Una menor abusada, un sistema fallido y la ultraderecha: el cóctel que persigue a Oltra
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ESPAÑA 2000 ASESORA A LA CHICA

Una menor abusada, un sistema fallido y la ultraderecha: el cóctel que persigue a Oltra

El líder de España 2000 asesora a la chica que sufrió abusos del exmarido de la vicepresidenta valenciana. El primer escalón de la red de protección falló porque no creyó a la víctima

Foto: La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra. (EFE)
La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra. (EFE)

Nadie creyó a Teresa cuando en febrero de 2017 expresó por primera vez que había sufrido abusos de uno de los educadores del centro de menores Niño Jesús de Valencia, una residencia privada concertada con la Generalitat Valenciana. Tenía 14 años y era lo que se conoce como una menor "institucionalizada", hija de una familia desestructurada, cuya tutela correspondía temporalmente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

El pasado 23 de marzo, la Audiencia Provincial de Valencia sentenció por segunda vez (tras la anulación de un primer juicio) que Luis Eduardo Ramírez, el educador, había abusado de la niña masturbándose, aprovechando los momentos en los que se quedaba solo con ella con la excusa de ayudarla a conciliar el sueño en el cuarto en el que la directora del centro, Isabel Domingo, la castigaba por su conducta rebelde y la apartaba del resto de menores residentes.

El de Teresa no pasaría de ser un caso más de menores desprotegidos víctimas de abusos sexuales si no fuera porque el educador condenado cinco años de prisión era en el momento de los hechos el marido (formal, pues ya estaban separados y con el cese de convivencia tramitado) de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, máxima responsable política de la 'conselleria' de la que dependía la tutela de la menor.

placeholder El centro de menores Niño Jesús de Valencia.
El centro de menores Niño Jesús de Valencia.

La aparición del caso en los medios de comunicación, que coincidió con la celebración del primer juicio, suscitó ya críticas a la gestión de Oltra por parte de la oposición, principalmente el Partido Popular. Sin embargo, la segunda sentencia, todavía recurrible ante la Sala de lo Penal del TSJCV, contra su exmarido, con el que comparte dos hijos, ha señalado cómo la estructura institucional falló a la hora de proteger a la víctima y pesaron más en su tratamiento las dudas sobre su carácter conflictivo que el agujero de seguridad que supone que una menor problemática quede aislada dentro del mismo centro en una habitación con el que luego resultó ser su abusador.

Acosada por las críticas a la gestión de su departamento, la lider de Compromís ha solicitado comparecer en las Cortes Valencianas para dar todas las explicaciones, al tiempo que la víctima, que ahora es mayor de edad, ha comenzado a exponerse públicamente señalando haberse sentido desprotegida. Lo hizo el pasado 28 de marzo en una entrevista publicada por el diario 'Las Provincias'. Su aparición en escena coincide con el asesoramiento legal que la joven ha comenzado a recibir de José Luis Roberto, abogado y líder de la formación ultraderechista España 2000. El propio Roberto, que fue secretario técnico de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela), ha hecho público a través de sus perfiles sociales su intención de representar legalmente a Teresa en una denuncia contra la Conselleria de Igualdad. España 2000, además, se está presentando como intermediaria voluntaria para recoger dinero en teoría para la joven.

El historial de inquina de Roberto contra Oltra es conocido. El líder del partido ultraderechista con sede en Valencia protagonizó en octubre de 2017 un escrache frente al domicilio de la vicepresidenta valenciana mientras ella estaba dentro con sus hijos. El líder de España 2000 se apostó junto con integrantes de esta formación enfrente de la vivienda enmascarado y con fuerte megafonía. Oltra denunció a Roberto y otros tres acompañantes por acoso, pero, aunque el juez consideró que se había producido una "extralimitación de la libertad de expresión", no vio delito y los absolvió.

Foto: Ciudad de la Justicia de Valencia.

No hay ningún indicio probado de que Oltra o su equipo tuviesen conocimiento de los hechos en su origen y diesen alguna instrucción para tratar de ocultarlos. Pero el problema político para Oltra es que la respuesta de la estructura funcionarial y del propio centro privado fue deficitaria, según el tribunal. Y esto ha alimentado todo tipo de especulaciones.

Ni la directora primero, con la que Teresa estaba enfrentada, ni la psicóloga ni un posterior análisis de la dirección territorial dieron credibilidad al testimonio de la víctima. Sospecharon que había inventado la historia para abandonar el centro. Tampoco el análisis que realizó el Instituto Espill, un gabinete especializado externo que realiza informes sobre abusos y agresiones sexuales (en 2017 informó sobre 189 casos).

La Audiencia Provincial es muy crítica con estos análisis, cuya aparición tras el primer juicio motivó la anulación de las vistas y la repetición de las mismas. No se aportaron a la causa en un primer momento, pese a beneficiar al condenado. "El 'informe reservado' y el informe pericial del Centro Espill podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la Conselleria por un educador, habiéndose hecho patente como consecuencia de la prueba esa relación de dependencia entre las autoras del informe y la Administración que les hace la encomienda", señala la sentencia.

Foto: José Luis Roberto, líder de España 2000, frente a la casa de Oltra.

El fallo también evidencia la complicada relación de la menor con la directora del centro, a la que incluso recurrió el condenado para preparar su versión de los hechos. El tribunal, de dos mujeres y un hombre, presidido por Dolores Hernández Rueda, advierte de la "hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla. Llama la atención cómo se ocultan los apellidos del acusado en la información reservada, o cómo se permite a este confeccionar un “protocolo” 'ad hoc' y con una finalidad claramente defensiva que incluso remite a la directora del centro para que le sugiera cómo mejorarlo", explica.

En su defensa, ante la evidente discrepancia entre la sentencia de la Audiencia y las conclusiones del primer nivel institucional que debía atender a la víctima sobre su credibilidad, el equipo de Oltra ha defendido siempre que su primera reacción en cuanto tuvo conocimiento "oficioso" de la existencia de ese caso fue ordenar a la dirección política de su departamento que instase al nivel funcionarial a la máxima colaboración con la Fiscalía para esclarecer el caso.

Foto: Uno de los cuartos del centro de menores de Monteolivete en Valencia. (GVA)

Así figura en una orden fechada el 11 de agosto de 2017 y firmada por el subsecretario de Igualdad, una persona de la máxima confianza de Oltra, en la que insta a la Dirección Territorial a contestar al oficio con requerimiento de información de la Fiscalía de Menores pendiente de respuesta. "Se insta a que se proceda de forma inmediata a atender las peticiones formuladas por la Fiscalía, informando a este centro directivo cuando se haya producido", señala el escrito al que que tuvo acceso El Confidencial.

Además, Oltra ordenó modificar los protocolos para que los responsables de los servicios sociales trasladasen de oficio a la Fiscalía de Menores cualquier sospecha de abusos sexuales, más allá de cualquier otra consideración y aunque estuvieran en marcha los análisis propios. Esto es algo que no hicieron ni la directora del centro Niño Jesús cuando recibió el primer aviso por la técnico antisida que trabajaba con la familia de Teresa, y a la que la víctima comentó por primera vez los abusos, ni la psicóloga, ni la dirección territorial cuando realizó el denominado por el tribunal "informe reservado", en el que no dio por bueno el testimonio de la menor.

Fue la Policía Nacional la que, tras informar a la directora de los hechos de los que tuvo conocimiento en una de las fugas del centro de la menor, la única víctima de esta historia, decidió dar traslado al Ministerio Público.

Mònica Oltra
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