Mazón pone el ventilador al Botànic: denuncia 713 millones en pagos a dedo y anuncia una auditoría 'forensic'

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha decidido poner en marcha el ventilador para levantar las alfombras de sus antecesores, el Consell del Botànic presidido por Ximo Puig. El barón popular anunció este martes el encargo de una auditoría forensic para el conjunto del sector público instrumental (las empresas públicas autonómicas) tras detectar, según denunció en una comparecencia pública, cerca de 713 millones de euros en 253.122 contratos adjudicados a dedo y miles de contratos de personal que no contaban con las autorizaciones correspondientes de crédito.

Solo en el ejercicio de 2021, según avanzó, se produjeron más de 4.000 contrataciones de personal que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos. Puso como ejemplo la empresa pública encargada de la gestión de los servicios de emergencias, SGISE, que trató de encajar la contratación de cientos de bomberos forestales procedentes de entidades como Tragsa antes de las elecciones. "Controlada por el PSPV, trató de colar 1.800 nuevos empleos públicos a las puertas del 28-M", denunció Mazón. Los bomberos, por su parte, reclaman su estabilización laboral y denuncian recortes por parte del Consell del PP y Vox.

Mazón lleva meses reprochando a sus antecesores haber encontrado en la Generalitat una situación financiera de "malgasto y descontrol" que enfoca, especialmente, en el sector empresarial autonómico. La salud económica de la Administración es "crítica", señala. Se apoya en los informes de la Sindicatura de Cuentas y en una auditoría general elaborada por la Intervención autonómica, correspondiente al ejercicio de 2021.

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Ahora, el barón popular quiere poner en marcha una nueva auditoría externa, en busca de posibles irregularidades con responsabilidad patrimonial, lo que se conoce como informe forense, y también de carácter operativo, con el fin de optimizar la gestión de la Administración territorial. "Vamos a poner a los mejores profesionales para conocer dónde ha ido a parar cada euro y exigir si procede responsabilidades administrativas e incluso penales", advirtió el president. Entre las irregularidades que destacó, figuran pagos desde entidades públicas a cuentas bancarias con titulares no identificados, según recogió la Intervención sin entrar a si se trata de algo más que una mera incorrección administrativa.

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Queda ver el alcance y coste de ese nuevo análisis, toda vez que la propia Sindicatura remite al Tribunal de Cuentas los posibles expedientes en los que haya detectado una posible responsabilidad, cosa que no ha hecho hasta ahora. Su informe correspondiente a 2022 sostiene que no ha encontrado situaciones "en las que concurran características básicas de responsabilidad contable". El fiscalizador autonómico sí ha señalado más de 1.700 millones de euros en facturas sin cobertura presupuestaria y ha realizado recomendaciones en materia de contratación. El Botànic hizo un uso extensivo de los contratos de emergencia durante la pandemia, aprovechando la agilidad del procedimiento excepcional autorizado legalmente. Mazón no concretó qué volumen de los 713 millones de euros se corresponde con esos contratos de la etapa del covid.

En su intervención ante los medios de comunicación, anunció la próxima supresión de seis entidades que califica de "fantasmas" porque no se han puesto en marcha todavía, si bien admitió que su eliminación no supondrán un ahorro de gasto. Descartó que vayan a producirse despidos de personal laboral no político. Estas entidades son la Agencia Valenciana de la Energía, cuyas funciones ya realiza la dirección general de Energía del IVACE; la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad, labor que según dijo desempeña la dirección general de las TIC; la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentarios, que ya llevan a cabo las direcciones generales de Industria y Cadena Agroalimentaria, y de Producción Agrícola y Ganadera; la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, cuya función realiza la empresa pública Vaersa; la Agencia Valenciana Cambio Climático, labores ya desempeñadas por la dirección general de Calidad y Educación Ambiental, y la Escuela Valenciana de Administración Pública, que desarrolla la dirección general de Función Pública, según explicó Mazón.

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En respuesta a la comparecencia de Mazón, los socialistas valencianos aseguraron que el barón popular busca "crear una cortina de humo ante las inminentes sentencias a dirigentes del Partido Popular". El portavoz del PSPV-PSOE, José Muñoz, afirmó que la propia Sindicatura de Cuentas "ha avalado la gestión del Consell del Botànic todos estos años". "Tan mala no habrá sido la gestión anterior cuando el señor Mazón ha mantenido en su cargo a la persona responsable del Sector Público con el Consell del Botànic", dijo Muñoz en referencia a María José Mira, que ha permanecido como secretaría autonómica en el nuevo Gobierno autonómico.

"Todos los valencianos saben la cueva de Alí Babá que fue el Sector Público con el PP en la Generalitat, la cual ha merecido condenas de cárcel de sus responsables y va a sentar ahora en el banquillo a [Eduardo] Zaplana, su padrino político, mientras [Francisco[ Camps y varios exconsellers esperan sentencia por el saqueo de la Generalitat de la trama Gürtel", asestó Muñoz.