El PP busca un doble jaque a Yolanda Díaz con la polémica de los menores que afecta a Mónica Oltra

El Partido Popular ha mordido presa con la gestión de los menores tutelados en la Generalitat y no piensa aflojar la dentellada. Los populares han elevado mucho el tono de la crítica a la gestión de la vicepresidenta y 'consellera' de Igualdad, Mónica Oltra, a raíz de un informe de la Sindicatura de Greuges que desveló la existencia de la activación de la alerta de posibles abusos en 175 menores bajo protección desde junio de 2020 hasta julio de 2021. El equivalente valenciano Defensor del Pueblo ha resuelto ya cerrar la investigación después de que la Administración autonómica haya atendido sus recomendaciones, pero los populares pretenden mantener una ofensiva política en la que se ha implicado el mismo Pablo Casado.

Las conservadores están tensionando todos los resortes institucionales posibles para desgastar a la vicepresidenta valenciana, uno de los puntales del Consell del Botànic y referencia valenciana en la plataforma electoral que está tratando de articular Yolanda Díaz, como Ada Colau lo es en Cataluña. Formalmente, la ofensiva se justifica en la labor fiscalizadora de oposición, aunque no se niega que exista un objetivo político de erosionar la coalición que gobierna la Generalitat, que preside el socialista Ximo Puig, o de minar los planes electorales de la vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes populares reconocen fuera de micro que "la mala gestión va en la línea de flotación de los dos partidos que se quieren juntar", en referencia a Compromís y Unidas Podemos, responsable del Ministerio de Derechos Sociales con Ione Belarra al frente y con competencias en políticas de infancia y adolescencia. "Es un desgaste provocado por su propia incompetencia", dicen los populares sobre Oltra. Y sobre Yolanda Díaz advierten: "Ella verá qué amigas y compañeras se busca".

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El PP incluso ha involucrado a la portavoz de los populares españoles en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, con capacidad de dar luz verde a investigaciones parlamentarias como presidenta del Comité de Peticiones. Se trata de un órgano contemplado para atender quejas de ciudadanos, pero que recibió un escrito de la diputada autonómica valenciana Elena Bastidas al que la propia Montserrat dio entrada en una resolución firmada el 15 de octubre del año pasado. Esto ha dado pie al PP a elevar la voz contra Oltra y hablar de una supuesta investigación de Bruselas a su gestión, aunque en realidad se trata de una misión que tutelarán eurodiputados conservadores.

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La batería de preguntas e iniciativas alcanza también al defensor del pueblo y al Congreso de los Diputados, en línea con las denuncias políticas que el PP ya ha desplegado también por la gestión y las políticas con menores tutelados en Baleares. Se trata de un ofensiva no exenta de riesgos. La frontera entre ejercer el rol de control de oposición y pasarse de frenada por querer obtener ventaja política de un asunto muy sensible y complejo es muy fina. De hecho, en la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, del PP, ha pedido sacar de la confrontación política los casos de abusos a menores, tras destaparse una red de explotación sexual entre cuyas víctimas había chicas menores de edad cuya tutela correspondía al Gobierno autonómico madrileño.

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Tanto desde Compromís como desde los socialistas de Puig acusan al PP de buscar una "cacería" personal contra Oltra y de manipular los informes y los datos. De los 175 casos de alerta de abusos bajo el sistema de protección, 74 casos se produjeron en el domicilio familiar de la víctima y otros 30 fuera de centros de acogida. Ninguno de los 15 casos en residencias dependientes tuvo como agresor a un profesional del sistema de protección, según el informe del 'síndic de greuges'. 118 de los 175 expedientes fueron denunciados al tratarse de agresores mayores de edad, aunque todos los casos se comunicaron a la Fiscalía. Desde la 'conselleria' de Oltra, aseguran que si los expedientes de abusos han sido contabilizados, es precisamente porque el sistema de alertas ha funcionado para detectarlos.

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La vicepresidenta valenciana tiene previsto comparecer este martes en las Cortes valencianas para explicar la gestión y respuesta ante posibles casos de abusos a menores tutelados por su departamento. "No pienso arrugarme. Voy a desmontar la campaña de bulos, de difamaciones, de mentiras y medias verdades", señaló en referencia a las denuncias del PP, que ha reclamado su dimisión.

Los conservadores aseguran que quedan cuestiones por conocerse que pueden poner en evidencia a Oltra. En paralelo, está por resolverse el recurso ante el Tribunal Supremo del exmarido de la vicepresidenta, condenado a cinco años por abusos a una menor en el centro privado Niño Jesús de Valencia, concertado con la Generalitat. Asesorada y respaldada por el líder del partido ultraderechista España 2000, José Luis Roberto, la víctima ha denunciado a la directora del centro, a dos cargos y a una funcionaria de la Conselleria de Igualdad por delitos de abandono de menor necesitada de protección por incumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la tutela, de un delito de prevaricación, de un delito de omisión de auxilio y de un delito de encubrimiento. Roberto fue denunciado por acoso por Oltra tras protagonizar un escrache nocturno frente al domicilio particular de la vicepresidenta antes de trascender los hechos que han provocado la condena del exmarido. Esa causa no prosperó y fue archivada.

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Es muy probable que, aunque sea por una cuestión de garantías, las denuncias resulten investigadas después de que la Audiencia Provincial haya resuelto reabrir la causa contra ellas.

El Tribunal Superior de Justicia ya exoneró a Oltra, aforada como diputada autonómica que es, al entender que no existían indicios de responsabilidad penal en la gestión del caso de su exmarido. La lideresa de Compromís siempre ha mantenido que ordenó a sus subordinados colaboración absoluta con el fiscal de menores en cuanto tuvo conocimiento de la apertura de diligencias en agosto de 2017. Fue su propio excompañero quien la avisó cuando recibió la primera citación judicial, según su relato.