Radiografía del empleo público: genera uno de cada cuatro nuevos trabajos desde 2019

España ha vivido un boom del empleo tras el final de la pandemia que ha llevado al país a registrar niveles de ocupación nunca antes vistos. En 2022 se superó por primera vez la barrera de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y previsiblemente en 2024 se superará la cifra de los 21 millones. Este gran auge del mercado de trabajo ha contado con un aliado imprescindible: el sector público. Después de quince años de control en las plantillas públicas, el empleo público volvió a crecer con fuerza con el inicio del coronavirus ante la necesidad de reforzar los servicios a la ciudadanía. Esto explica que una cuarta parte del empleo creado sea público.

Desde que se alcanzó el pico de ocupación previo a la pandemia, en el verano de 2019, se han originado casi 1,4 millones de empleos (medidos en términos de afiliados en alta laboral). De estos, algo más de 350.000 son empleos del sector público por 1 millón del sector privado, según los registros de la Seguridad Social. Esto es, uno de cada cuatro es público.

El crecimiento del empleo público ha sido generalizado, tanto por administraciones, como por territorios, e incluso por sectores. Se han reforzado las plantillas de casi todos los servicios públicos, lo que explica parte de ese boom del empleo que ha vivido el país. De hecho, el empleo público creció especialmente durante el primer año del coronavirus, lo que permitió contrarrestar la destrucción del sector privado y estimular la recuperación tras el final del gran confinamiento.

En otras palabras, sin el impulso que generó el sector público, probablemente hubiese sido más lenta la recuperación del privado. Solo en el primer año de la pandemia el sector público creó 185.000 empleos, contrarrestando los casi 600.000 empleos que destruyó el sector privado. En los 12 meses siguientes (hasta febrero de 2022) el sector privado crearía 780.000 empleos, una cifra histórica que muestra la magnitud de la recuperación.

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Por el contrario, el empleo público se ralentizó hacia finales de 2021. Las administraciones aprovecharon el final de la pandemia para hacer balance de situación, tanto de plantillas como de margen presupuestario disponible. Lo que se encontraron fue un gran crecimiento de los ingresos públicos gracias al crecimiento económico y la inflación, así como la suspensión de las reglas fiscales. En definitiva, tenían los recursos para seguir contratando. Y así lo hicieron. En 2022 aumentaron sus plantillas en 68.000 personas y en 2023 ya han contratado a más de 52.000 personas cuando todavía faltan cuatro meses para acabar el año.

Por el momento no hay señal alguna de agotamiento en la creación de empleo público. Sin embargo, en 2024 previsiblemente se recuperarán las reglas fiscales, lo que podría frenar las contrataciones. Aunque las CCAA y los ayuntamientos contarán con un importante incremento de los ingresos a lo largo del año gracias a la liquidación de los sistemas de financiación del año 2022 (en ese año la recaudación fue muy superior a las entregas a cuenta que recibieron, de modo que el Estado tendrá que abonar la diferencia).

La creación de empleo público ha sido generalizada en todo el país, aunque existen importantes diferencias por territorios. Toledo y Alicante son las provincias en las que se ha creado más empleo público, con un incremento del 23% respecto al pico previo a la pandemia. Les siguen Guadalajara y Castellón, ambas con un crecimiento superior al 20%. Esto significa que por cada cinco trabajadores públicos que había antes de la pandemia, ahora tienen uno más. Este dato contrasta con el crecimiento del empleo privado, que ha sido del 6,2%, casi cuatro veces menos.

En las regiones de España con menor dinamismo económico, la aportación del sector público ha sido clave para salir de la crisis de la pandemia. En total hay ocho provincias en las que se ha creado más empleo público que privado, una situación anómala que indica cómo el sector privado está en retirada. De todas ellas, las tres primeras están en una situación extrema: todo el empleo creado es público, mientras que el privado sigue por debajo de los niveles registrados en 2019. Por ejemplo, en Palencia se han destruido casi 360 empleos privados y se han creado 760 empleos públicos.

La presencia del sector público está siendo cada vez más relevante en toda la España rural situada en el interior y el noroeste del país. De hecho, uno de los datos más sorprendentes es que en estas provincias en las que la creación de empleo público es mayoritaria, el crecimiento ha sido muy bajo en comparación con la media nacional. Por ejemplo, de vuelta a Palencia, las plantillas públicas han crecido un 9%, muy por debajo del 14% del conjunto de España. Lo mismo ocurre en Lugo, Ourense, Teruel, Burgos, Soria, Cáceres o Badajoz, donde el crecimiento del empleo público no llega a doble dígito.

Lo que está ocurriendo es que estas provincias se han despoblado tan rápidamente que no hay necesidad de ampliar las plantillas. De hecho, en las zonas muy rurales se están cerrando servicios públicos, como colegios o centros de salud, por falta de población y concentrándolos en las poblaciones de mayor tamaño. Además, en estas zonas, el sector público tiene más dificultades para cubrir sus vacantes porque, por ejemplo, no hay médicos que quieran irse a algunas zonas aisladas del interior del país.

El resultado es que, aunque el empleo público haya crecido muy poco, aún así es suficiente como para destacar porque el sector privado está en claro declive. Hay muchas provincias en las que el boom del empleo ha pasado de largo. Se han señalado los casos de Palencia, Lugo y Jaén como los tres únicos en los que el empleo privado no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. Pero en otras seis, Ourense, Guipúzcoa, Asturias, Burgos, Cáceres y Álava, el crecimiento del empleo privado no llega ni al 2%. Con tan pobre desempeño del sector privado, las contrataciones de la administración se convierten en la única opción para dar oportunidades laborales a su gente y, por tanto, retenerla.

El empleo público ha crecido más intensamente en la España que se sigue llenando. Es comprensible que haya sido así, ya que el aumento de la población implica mayor demanda de servicios públicos. Destacan, por ejemplo, Toledo y Guadalajara, provincias que captan una buena parte de los trabajadores madrileños expulsados por el precio de la vivienda. En ambas el empleo público ha crecido en más de un 20% desde que comenzó la pandemia. Una situación similar ocurre en Alicante y Castellón, dos provincias que han crecido gracias a la llegada de inmigrantes jubilados procedentes de la Unión Europea y Reino Unido. En ambas las plantillas públicas también se han incrementado por encima del 20%. Una situación similar viven Valencia y los dos archipiélagos.

Uno de los datos más sorprendentes es que Madrid se sitúa en los primeros puestos de España de creación de empleo público con un aumento del 18%. Sin embargo, el empleo que ha creado la comunidad (quien tiene las competencias de sanidad y educación) está por debajo de la media nacional: un 14% en Madrid frente al 17% de España. El motivo de tal incremento de las plantillas públicas en la provincia es porque el Estado ha creado más de 45.000 nuevos empleos.

Esto significa que nada menos que el 74% del empleo estatal creado en los últimos cuatro años se sitúa en la capital, esto es, tres de cada cuatro. Madrid concentra el empleo estatal gracias a la presencia de los ministerios y las principales instituciones centrales. Este efecto capital ha supuesto un gran impulso económico para la actividad en la región, ya que muchos de estos nuevos trabajadores tienen sueldos altos, desde los funcionarios de más alto nivel hasta los asesores de los políticos.

La mayor parte del empleo público que ha creado España se concentra en tres sectores que son fáciles de adivinar: educación, sanidad y atención pública. Estos tres copan casi el 90% de todo el empleo creado con casi 300.000 nuevos efectivos. Sin embargo, hay otros dos sectores que no son tan intuitivos.

El primero de ellos, que concentra casi el 3% del empleo público creado, es el de investigación y desarrollo con casi 10.000 nuevos trabajadores. De hecho, la aportación pública supone nada menos que el 40% del empleo creado en I+D. Supone una buena noticia, ya que indica que las administraciones están tratando de investigar y mejorar sus procesos, pero también refleja el escaso ritmo de creación de empleo innovador de las empresas.

El segundo es el de los arquitectos e ingenieros, con casi 7.500 nuevos trabajadores. En este caso, las contrataciones están directamente relacionadas con el Plan de Recuperación, ya que su despliegue requiere de profesionales expertos en construcción de edificios e infraestructuras.

El sector público ha destruido empleo neto en muy pocos sectores, pero hay uno que destaca por encima del resto: los servicios de correos. Desde 2019 hasta 2023 se han eliminado algo más de 2.700 puestos de trabajo. Los sindicatos han denunciado en numerosas ocasiones la falta de personal en Correos, la última vez durante las pasadas elecciones generales. Este pobre desempeño contrasta con una actividad creciente de la empresa pública por el aumento del comercio electrónico.

Una de las grandes transformaciones que está impulsando el sector público es la incorporación de la mujer al mercado laboral. En los últimos años son mayoría las mujeres que se presentan a oposiciones y están ganando peso rápidamente en el sector público. En total, las plantillas públicas se han reforzado con 240.000 mujeres y 112.000 hombres. Esto significa que las mujeres representan casi el 70% del empleo público creado.

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En todas las provincias de España, salvo en Madrid, se han incorporado más mujeres que hombres a las plantillas públicas. En dos de ellas, Zamora y Jaén, la situación ha llegado a tal extremo que hay menos hombres trabajando que en 2019 y todo el refuerzo de personal han sido mujeres. Una gran parte de este crecimiento se debe a la presencia femenina creciente en la educación y la sanidad, los dos sectores que copan el empleo público. Es difícil que esta tendencia vaya a revertirse en los próximos años.

La inercia del empleo público probablemente se mantenga a corto plazo, ya que las administraciones siguen reforzando su capacidad para ofrecer servicios públicos. Además, las CCAA y los ayuntamientos contarán con un gran incremento de sus ingresos en 2024 que permitirá seguir elevando el gasto en plantillas. Sin embargo, a medio plazo se presentan dos importantes problemas para el sector público. El primero está en las restricciones presupuestarias que se intuyen en el horizonte cuando vuelvan a estar en vigor las reglas fiscales. El segundo es el envejecimiento de las plantillas actuales, que obligará a que las oposiciones sigan siendo multitudinarias durante las dos próximas décadas, lo que aumenta la dificultad para cubrir algunas plazas.