Mazón deja en manos de la Oficina de Conflicto de Intereses el caso del vicepresidente de Vox

El Consell que dirige el popular Carlos Mazón ha dejado en manos de la Oficina de Control de Conflicto de Intereses, que depende de la propia Presidencia de la Generalitat valenciana, el caso del vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, por la posible incompatibilidad de su cargo con su actividad empresarial. Tal como publicó este martes El Confidencial, mes y medio después de su nombramiento y dos meses y medio después de conocer cuál iba a ser su destino en el nuevo Ejecutivo autonómico, el extorero designado por Vox figura todavía como administrador en siete sociedades pese a que la Ley del Gobierno Valenciano lo prohíbe.

Ni la Vicepresidencia ni la portavoz del Consell, Ruth Merino, han aclarado si Barrera ha iniciado los trámites administrativos y jurídicos para desvincularse de los órganos de gobierno de sus empresas. La también consellera de Hacienda explicó este martes a preguntas de los medios de comunicación tras la rueda de prensa del pleno del Gobierno que los consellers y altos cargos tienen dos meses para presentar su declaración pública de bienes y actividades.

"Ese plazo todavía no ha transcurrido. Una vez se produzca la declaración pública de bienes y actividades, hay una Oficina de Conflicto de Intereses que valorará si se da alguna incompatibilidad entre las actividades que viniera realizando un conseller y su cargo actual de conseller, emitirá en su caso un informe o dirá si existe alguna incompatibilidad", afirmó Merino. "Las incompatibilidades de los consellers y los altos cargos las determina una ley y no los titulares de los medios de comunicación", dijo. "A día de hoy, en titulares no podemos basarnos para decir si hay alguna incompatibilidad".

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La Oficina de Conflicto de Intereses tendrá complicado en cualquier caso no identificar una incompatibilidad en la actividad empresarial de Barrera si no renuncia a los cargos de administrador en las empresas en las que participa. La Ley del Gobierno Valenciano, en sus artículos 6 y 30, considera incompatible el cargo de conseller "con cualquier actividad profesional o mercantil". El vicepresidente todavía está inscrito como administrador único de las mercantiles Vicente Barrera Simó Sl, Clariflor, Naves Industriales Viator, Import Pesca VLC, Edificacions Formabil y Borja Barrera Simó SL. Además, ejerce de consejero en representación de su familia de Unión Vitivinícola Viñedos en Cenicero, la sociedad que comercializa la marca de vinos Marqués de Cáceres.

Quien sí ha procedido ya a ajustar su actividad y representación mercantil con los requisitos de su cargo público es el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre. El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó este martes la revocación como presidente y consejero delegado de la sociedad anónima Atitlan, que Aguirre comparte con su familia. La renuncia se inscribió el pasado 28 de agosto. La empresa, dedicada a la producción agrícola y la explotación de fincas rústicas, ha pasado a estar presidida por la hermana del conseller.

También el conseller de Sanidad, Marciano Gómez ha renunciado al cargo de administrador único de la mercantil Iniciativas Médicas y Farmacéuticas. La revocación se produjo el 11 de julio y se publicó el 18 de julio, un día antes de que Carlos Mazón comunicase la composición del nuevo Consell de la Generalitat.

La oposición pide explicaciones

La información adelantada por El Confidencial suscitó también la reacción de los grupos políticos en las Cortes valencianas. La oposición de PSPV-PSOE y Compromís reclamó explicaciones al vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera (Vox), por seguir administrando las siete empresas pese a ocupar un alto cargo en el Gobierno valenciano. Por su parte, PP y Vox replicaron que “está en plazo” para solucionar la incompatibilidad, según resume EFE.

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La portavoz socialista, Rebeca Torró, anunció que van a registrar una serie de preguntas parlamentarias y de peticiones de documentación sobre la situación del vicepresidente del Consell, ya que “está compatibilizando algo que la ley no permite”, al ocupar un cargo en el Ejecutivo y estar dado de alta como administrador de varias mercantiles. “Es una práctica que es irregular totalmente, no está cumpliendo la ley”, aseveró la portavoz socialista, quien señaló que “por ética y por moral no es oportuno” que Barrera esté en el Consell y a la vez defienda los intereses de sus empresas, más cuando ha tenido cerca de mes y medio para cumplir con la ley, por lo que debe dar explicaciones, dijo.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, avanzó que van a pedir la comparecencia de Barrera para que explique la “flagrante incompatibilidad” y el “incumplimiento” de la ley también por esta situación, y que la oficina de control de intereses e incompatibilidades se pronuncie sobre si es conocedora de esta situación. Baldoví coincidió en que Barrera ha tenido tiempo de regularizar esta situación y no “vulnerar” la ley, pues hace casi dos meses que sabía que iba a ser vicepresidente del Consell y además agosto es “hábil” en el Registro Mercantil, por lo que es necesario que dé explicaciones y renuncie “desde ya” a ser administrador de siete empresas.

"Está dentro del plazo"

Sin embargo, la portavoz de Vox, Ana Vega, afirmó que hay un plazo legal de dos meses “para presentar la declaración de bienes y hacer la tramitación que se tenga que hacer”, por lo que cree que “no se está incurriendo en ninguna irregularidad ni ninguna ilegalidad”.

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No obstante, remitió al propio departamento de Barrera, y pidió al PSPV-PSOE que no diga “tonterías” ni “venga a dar lecciones” cuando han tenido “una vicepresidenta imputada por un presunto caso de encubrimiento de abusos sexuales a menores”, en alusión a la ex alto cargo de Compromís Mónica Oltra.

El síndic del PP, Miguel Barrachina, coincidió con Vox en señalar que Barrera “está todavía en plazo” para solucionar esta situación y destacó que el Gobierno popular “cumple siempre las leyes” y no es un Ejecutivo con “un hermano del president de la Generalitat imputado y una vicepresidenta con su marido” imputado.

“Este es un Gobierno de gente honrada”, destacó Barrachina, quien afirmó que al actual Consell “le gusta que la gente sea emprendedora” y que contar con gente que provenga de actividades privadas es “respetable”.