Hacienda rechaza los primeros recursos del impuesto a los ricos y presiona en plazos

A algunos contribuyentes se les ha atragantado el mes de agosto por culpa de Hacienda. Además de preocupar a muchos ciudadanos y hacer trabajar a sus abogados con notificaciones a finales de julio, la Agencia Tributaria se ha dado especial prisa por responder a los primeros recursos de grandes fortunas contra el impuesto a los ricos, que tuvieron que pagar a lo largo de julio.

La Agencia Tributaria ya ha contestado las primeras reclamaciones, según fuentes jurídicas. Lo que están haciendo los abogados de altos patrimonios que han abonado el impuesto temporal de solidaridad para las grandes fortunas, a partir de tres millones de activos, es impugnar la autoliquidación de sus clientes, que tuvieron que presentar con el modelo 718 entre el 1 y el 31 de julio.

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Las impugnaciones, en general, piden la devolución de ingresos indebidos por defender que el impuesto es anticonstitucional. Y Hacienda lo que dice es que no es competente para valorar si el impuesto es constitucional o no, y que no ha lugar a la reclamación de devolución. Se trata de una respuesta formal lógica que, según creen los abogados consultados, ya estaba prevista ante el aluvión esperado de recursos individuales.

La rapidez de Hacienda al contestar hace que empiecen a correr los plazos, obligando a nuevas respuestas para mantener el proceso vivo. Si no, se cierra y se pierde el derecho a la reclamación. Y como hubo muchas impugnaciones en los primeros días de agosto, alentadas por un bulo que circuló por los WhatsApp de los fiscalistas, las primeras respuestas han llegado en plenas vacaciones de los contribuyentes y sus abogados. En uno de los casos que sirven como ejemplo, se presentó la impugnación el 3 de agosto y la respuesta llegó el 9 de agosto, con una rapidez totalmente inusual.

Una vez que la Agencia Tributaria ha contestado la impugnación, el contribuyente tiene 15 días para presentar alegaciones, aunque previamente se puede pedir un aplazamiento de 10 días, algo que han hecho algunos abogados en agosto para apurar sus vacaciones. Después, en el plazo previsto de un mes, Hacienda debe responder, previsiblemente con otra negativa, al argumento de que el impuesto es anticonstitucional. A partir de ahí, el contribuyente debe ir a los tribunales económico-administrativos. Lo lógico es acudir al Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) y, de ahí, al Central (TEAC).

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Normalmente, los tribunales económico-administrativos pueden tardar meses o, incluso, años. De hecho, es habitual que cuando se espera un rechazo se asuma la negativa después de un año por silencio administrativo —antes no se puede— para acudir a la Justicia. Pero en este caso no hay prisa por ir a los tribunales ajenos a Hacienda.

"La idea es mantener vivos los procesos de cara a cuando se pronuncie el Tribunal Constitucional, para que si es favorable a los recursos de anticonstitucionalidad de Madrid o Andalucía, puedan recuperar el dinero. Hay miedo de que ocurra como con el fallo sobre la plusvalía", explica José María Leis, socio de Vialto. Con aquella sentencia sobre la plusvalía, solo los contribuyentes afectados que habían recurrido previamente pudieron recuperar el dinero.

En el sector jurídico, se espera que el Constitucional se pronuncie en otoño, por eso ha vuelto a haber prisas para presentar impugnaciones, si es que no se hizo a principios de agosto con el bulo. Si se cumplen los plazos previstos, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional llegará sin que lo hayan hecho los tribunales económico-administrativos.

Pero si se demora el alto tribunal o los TEAR y el TEAC se dan más prisa de la habitual, los contribuyentes ya tendrían que ir a la Justicia para mantener los procesos vivos, dejando de ser gratis, ya que podrían ser condenados a costas. Si bien se espera que todos asuman este riesgo, porque las cuantías serán muy inferiores al dinero tributado y porque los propios abogados están alimentando que se reclame. De hecho, hay cierta competencia entre los despachos para mantener o captar clientes para llevar sus recursos contra el tributo.