La amplia mayoría de los catalanes reclama que su lengua sea oficial en Bruselas

La lengua está muy presente también en la encuesta ómnibus del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el CIS catalán, publicada este jueves. Uno de los temas estrella es la oficialidad del catalán en la UE, que Europa ha retrasado sine die tras la petición trasladada por el Gobierno de España en plena negociación para la investidura de Pedro Sánchez. El 36% de los entrevistados está muy de acuerdo y el 33% de acuerdo con que se introduzca como lengua oficial, mientras que solo un 11 % está en desacuerdo y un 5% muy en desacuerdo.

En el desgaje sobre la filiación política de los entrevistados, el 39% de los de Vox están muy en desacuerdo y un 26% en desacuerdo. Entre los votantes del PP, un 27% están en desacuerdo y un 18%, muy en desacuerdo. En relación con Europa, el 40% de los catalanes considera que el nivel de relaciones entre la UE y los gobiernos autonómicos es “insuficiente, se habría de relacionar más directamente”. En cambio, el 29% de los ciudadanos cree que las relaciones son las adecuadas y un 7% considera que la relación del Ejecutivo catalán con Bruselas es “excesiva, no se debería relacionar tan directamente”.

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El sondeo también descubre que los simpatizantes de la CUP son los que menos confianza tienen en las instituciones europeas, claramente desmarcados del resto de formaciones, ya sean independentistas o constitucionalistas. La encuesta integraba también la pregunta sobre en qué lengua se deben dar clases en la Universidad y un 63% de los encuestados apuesta por el catalán, mientras que un 43% prefiere el castellano y un 23% se decanta por el inglés.

Visión sobre la justicia

La justicia no es de fiar para más de la mitad de los catalanes. Una de las preguntas era sobre la “independencia de los tribunales y los jueces”, un terreno en el que el soberanismo lleva machacando más de una década, con denuncias de supuestas decisiones arbitrarias en su contra. La población parece haber asimilado el mensaje: un 54% cree que la independencia de los tribunales y de los jueces es negativa. Es decir, mala o muy mala, mientras que solo el 20% la consideran buena o muy buena.

En realidad, se hicieron dos encuestas simultáneas. En una de ellas, se realizaron 9.474 entrevistas a ciudadanos; en la otra, 9.308. El propio CEO reconoce que “los simpatizantes de partidos soberanistas son los que tienen una percepción más negativa y, por el contrario, los de Ciudadanos, PSC y PP los que tienen percepciones más positivas de la independencia judicial. Y solo entre los simpatizantes de Ciudadanos la percepción positiva de la independencia judicial es mayoritaria”.

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Los sondeos inciden en este apartado para visualizar un sector ominoso. Así, en una escala de 0 a 10, los encuestados dan un 3,6 a la eficacia, un 3,4 a la transparencia, un 3,4 a la independencia, un 3 a la modernidad, un 2,9 a la facilidad de entender y un 2,1 a la rapidez. Al mismo tiempo, introduce otro elemento de discusión: la introducción del catalán en el ámbito judicial. Aquí destaca que el 45% de los entrevistados opina que ni les beneficiaría ni les perjudicaría, pero un 28% cree que sí les perjudicaría hablar catalán o presentar un escrito en catalán. Solo un 8% cree que les podría beneficiar y un 19% no sabe cómo les afectaría.

Limitar el turismo

Las encuestas presentan la actitud de los ciudadanos ante el turismo. Un 70% opina que se debe seguir fomentando, pero un 43% cree que “el turismo limita las actividades del espacio público de la gente que vive aquí” y un 35% señala que “se está llegando al límite de la capacidad de poder absorber el turismo en mi comarca”. La sensación de saturación turística, no obstante, es menor en las comarcas de la comunidad que en la ciudad de Barcelona, donde los parámetros se disparan. Aun así, la percepción mayoritaria es que el turismo es positivo para un 59% de la población y muy positivo para otro 24%, mientras que solo es negativo para un 9% y muy negativo para un 2%.

En cuanto al tipo de regulación de las plataformas, hay una clara tendencia a favor de intervenir y controlar el sector. El 63% aboga por controlar entidades de alquiler de pisos y habitaciones, como Airbnb y similares. Un 24% cree no se ha de potenciar ni limitar y un 13% apuesta por potenciar su uso. El 49% quiere hacer lo propio con empresas como Uber o Cabify: el 33% dice que no se ha de regular más y el 18% que se ha de potenciar su uso. Y el 38% quiere controlar más las plataformas de reparto de comida y productos a domicilio, como Glovo, Deliveroo o Just Eat, aunque el 49% no quiere que se potencia ni se limite.

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Respecto a las inversiones que se han de realizar, los catalanes apuestan por priorizar los equipamientos sanitarios, seguidos de las escuelas y centros educativos, los trenes y las líneas ferroviarias y, en muy poca medida, las carreteras y autovías. Para los presupuestos de 2024, piden, en primer lugar, reforzar el sistema sanitario, seguido de facilitar el acceso a la vivienda, la lucha contra la pobreza, la reducción del fracaso escolar, la mejora de la productividad e internacionalización de la economía y, en último lugar, la reducción de las emisiones de CO2 que provocan el cambio climático

La primera de las encuestas incluye también la opinión sobre la prioridad del Corredor Mediterráneo, una histórica reivindicación no solo de los catalanes, sino de todo el litoral mediterráneo. En una escala del 1 al 10, los encuestados dan un 8,1 a la necesidad de esta infraestructura, aunque las causas son varias. El 34% considera que es por “motivos económicos: mejora de la competitividad de la economía catalana”, mientras que un 31% opina que es por “motivos ambientales: lucha contra el cambio climático y la contaminación”. Un 18% dice que obedece a “motivos del tráfico: se reducirá la circulación de camiones por las autopistas”.

Satisfechos con los Mossos

Los catalanes están satisfechos por la proximidad que tienen a cajeros automáticos, incluyendo las zonas rurales, y dan una buena valoración tanto a la seguridad como a los Mossos d’Esquadra. De hecho, más del 60% puntúa a este Cuerpo con un 6 o una nota superior. Los parámetros en los que son más valorados es que es una institución cercana al ciudadano, en la que se puede confiar y “competente y eficaz”. La gente más joven es la que da una menor puntuación a los agentes y, en general, los menores de 25 años los puntúan por debajo del 6. La valoración política también depende de la ideología del encuestado: los simpatizantes de la CUP son los que valoran más negativamente y solo le dan un aprobado raspado en el apartado de “competente y eficaz”.

Los problemas de seguridad más detectados son los relacionados con las conductas incívicas (suciedad, ruidos o grafitis), seguido por el tráfico de drogas, la inseguridad ciudadana, las estafas a través de Internet, la violencia machista, el racismo y la xenofobia, los maltratos a las personas mayores y el terrorismo.

En el tema de vivienda, el 44% apuesta por limitar por ley el precio de los alquileres, mientras que el 41% opina que debe invertirse más dinero público en la construcción de viviendas de precios asequibles. Solo un 11%, en cambio, está de acuerdo en ampliar las ayudas al alquiler para los inquilinos.

Otra de las cuestiones tratadas en la encuesta es la que afecta al medio ambiente. Y hay una evidente preocupación. El 59% de los ciudadanos están muy preocupados por la sequía y un 34% “bastante preocupados”. Por ello, el 81% de los catalanes aseguran que en los últimos meses han tomado alguna medida para reducir el consumo de agua. Los jóvenes varones son los más despreocupados, mientras que en el colectivo femenino es donde hay una mayor preocupación. Además, esa preocupación aumenta cuando el segmento de la población tiene una edad más avanzada.