Los jueces sospechan que Oltra conoció los abusos de su marido desde el principio

Los tres jueces de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano sospechan que la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, conoció desde el principio el caso de abusos a una menor por el que fue condenado su exmarido en el año 2019. Los magistrados Pilar de la Oliva, Vicente Torres y Antono Ferrer, este último ponente e instructor de la causa, señalan en el auto en el que asumen la competencia de la investigación contra la 'consellera' de Igualdad que fue ella misma la que "en un afán de transparencia" comunicó, "tanto oralmente como por escrito", en el inicio de su mandato su relación de parentesco con el educador Luis Eduardo Ramírez, que trabajaba en el centro concertado de acogida Niño Jesús de Valencia.

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Esta circunstancia, señala el auto judicial, hace que resulte "ciertamente increíble" que alguno de los investigados haya declarado que se enteró de los abusos y de la acusación contra el exmarido de Oltra por la prensa. "Nos hace pensar que era una circunstancia perfectamente conocida en ese ámbito, como contribuye a afirmarlo el hecho de que cuando la víctima y quien entonces era su novio denuncian nuevamente los hechos, esta vez ante los agentes del Grume (la unidad de menores de la Policía Nacional), manifiestan sus miedos porque 'el educador era el marido de un persona muy importante que salía en la tele por lo que temían que no les fueran a hacer caso'", escriben.

Esa misma razón, la de que la relación entre Oltra y Ramírez era conocida en el entorno de la sección de Menores, lleva a los jueces a "sospechar" igualmente que, "en contra de lo afirmado, conoció estos hechos desde el principio, bien por comunicación de alguno de sus subordinados, bien por sencillamente comentárselo su marido, con quien no olvidemos en esos momentos convivía", escriben.

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Oltra siempre ha sostenido que tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo el 4 de agosto de 2017, cuando llegó a su casa una notificación de diligencia contra el que en ese momento era su marido. Ese mismo mes, la pareja firmó el divorcio. Una semana antes había llegado a la consejería la diligencia del juzgado de guardia con una orden cautelar de alejamiento que no fue atendida hasta varios días después. El 8 de agosto el subsecretario ordenó por escrito a toda la estructura administrativa colaborar con el fiscal, y en esas mismas fechas se abrió el expediente informativo sobre la menor que concluyó en noviembre señalando que la adolescente, que venía pidiendo salir del centro de menores para irse a vivir con su novio de entonces, no tenía credibilidad.

Sin embargo, los abusos se habían cometido meses antes. En febrero de 2017 se produjo una primera evaluación de la menor por parte de técnicos de la Conselleria de Igualdad. La impresión trasladada por la directora del centro Niño Jesús y de otra entidad, El Faro, conocida como el Comité Antisida, que gestionaba asuntos de la familia de la víctima, llevaron a la Sección de Menores de Igualdad a no dar por bueno su relato. La adolescente no fue derivada por los técnicos de la Conselleria al Instituto Espill, para su evaluación por profesionales externos, y los hechos no se comunicaron a la Fiscalía de Menores, algo que ha recibido el reproche de la fiscal del TSJ, Teresa Gisbert. Aquellas notas administrativas se quedaron en un cajón hasta que se abrieron diligencias judiciales cuando fue denunciado el caso por la unidad de menores de la Policía Nacional.

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El TSJ debe dilucidar si se produjo un abandono de menor y se obvió la obligación de denunciar el delito de posibles abusos en cuanto se tuvo conocimiento de ello. También si, como señala indiciariamente el instructor del juzgado ordinario, la apertura del expediente derivó en un "posible concierto" político-funcionarial que tuvo como objeto socavar la credibilidad de la menor y tratar de influir en el procedimiento judicial abierto contra el exmarido de Oltra, algo que tanto ella como todos los intervinientes en ese expediente han negado.

El principal indicio contra Oltra son sus propias manifestaciones públicas, tanto en los medios de comunicación, como en las Cortes Valencianas, señalando que fue ella la que instó a abrir el expediente. Posteriormente se ha desdicho de estas manifestaciones. Así lo ha trasladado al tribunal en el escrito de personación en la causa. El TSJ admite que "no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada", pero sí que concurren "unos indicios plurales", que en principio "hacen pensar que fueron orquestados". Ahora la ha citado a declarar como investigada el próximo 6 de julio para que se explique, al tiempo que crece la presión política alrededor de su figura y del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.