El cupo que pide la Generalitat obvia el pago de más de 16.000 millones al estado

La Generalitat de Cataluña, o más concretamente, Esquerra Republicana, publicó el martes una propuesta para un cupo catalán que es su exigencia inmediata para lograr la autonomía fiscal del territorio. Los números son jugosos: Cataluña podría duplicar sus ingresos tributarios actuales, pasando de 25.000 millones de euros a más de 51.000 millones. Con el doble de ingresos tributarios, también podría realizar el doble de gastos: esto es, duplicar sus ayudas públicas, mejorar los servicios públicos e incluso reducir los impuestos. Suena realmente bien.

Sin embargo, la realidad no es tan atractiva. Los sistemas forales no están exentos de la financiación de los gastos comunes del estado, y lo mismo ocurriría con Cataluña. La Generalitat tendría que asumir el coste de las competencias no asumidas, que son los gastos estatales de los que se benefician todos los ciudadanos. Van desde la defensa, la seguridad, las políticas climáticas y un largo etcétera. El coste fijado en el último cálculo del cupo, del año 2022, fija que el País Vasco tiene que realizar una aportación base para estas cargas no asumidas de casi 5.200 millones de euros.

Este cálculo parte, básicamente, del índice de imputación que se calcula a partir de la participación en el PIB de la comunidad autónoma. Teniendo en cuenta que el tamaño de la economía catalana multiplica por 3,2 veces el del País Vasco, su aportación a la financiación de los presupuestos no sería nunca inferior a los 16.000 millones de euros.

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Este cálculo, sin embargo, no aparece en la propuesta presentada por la Generalitat para la autonomía fiscal de la comunidad autónoma. Supondría una merma significativa de los recursos que promete conseguir. De hecho, con esta cifra sobre la mesa, no cuadraría la existencia de un déficit fiscal español de 20.000 millones de euros que denuncia habitualmente el Govern.

También habría que restar, de esta cuantía, el gasto en intereses de la deuda que tiene asumida la región con el estado a través de los mecanismos extraordinarios de financiación, principalmente el FLA. La Generalitat pagará en 2023 más de 1.000 millones de euros en concepto de intereses que no desaparecerían con el cupo propuesto. Asimismo, la Generalitat también tendría que aumentar sus gastos para asumir competencias que actualente no tiene transferidas, como ocurre con el País Vasco o Navarra.

La solidaridad territorial

Con una aportación de más de 16.000 millones de euros a la financiación de los gastos comunes, le quedaría a la Generalitat un margen de menos de 9.000 millones de euros, sólo para empezar. Sin embargo, tampoco esta cifra sería definitiva. La propuesta también abre la puerta a la participación de Cataluña en la financiación de un fondo de garantía de los servicios públicos como el que ya existe, pero que sea bilateral con el estado.

Cataluña aporta 1.700 millones de euros a este Fondo que sirve para garantizar una prestación equilibrada de los servicios públicos en todo el territorio nacional. Ni el País Vasco ni Navarra contribuyen a la financiación de este Fondo, lo que explica, en buena medida, la posición fiscal tan favorable que tienen estos dos territorios. Son comunidades ricas, pero no hacen aportación a la solidaridad nacional, lo que les permite gozar de un gasto público por habitante mucho más elevado que la media nacional.

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Todo esto significa que, para que Cataluña tuviese un sistema fiscal tan favorable como el vasco o el navarro, la clave no está en la creación de un concierto especial, sino en un cálculo favorable en términos de aportación al Fondo de Garantía. Esto es, a una minoración de su aportación a la solidaridad territorial. Este es uno de los datos que oculta la Generalitat en su propuesta, por lo que es imposible determinar si el sistema que propone aumentaría el margen de gasto del que dispondría el Govern.

Esto no significa que Cataluña no saliese beneficiada fiscalmente en un hipotético sistema foral. Si reduce su aportación a la solidaridad territorial, al ser una comunidad con una renta per cápita superior a la media, conseguiría aumentar sus recursos. Sin embargo, en ningún caso podría duplicar su presupuesto de gastos, tal y como se insinúa en la propuesta de la Generalitat. Esto sería como asegurar que el resto de España se queda la mitad de la recaudación que genera Cataluña. Al contrario, el incremento del gasto sería mucho más modesto. Eso sí, para las regiones más pobres de España supondría un importante ajuste del gasto público, ya que la aportación de Cataluña al Fondo de Garantía es fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos en los territorios menos favorecidos.