El futuro incierto de un antiguo psiquiátrico en Cantabria: sin uso y con 30 millones en el aire

Un antiguo psiquiátrico de Cantabria ha provocado cierto revuelo. Iba a convertirse en un centro de acogida para refugiados, pero ahora nadie tiene claro qué será del viejo hospital de Punta Parayas. Está en Camargo, una pequeña ciudad al norte de la región. Hace siete años que echó el cierre, cuando el Gobierno autonómico optó por trasladar a sus pacientes a una nueva planta en el Hospital de Liencres, a 12 kilómetros. Quedó vacío desde entonces y ninguna de las ideas para darle un nuevo uso prosperó. Cuando estalló la guerra en Ucrania, el Estado se vio abocado a abrir más centros de asilo con ayuda de los fondos europeos que Bruselas dispuso para la acogida de refugiados.

En noviembre del año pasado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llegó a un acuerdo con el Ejecutivo cántabro y el Ayuntamiento de Camargo —que entonces gobernaba un pacto PRC-PSOE— para adquirir parte de la parcela del antiguo hospital, de 43.500 metros cuadrados y en manos de la Comunidad, y destinarla a la acogida de personas migrantes. El convenio entre las tres instituciones se materializó hace cinco meses, con una inversión estatal de 30 millones de euros. Todo parecía ir rodado. Las obras para la remodelación iban a comenzar este verano y se habían proyectado unas 300 plazas. Pero el cambio de escenario tras las elecciones municipales y autonómicas truncó el plan inicial.

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El plan B: una residencia de mayores

El partido de Miguel Ángel Revilla perdió el poder. El PP se hizo con la presidencia de Cantabria y también tomó las riendas del Consistorio. "Ese proyecto y esa financiación han de ser compatibles con nuestras necesidades", decía hace algo más de una semana la nueva líder autonómica, la popular María José Sáez de Buruaga. Con el cambio de gobierno, la Secretaría de Estado de Migraciones envió una carta a la Consejería de Economía, Hacienda y Asuntos Europeos de Cantabria para aclarar su postura sobre la continuidad del proyecto.

El nuevo Ayuntamiento de Camargo, reunido en sesión extraordinaria el pasado 31 de julio, anuló el acuerdo firmado por sus predecesores en ambas instituciones. El actual alcalde, Diego Movellán, ya dirigió el municipio entre 2011 y 2015. Esta vez volvía al cargo con una mayoría absoluta de su partido, el PP.

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En su lugar, acordaron utilizar el espacio para abrir una residencia de mayores con asistencia sociosanitaria, y advirtieron que tanto Cantabria como Camargo tienen una población cada vez más envejecida. Esta propuesta ya la hizo Ciudadanos en 2019, pero finalmente no se llevó a cabo. Los naranjas, que entonces contaban con tres ediles, ahora no tienen representación.

"Es un error muy grave", manifestó la exalcaldesa de Camargo y líder del PSOE, Esther Bolado, que reprochó a los regionalistas su voto a sabiendas de que iban a perder la inversión estatal para el proyecto de asilo. El PRC se desmarcó de sus antiguos aliados socialistas y votó junto al PP y Vox para dar marcha atrás a la construcción del centro de acogida, asegurando que ellos siempre prefirieron otros usos para la parcela.

El desvío de la inversión

Desde el Gobierno regional, Buruaga defendió que su partido ya rechazaba la idea del centro de refugiados antes de llegar al poder, tanto a nivel local como autonómico. "Que nadie busque los tres pies al gato", remarcó, convencida de que Cantabria no perdería financiación estatal en caso de construir una residencia puesto que, a su parecer, eran cuestiones "compatibles".

Sin embargo, según han informado a la agencia EFE fuentes del Ministerio de Migraciones, los acuerdos con administraciones locales y autonómicas para abrir centros de asistencia humanitaria que se reviertan tras el 28-M supondrán que el Estado los reubique en otra zona del país. Y con ellos, el dinero para levantarlos.

El caso de Parayas en Cantabria no es tan singular. Poco después de conocerse que Camargo no destinará estas instalaciones al asilo, el alcalde de Logroño anunció que ellos tampoco seguirían adelante con el espacio homólogo que pactaron allí sus predecesores. El nuevo regidor, también del PP, se sumó así a una reacción en cadena entre líderes populares que también cuenta con el rechazo de Valladolid, donde iba a construirse otro centro hasta que el socialista Óscar Puente perdió las llaves de la ciudad.

En su cuenta de Twitter, el ministro José Luis Escrivá sentenció así las polémicas: "Evitemos confusión. Las competencias sobre migración y asilo son estatales y también la decisión sobre la mejor ubicación de sus centros de acogida en España. Los casos de Cantabria y Logroño son ofrecimientos previos sobre bienes de titularidad autonómica y local".