La fiscal ve un plan de Oltra para desacreditar a la menor de los abusos y le achaca tres delitos
El Ministerio Público sostiene que podría haber cometido prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Considera que urdió un plan para ocultar el caso y desacreditar a la víctima
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Prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Estos son los tres delitos que indiciariamente la Fiscalía de Valencia atribuye a Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento de los abusos de su ex a una menor de 14 años tutelada por la Generalitat. El Ministerio Público, en un durísimo escrito, relata cómo ocurrieron los hechos y sostiene que la Conselleria de Igualdad, departamento que dirige la líder de Compromís, “realizó una investigación superficial”, cuya meta era ocultar lo sucedido y desacreditar el testimonio de la joven.
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El escrito, firmado el pasado 1 de junio por la fiscal superior, Teresa Gisbert Jordá, y remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), remarca que cuando Luis Eduardo Ramírez abusó de la víctima entre 2016 y 2017, Oltra ya era ‘consellera’ de la Generalitat y, por lo tanto, la “superior jerárquica de todos los funcionarios públicos que tuvieron relación con los hechos ahora investigados”. También destaca que en el Centro de Menores donde la joven sufrió abusos era conocida la relación sentimental que el autor había mantenido con la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana.
Entre finales de enero y principios de febrero de 2017, la menor relata los abusos de los que fue víctima y aunque ya entonces un mínimo de dos trabajadores sociales conocen los hechos no es hasta junio, cuatro meses más tarde y lapso de tiempo en el que cada vez más empleados de la Conselleria tienen constancia de lo ocurrido, cuando dos policías se enteran de lo sucedido. “Hasta entonces nada supieron ni la Policía, ni la Fiscalía de Menores, ni la Administración de Justicia”, remarca Gisbert Jordá. “A la vista de todo lo hasta ahora expuesto, a nuestro entender, es preciso e ineludible cuestionar si hubo una voluntad real de esclarecer estos abusos”, sigue.
El informe de la Conselleria
Es en agosto de 2017, una vez que la Fiscalía presenta una denuncia y prohíbe al exmarido acercarse y comunicarse con la menor, y también después de que Oltra tenga conocimiento de lo que pasó, cuando esta encarga un expediente, según explicó, para saber cómo actuaron los trabajadores, para la Fiscalía, sin embargo, el motivo era otro. “Más bien parece que se incoó con objeto de liberar de responsabilidades a la Generalitat Valenciana y a las personas y organismos que ejercían o intervenían en la tutela de la menor. Curiosamente, el expediente se concluyó considerando la Instructora que el testimonio de la adolescente no era creíble”.
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La Fiscalía considera que “hubo una orden verbal” de la líder de Compromís para que los funcionarios “actuasen incoando una información paralela a la judicial con objeto de desvirtuar la credibilidad de la menor”. El movimiento, siempre según el escrito de la Fiscalía, tendría como fin último beneficiar “al autor material de los hechos, a la Honorable Sra. Oltra y a todos los intervinientes” para “eludir las posibles responsabilidades políticas y/o penales”.
Los tres delitos
Gisbert Jordá apunta a la comisión de un posible delito de prevaricación por parte de Oltra porque considera que en lo sucedido subyace “una idea directriz de ocultar los hechos y, cuando salieron a la luz, la finalidad de desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad”. “Supone un plan preestablecido” y sigue: “Fuerte indicio de que dicha orden fue emitida por la aforada es que todos los que intervinieron en los hechos mantuvieron siempre”, a excepción de una de las funcionarias, “la misma versión exculpatoria de la Consellería de Igualdad”.
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Sobre el abandono de menores, el escrito es tajante: “El hecho de no denunciar los abusos ante la Policía, la Fiscalía de Menores, la Administración de Justicia, supuso un incumplimiento flagrante, abritrario, sin justificación legal alguna y muy grave de los deberes de un tutor con su pupilo”. Y sobre el último de los ilícitos, la omisión del deber de perseguir delitos, también es categórico: “Todos los intervinientes dejaron de cumplir a sabiendas su obligación como encargados de la custodia y tutela de la menor”.
Prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Estos son los tres delitos que indiciariamente la Fiscalía de Valencia atribuye a Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento de los abusos de su ex a una menor de 14 años tutelada por la Generalitat. El Ministerio Público, en un durísimo escrito, relata cómo ocurrieron los hechos y sostiene que la Conselleria de Igualdad, departamento que dirige la líder de Compromís, “realizó una investigación superficial”, cuya meta era ocultar lo sucedido y desacreditar el testimonio de la joven.