PP y Vox dan otro paso en la demolición del Botànic con la derogación de la tasa turística

Fue una promesa de campaña del actual presidente de la Generalitat valenciana, el popular Carlos Mazón, y la ha cumplido. El Parlamento autonómico derogará este jueves de forma definitiva la ley de creación del tributo a las estancias turísticas aprobado por el Consell del Botànic presidido por el socialista Ximo Puig la pasada legislatura. La norma, que nunca ha entrado en vigor porque venía acompañada de una moratoria hasta 2024, terminó siendo un impuesto formalmente autonómico pero de voluntaria aplicación de los ayuntamientos, aunque solo el de Valencia, dirigido por Joan Ribó (Compromís) hasta el pasado 28 de mayo, se mostró dispuesto a aplicarla.

La tasa suponía un coste por turista adulto, tanto el interior como el extranjero, de 0,5 y dos euros por día en función de la categoría de cada alojamiento. Se trata de un pago añadido que aplican muchas ciudades europeas. También españolas, como Barcelona, y autonomías como Baleares. Los fondos iban a destinarse, en teoría, a reinvertir en el propio sector, en acciones como mejorar los servicios turísticos en los municipios, según los objetivos de la ley valenciana, entre los que se citaban promocionar el destino Comunidad Valenciana y su desestacionalización y diversificación, impulsar una movilidad más sostenible o proteger y regenerar el medio ambiente y los recursos naturales y promocionarlos como patrimonio.

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Apenas un año después de su aprobación, tras una dura negociación entre el Compromís y Unidas Podemos con el PSPV-PSOE, reacio a aplicarla por la presión del lobby hotelero Hosbec, será enterrada definitivamente con los votos del PP y Vox, que desde la oposición la combatieron ferozmente. Los populares de Carlos Mazón siempre han sostenido que la tasa era innecesaria por el esfuerzo fiscal que ya hacen los turistas cuando visitan la autonomía a través de sus compras y gastos. Según su posición, el impuesto podía tener efectos disuasorios, especialmente en los mercados como el de Benidorm y Costa Blanca, que trabaja con márgenes muy ajustados en los paquetes turísticos con los turoperadores. Tras el cambio de gobierno autonómico, la Agencia Valenciana de Turismo llegó a hacer incluso una campaña de promoción como territorio tax free en la última feria de turismo de Londres del pasado mes de septiembre. "El cambio se cumple", señalaba este miércoles Mazón en su cuenta de X.

Pese a las medidas, Mazón busca pactos con la oposición en las exigencias a Sánchez

La supresión de la ley, proceso que pasó primero por el pleno del Consell hace varias semanas y culmina este jueves en las Cortes Valencianas, es un capítulo más en la progresiva demolición de algunas de las medidas más representativas de la etapa de gestión del Botànic, la alianza entre socialistas, valencianistas de izquierda y morados que durante ocho años gobernó la Generalitat desde 2015. Además de introducir medidas propias como la reforma fiscal, el Ejecutivo de Mazón y sus socios de Vox ha enmendado una parte importante de la política lingüística del Botànic, como la reserva del 25% del valenciano en las etapas educativas en zonas castellanohablantes, y prepara cambios de calado en educación, como el retorno de las dos líneas lingüísticas frente al plurilingüismo de la ley actual, o la recuperación de un distrito único a la hora de elegir colegio o instituto por parte de las familias.

La operación derribo pretendía también una modificación de la ley que regula la televisión y radio autonómicas para permitir que el proceso de elección de miembros del consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) pueda producirse por mayoría simple y no cualificada, además de corregir la composición del órgano de gobierno con un nuevo puesto de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ahora controlada por el PP. El cambio permitiría a la coalición de gobierno tomar el control total de la cadena pública en la próxima renovación. No obstante, Mazón anunció este jueves la retirada de las enmiendas a la ley, después de varios protestas organizadas por sindicatos de trabajadores del ente, que temen que el plan busque intervenir políticamente en la línea informativa.

Otra de las medidas, que ha contado con el rechazo de la oposición de PSPV-PSOE y Compromís, ha sido la corrección de la ley de regulación del juego y prevención de la ludopatía en la Comunidad Valenciana para eliminar las restricciones para que salones de juegos y locales de apuestas puedan renovar sus licencias aunque estén a menos de 850 metros de un centro educativo. Se trata de una limitación que las empresas del sector habían recurrido a los tribunales, y así lo hicieron saber a los nuevos responsables de la Generalitat a través de la patronal Cejuego, como también que este tipo de establecimientos y los bingos no tengan que estar separados un mínimo de 500 metros de distancia entre ellos. La petición ha sido atendida por la coalición de PP y Vox con enmiendas a la norma a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos, con el argumento de evitar sentencias judiciales en contra.

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Con todo, el nuevo ejecutivo presidido por Carlos Mazón no ha tocado todavía algunas de las leyes que cuentan con el rechazo frontal de Vox y que pueden agitar la reacción de las formaciones de izquierda o movimientos sociales, como la ley de memoria histórica o la ley de igualdad de las personas LGTBI. Tampoco la ley sobre violencia de género, uno de los asuntos que más incomodidad ha generado a los populares por la posición negacionista de Vox. Tanto Mazón como la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero (PP), han mostrado de forma reiterada su compromiso contra la violencia machista y asegurado la dotación de recursos. Pero la pata voxista del Consell, que controla la Conselleria de Justicia a través de Elisa Núñez, no ha dejado de escenificar su ruptura con el consenso institucional en torno a este problema social, renunciando, por ejemplo, a la propia denominación de violencia de género en sus manifestaciones oficiales.

Mazón busca la foto del consenso

Pese a esas discrepancias y giros en la gestión y el modelo político, Mazón está tratando de buscar una foto de consenso institucional en torno a la agenda de reivindicaciones al Gobierno central de Pedro Sánchez. Este mismo miércoles arrancaba una ronda de contactos con los partidos con representación en las Cortes del que se ha descolgado Compromís, que no ha querido sentarse con el argumento de que primero el barón popular tiene que tener acuerdo interno con Vox en asuntos como el de la financiación autonómica y la condonación de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al que la formación de Santiago Abascal se opone para todas las autonomías.

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Mazón ha propuesto a todas las fuerzas políticas la creación de un grupo de trabajo con representantes parlamentarios autonómicos y de las Cortes Generales "para la priorización de inversiones" en la Comunidad Valenciana ante los próximos presupuestos generales del Estado (PGE), además de fijar posición conjunta en materia de financiación autonómica o la ampliación del Puerto de Valencia, a la que se opone Compromís. También ha planteado una mesa del agua y la apertura del proceso de negociación de los órganos estatutarios, como la Sindicatura de Comptes, pendiente desde la pasada legislatura.

Los socialistas sí acudieron a la reunión, aunque no el expresident Ximo Puig, que sigue sin ponerse en primera línea de oposición pese a liderar el PSPV-PSOE. Puig remitió una carta a Mazón ofreciéndose al diálogo, pero condicionándolo a la introducción de cuestiones como la violencia machista, la "censura cultural" que a su juicio está aplicando Vox, un pacto por los servicios públicos, calidad democrática y por el cambio climático. “No nos gustaría que se abordaran solo cuestiones que dependen de otras instituciones, también aquellas donde la Generalitat tiene plena responsabilidad”, señalaba. Finalmente, han sido los portavoces socialistas en las Cortes, Rebeca Torró y Arcadi España, los que se sentaron con Mazón. La foto conjunta de todos parece complicada, vistas las diferencias entre los grupos políticos.