en los que hay más fortunas.

Como se ha señalado, las balanzas fiscales no sirven para calcular si una comunidad está mejor o peor financiada que otra. Para hacerlo, es necesario introducir muchos ajustes en los datos, por ejemplo, el envejecimiento, la densidad de población, las competencias ejercidas o los impuestos cedidos. Ángel de la Fuente limpia todos estos datos anualmente y los publica en Fedea. El último ejercicio liquidado, el del año 2021, vuelve a situar Cataluña en la media nacional de financiación por habitante, en línea con Aragón, Madrid y Galicia.

Cataluña no está entre las comunidades mejor financiadas, grupo que copan territorios con la población muy dispersa (Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Extremadura) y los archipiélagos (Baleares y Canarias). Pero tampoco está entre las mal financiadas, que son Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. El sistema de financiación español no es perfecto, pero los datos no muestran que Cataluña esté maltratada.

La Generalitat ha elaborado su propio cálculo de la balanza fiscal con el Estado utilizando los flujos monetarios. Pero, para los expertos que han calculado en el pasado las balanzas fiscales, este sistema es incorrecto y está sesgado a favor de los territorios. El motivo es que los flujos monetarios no siempre recogen las transferencias del Estado hacia las autonomías porque no existe un pago cruzado. Por ejemplo, la defensa o los servicios de los ministerios sirven a todo el territorio, independientemente de dónde estén situados físicamente.

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De la Fuente lamenta que ya no sea posible calcular las balanzas fiscales porque, "cuando el Gobierno suspendió el sistema de cuentas públicas territorializadas, dejó de publicar los datos para hacer los cálculos". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificó la decisión de suprimir esta publicación en que es foco de "reproches" entre territorios, cuando la realidad es que "no son los ciudadanos de Cataluña más solidarios que los extremeños o andaluces". Las balanzas fiscales no tienen nada que ver con el esfuerzo fiscal, simplemente son el reflejo del nivel de renta de cada territorio.

Sin embargo, el efecto que ha recogido el Gobierno es justo el contrario al que deseaba. El vacío de una estadística oficial lo ha aprovechado la Generalitat para dar sus propios cálculos elaborados con una metodología que los expertos rechazan (la de los flujos monetarios) y que no cuenta con la información necesaria para hacer un cálculo completo.

El efecto que ha recogido el Gobierno es justo el contrario al que deseaba

Algunos expertos, como es el caso de Ángel de la Fuente, consideran que es más útil que el Ministerio de Hacienda publique las balanzas fiscales para desactivar que la Generalitat elabore la suya. Otros, como es el caso de la ministra de Hacienda, prefieren eliminar esta estadística que genera tanto ruido. En lo que coinciden todos ellos es en que las balanzas fiscales no sirven para calcular el esfuerzo fiscal que hace cada territorio. Es un trampantojo que utilizan algunos políticos.

Es posible reformar el sistema de financiación autonómica para que el Estado reparta más recursos entre las comunidades que más recaudan y reducir el saldo negativo de las balanzas fiscales. Y también el saldo positivo de las regiones pobres. Pero esta medida ampliará la desigualdad dentro de España y dificultará la lucha contra la pobreza creando clases bajas de primera y de segunda.