El Gobierno prioriza el catalán y aparca el euskera en la UE ante la resistencia de los socios europeos

Ante la resistencia del resto de socios por reconocer el euskera, el catalán y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, el Gobierno de España ha decidido priorizar el reconocimiento del catalán. "Hemos propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán y seguidamente con las otras dos lenguas", ha explicado José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, que, sin embargo, ha explicado que la Moncloa no renuncia al objetivo final de lograr el reconocimiento de las tres lenguas, aunque se ofrezca desplegar primero el uso del catalán.

El Gobierno ha llevado así hasta el final la promesa hecha a Junts per Catalunya en el marco de la negociación para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. Los socialistas se comprometieron con los del expresident Carles Puigdemont a llegar hasta el final para intentar que la Unión Europea reconociera como lenguas oficiales el catalán, el euskera y el gallego. Y el día D era este 19 de septiembre, durante un Consejo de Asuntos Generales al que ha acudido en persona el ministro de Asuntos Exteriores, en vez del secretario de estado de la Unión Europea, para marcar el peso político que para el Ejecutivo español tiene este debate.

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"Algunos Estados miembros han planteado que tres lenguas de una sola vez era algo más difícil. Y nos hemos abierto a que el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia la inclusión dentro de la modificación del reglamento y que es hablado por más de 10 millones de personas sea el primero en su despliegue", ha explicado Albares al salir del encuentro. La Moncloa ha hecho todo lo que ha estado en su mano, incluso ha prometido al resto de los socios que se haría cargo del coste financiero que generara la aprobación de dicha modificación del reglamento que establece las lenguas de la Unión Europea y que se traduciría en que habría que modificar los Tratados, todo el acervo comunitario de las últimas seis décadas y la contratación de intérpretes.

Pero ni siquiera esa promesa, expresada el viernes pasado ante los embajadores del resto de Estados miembros y repetido este martes por Albares, ha permitido que el Gobierno saque adelante su propuesta este mismo martes, a pesar de que en la agenda del día había apuntado a la "adopción" este mismo 19 de septiembre. Suecia y Finlandia ya habían expresado de forma pública sus dudas a lo largo de la semana pasada, y había otro buen puñado de países que tampoco apoyaban la idea. Jessika Roswall, ministra de Asuntos Europeos del Gobierno de Suecia, expresó que su país era "reacio" a hacer el cambio de reglamento necesario.

El Gobierno finlandés señaló por su parte que "aumentar el número de lenguas oficiales y de trabajo aumentaría la carga financiera y administrativa y probablemente también ralentizaría la toma de decisiones de la UE y retrasaría la entrada en vigor de las regulaciones de la Unión" y también defendió que, entendiendo que hay que promover la diversidad lingüística en la Unión, existen otras maneras más efectivas y menos costosas.

Pero, más allá de la cuestión financiera de fondo, está la cuestión más política. El reconocimiento de esas lenguas puede provocar un efecto dominó. Otras delegaciones recuerdan que hay muchas lenguas minoritarias en la Unión Europea y abrir esta puerta podría generar un precedente conflictivo, aunque en el Gobierno español responden señalando que el catalán no es una lengua minoritaria y es hablada por más ciudadanos europeos que otras lenguas oficiales de la Unión. En todo caso, el ministro de Exteriores ha explicado que ningún Estado miembro ha "vetado" la propuesta española.

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Albares sabía este martes por la mañana que la votación, que para salir adelante requería de unanimidad, estaba perdida. Pero el ministro ha explicado a su entrada en la reunión que defendería la "especificidad del régimen constitucional lingüístico español que lo hace prácticamente único en el seno de la Unión Europea". Y como argumento a su favor Albares ha explicado que defendería que estas lenguas "se usan dentro del Parlamento español", a pesar de que ese uso ha comenzado a hacerse este mismo martes.

El ministro de Asuntos Exteriores también ha hecho referencia a una serie de acuerdos administrativos que permiten que los ciudadanos puedan dirigirse a la mayoría de instituciones de la Unión Europea en las lenguas cooficiales, y también permite, en algunas ocasiones, que los representantes políticos que hablan dichas lenguas puedan utilizarlos en algunos contextos, aunque, por ejemplo, en el Parlamento Europeo no se ha dado esta manga ancha y el Ejecutivo español lleva desde hace un año intentando obtener cesiones por parte de la presidenta de la institución, Roberta Metsola.

Procedimiento exprés

Otro asunto que ha generado suspicacias entre algunos socios europeos ha sido la velocidad del proceso. En la madrugada del 17 de agosto, el Gobierno envió a la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión, convenientemente en manos de España, la solicitud para incluir de urgencia en el siguiente CAG el reconocimiento de estas lenguas como oficiales en la Unión Europea. La petición, que dependía del propio Gobierno, fue aprobada, y permitió que Junts votara a favor de Armengol.

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Pero ha sido un proceso exprés que ha generado dudas. Fuentes diplomáticas alemanas se mostraron sorprendidas porque España hubiera apostado por realizar una presentación, un debate y una votación en una misma sesión, a diferencia de como suele ser habitual: que haya primero un intercambio de opiniones y solamente un tiempo después una votación. Pero el Gobierno, presionado por Puigdemont para poder entregar ofertas reales, ha querido pisar el acelerador a fondo, demostrar que las promesas hechas en el marco de las negociaciones con Junts se cumplen. Albares, de hecho, ha enviado un mensaje al partido independentista: "El Gobierno español ha cumplido hoy con su compromiso".

Para Puigdemont se ha convertido en el modelo de negociación que quiere con el Gobierno de Sánchez. "Si llegamos a acuerdos futuros, será porque llevan incorporado su cumplimiento de forma comprobable. Como ha sido el caso" en esta ocasión, escribió Puigdemont en redes sociales el día 17 de agosto, cuando el Gobierno solicitó la inclusión en la agenda del CAG el debate que se ha celebrado este martes.

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El ambiente no ha sido para nada hostil, pero los representantes de los Estados miembros han sido claros en su mensaje: hace falta más tiempo, esto no se puede hacer en un día. “Vamos a ayudar a España todo lo posible”, ha explicado Laurence Boone, secretaria de Estado francesa para la Unión Europea, que ha explicado que París necesita más tiempo para analizar la propuesta. “Soy un gran amigo de la cultura catalana”, ha defendido por su parte el representante finlandés, otro de los países que antes de esta sesión ya habían anunciado que no podrían apoyar la propuesta.

El finlandés Anders Adlercreutz, ministro de Exteriores, ha explicado que la propuesta “ha llegado muy rápido” sin tener suficiente trabajo de fondo y “poca comprensión sobre lo que podría significar” en cuanto a costes e implicaciones.