Colau desata su segunda ofensiva contra los pisos turísticos: si vendes, pierdes la licencia

Ada Colau ha desatado su segunda ofensiva contra los pisos turísticos en Barcelona. En mayo de 2023 hay elecciones y en período electoral siempre vuelve la mejor Colau, igual que las oscuras golondrinas de Bécquer. La alcaldesa se ha visto obligada a presentarse, así que la líder de los Comunes recurre a su votante tradicional: de izquierdas, militante y muy preocupado por los cambios a los que es sometida Barcelona a causa de los procesos de globalización imperantes. Para ello ha aprobado un nuevo Plan Especial Urbanístico (PEUAT) para la regulación de los establecimientos de alojamiento turístico. El nuevo plan afecta de lleno a los 9.600 pisos turísticos que hay en la capital catalana, ya que a partir de ahora si los propietarios quieren venderlos podrán hacerlo, pero perderán la licencia turística que tenían otorgada.

Así, Colau se asegura una manera drástica, aunque dudosamente constitucional, según apuntan las fuentes jurídicas consultadas, de reducir ese parque de 9.600 pisos turísticos, que lleva más de una década estancada en esa cifra. En el artículo 26.2 de la normativa del PEUAT 2 dice: "Los títulos habilitantes que amparan el desarrollo de la actividad de vivienda de uso turístico y de hogar compartido no son transmisibles".

Pero eso supone devaluar un activo por la vía legal interviniendo en el derecho de la propiedad. Un piso de alquiler en Barcelona puede rentar para su propietario 1.500 euros al mes. Ese mismo piso con licencia turística puede generar los mismos 1.500 euros… pero a la semana. El valor del activo se deprecia en un 75%. Matemática básica contra los instintos básicos de los Comunes en Barcelona.

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En el sector turístico de la ciudad auguran una nueva batalla legal, la enésima, por esta medida que prohíbe la transmisión de los títulos habilitantes de viviendas de uso turístico e incorpora la figura de los hogares compartidos.

Entre hoteleros, promotores y empresarios turísticos hay una sensación de agotamiento. Se pleiteó contra la primera moratoria hotelera, el PEUAT de 2017. De hecho, el nuevo PEUAT no es más que una actualización del plan aprobado en 2017, que fue declarado nulo por diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2019, por no contener el preceptivo estudio económico. Los hoteleros ganaron, pero no les ha servido de nada. El Ayuntamiento actualiza el plan y hay que volver a empezar. Incluso en esta nueva versión que en el caso de los apartamentos turísticos resulta mucho más restrictivo que antes.

La tramitación del PEUAT iba bien. Pero el Ayuntamiento introdujo esta modificación a última hora, después de las alegaciones. Así que cuando nadie lo esperaba el sector se ha encontrado con una medida expropiatoria.

Calculada ambigüedad

Cuando se consulta con el Ayuntamiento de Barcelona, los servicios jurídicos aclaran que esta limitación solo afectará a nuevas licencias que se otorguen a partir de ahora. En realidad, las nuevas licencias no son nuevas como tal, sino renovaciones de viejas en nuevas condiciones más restrictivas. Por eso, el parque de pisos turísticos queda anclado en las ya mencionadas 9.600 viviendas que gozan de este tipo de autorización legal.

Diversos operadores del sector han pedido al Ayuntamiento de Colau una aclaración formal. De eso hace mes y medio en muchos de los casos. La aclaración formal no llega y el silencio está empezando a generar inquietud en ambientes jurídicos y turísticos de Barcelona, ya muy castigados tras la pandemia.

El Ayuntamiento por ahora evita aclarar el sentido último de la nueva norma

Esta próxima semana hay Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. Algunos esperan la ya mencionada aclaración formal. Otros creen que la situación será igual. Los empresarios siguen la situación con una mezcla de estupefacción y agotamiento. El PP ya ha presentado una moción para que la Comisión de Urbanismo inste al gobierno municipal a hacer una aclaración sobre este aspecto de la norma. Pero, al ser una iniciativa de los populares, a lo mejor no cuenta con una mayoría suficiente para prosperar.

Desde febrero de este año el PEUAT se encuentra en vigor. La situación está generando inseguridad jurídica en aquellos propietarios que necesitan vender por una razón u otra sus pisos turísticos.

Reactivación del turismo

El turismo se ha reactivado en Cataluña tras dos años de pandemia. Han vuelto los cruceros. Y con el turismo vuelven también la masificación de zonas como Ciutat Vella o el Born. Así que ha regresado también el debate sobre si hay que tomar medias contra el "turismo low cost". Ahí está la preocupación del votante más fiel de Colau y al que la alcaldesa quiere agarrarse para renovar mandato.

Opinión

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Con la perspectiva de unas elecciones en mayo de 2023 a las que Colau volverá a concurrir, la alcaldesa y líder de los Comunes vuelve a los terrenos en los que se siente cómoda. La presión sobre sectores empresariales, incluso al límite de la ley. Siempre le ha funcionado ante su electorado, aunque en la práctica la cantidad de licencias que vaya a reducirse por esta vía acabe resultando escasa. Lo que hará es limitar la transmisión de este tipo de activos y lastrar la economía por exceso de intervención.

Tras la moratoria hotelera y el 30% de obligación de VPO para la promoción inmobiliaria de vivienda nueva, el nuevo caballo de batalla municipal pueden ser los pisos turísticos. Cuando los jueces lo tumben, que lo tumbarán, o Colau ya no será alcaldesa, tendrán que actualizar el PEUAT de nuevo y la rueda de la política municipal del colauismo volverá a girar. Mientras, millones de euros en reclamaciones patrimoniales por los diferentes afectados a causa de estas políticas acechan en los tribunales. La herencia de Colau le saldrá muy cara a la ciudad. Y, de nuevo, volviendo a Bécquer, los millones que se pierdan por esa vía, esos, no volverán.