Oltra admite que encargó el informe sobre el abuso: "Si me quieren, aquí me tienen"

La vicepresidenta valenciana Mónica Oltra asumió este lunes la responsabilidad de la apertura del expediente informativo que elaboró la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas de la Generalitat sobre el caso de abusos a una menor en el centro Niño Jesús de Valencia, por el que ha sido condenado su exmarido a cinco años de prisión. "Yo encargué el expediente informativo porque necesitaba saber qué había pasado. Se lo dije a la directora general, y la directora general pidió que se averiguase qué ha pasado. No hay nada más. Todo lo demás son ganas de una cacería política de la extrema derecha (…). Que dejen de molestar a la gente y a las funcionarias y de poner en entredicho su profesionalidad. Si me quieren a mí, me tienen a mí", señaló la lideresa de Compromís a preguntas de los medios de comunicación en una comparecencia sobre la renta de inserción.

Sus declaraciones se producen después de que el juez que instruye una querella por un delito de abandono de menor presentada por la víctima, representada por José Luis Roberto, líder del partido ultra España 2000, haya citado a otros cinco cargos de Igualdad, entre ellos la directora general de Infancia, Rosa Molero. Esta había sido señalada por otra de las investigadas como responsable de la apertura del citado procedimiento. El expediente administrativo, que se abrió cuando ya estaba en marcha el proceso judicial y existía una orden de alejamiento del cuidador a su víctima, desembocó entre otras conclusiones en una evaluación psicológica por parte de una entidad independiente, el Instituto Espill, que concedió "poca credibilidad" al relato de la adolescente. Este instituto realiza habitualmente evaluaciones en casos similares para la Administración.

"Que no busquen más. Ese informe lo encargué yo. Que dejen a la gente en paz"

Este último informe y parte del expediente sirvieron para repetir parcialmente el primer juicio contra Luis Ramírez, pero el tribunal lo desestimó, apoyándose una pericial del Instituto de Medicina Legal que sí consideró creíble el relato de los abusos de la víctima. En el fallo, el tribunal cuestionó la independencia de la evaluación técnica de la 'conselleria', que calificó de "instrucción parajudicial". Esa visión fue secundada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ratificó la condena al agresor. Ramírez ha recurrido ante el Tribunal Supremo alegando indefensión.

Mónica Oltra insistió este lunes en que se ha producido una "extralimitación" de la sentencia de su exmarido porque la 'conselleria' "no es parte ni pudo ir nadie allí a dar su versión". La vicepresidenta reiteró que ella misma encargó el 8 de agosto de 2017 la apertura del expediente con una finalidad informativa. "Para saber qué actuaciones se habían realizado; por qué no se había derivado la presunta víctima a Espill; por qué no se le había hecho la atención psicológica de tratamiento que hacía falta. Todo eso se concreta en un informe, en un expediente informativo que es como se hacen las cosas en la Administración. Se la deriva y se actúa como ordenadamente se ha de actuar", abundó la también 'consellera' restando trascendencia penal al procedimiento, por el que está por el momento investigada casi toda la estructura técnico-política del área de menores de su departamento.

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"Lo que más lamento es que hay unas funcionarias que están padeciendo una situación de cuestionamiento de su profesionalidad y su trayectoria en esta casa que me parece injusta e inmerecida. Esto es una cacería política a mi persona. Que no busquen más. Ese informe, el expediente, lo encargué yo. Que dejen a la gente en paz. Y puedo dar todas las explicaciones que quieran. Aquí y donde haga falta", dijo tras recordar que en sus comparecencias parlamentarias había explicado todo esto.

Esta afirmación, "aquí y donde haga falta", no es gratuita. Oltra sabe que si el juez instructor quiere saber las razones de la apertura de ese expediente tendrá que llamar a declarar finalmente a quien dio la orden de ponerlo en marcha. La vicepresidenta es aforada por condición de diputada autonómica, de forma que no puede ser investigada por un juzgado de primera instancia. Ha de ser el Tribunal Superior de Justicia el que abra cualquier diligencia que le afecte.

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La Sala de lo Penal del TSJ ya rechazó investigarla por falta de indicios. Pero en el auto de sobreseimiento advertía que todos los elementos puestos de manifiesto por la querellante "justifican plenamente el inicio de una investigación penal dado lo sospechosa que resulta la actuación del personal directivo y técnico de la Consellería, particularmente del personal que ordenó y llevó a cabo lo calificado como 'instrucción parajudicial', así como el tratamiento dispensado a la menor".

A la espera de lo que declare la directora general de Infancia en una próxima comparecencia ante el juez, habrá que ver si el instructor opta derivar toda la causa al TSJ para que decida si tiene que llamar a Oltra como investigada para aclarar un asunto que se le está complicado sobremanera.