Oltra defiende su gestión en menores y carga contra el PP: “Nos les importan los niños”

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana y 'consellera' de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, defendió este martes su gestión en la lucha contra los abusos sexuales a menores y acusó al Partido Popular de instrumentalizar los órganos de control y manipular y tergiversar los datos de su propio departamento con el fin de desgastarla a ella personalmente y al llamado Consell del Botànic que preside el socialista Ximo Puig.

En una comparecencia a petición propia en las Cortes Valencianas tras conocerse un informe de la Sindicatura de Greuges (el Defensor del Pueblo valenciano) que revelaba 175 atenciones de sospechas de abusos en menores bajo protección de la Administración autonómica entre junio de 2020 y julio de 2021, Oltra aseguró que el informe del Síndico se basa en datos proporcionados por su propio departamento basados en su sistema de alertas y destacó que ninguno de los expedientes son sospechas de abusos de profesionales del sistema. La vicepresidenta subió a la tribuna parlamentaria en la Diputación Permanente flanqueada en la Cámara por el vicepresidente segundo Héctor Illueca (Unidas Podemos); dos 'consellers' socialistas (Vicent Soler y Ana Barceló); el 'conseller' de Educación, Vicent Marzà (Compromís), y la 'consellera' de Trasparencia, Rosa Pérez Garijo, de Esquerra Unida. El ‘president’ Ximo Puig no estuvo presente en la sesión.

Oltra detalló que de las 175 atenciones, 131 son menores que entraron en el sistema de protección después de la sospecha de abusos (93 revelaron su situación una vez bajo tutela), 12 son casos de conductas sexuales consideradas inadecuadas para la edad, seis fueron detectados tras visitas de la asistencia social a hogares familiares y 17 son sospechas de abusos en diversos entornos como casas de parejas o campamentos. Otras 10 son sospechas de abusos entre iguales, es decir, entre menores de edad, según explicó.

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La vicepresidenta, que salió bastante airosa de la comparecencia, aseguró que los populares disponían de datos desde el mes de octubre porque fueron proporcionados al grupo parlamentario por su ‘conselleria’ y acusó a los conservadores de “manipular” y tergiversar las cifras. Puso a disposición de las Cortes los 175 expedientes anonimizados y arguyó que ella no puede ser responsable de un abuso, sino del sistema de detección, alerta y protección.

“Les da igual la situación de los niños, siempre les ha dado igual”, asestó. “Para ustedes, estas niñas y adolescentes que son vulnerables no son más que un instrumento en su batalla por desgastar al Gobierno y a mí en particular; nunca les han importado ni sus vidas ni sus desventuras ni sus éxitos ni cómo ha mejorado el sistema de protección”.

La portavoz del PP, María José Catalá, acusó a Oltra de mentir al señalar que ha sido ella la que puso en marcha protocolos para comunicar de inmediato a la Fiscalía cualquier sospecha de abuso. Catalá explicó que las instrucciones de la vicepresidenta se produjeron justamente a raíz del caso de abuso a una menor tutelada por el que ha sido condenado su exmarido a cinco años de cárcel y que ya existía la obligación de comunicación en la ley del año 1996 de protección a la infancia.

La número dos de los populares valencianos, secretaria general del PPCV, calificó de “bochornoso” que Oltra haya hecho en los últimos días una distinción entre casos perpetrados y solo de sospechas de abusos entre las 175 víctimas que figuran el informe del Síndico. Y recordó que la norma autonómica de violencia de género reconoce la condición de víctima a la mujer desde el momento en que acude a pedir auxilio al sistema de protección.

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La portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, reclamó en su intervención la dimisión de la vicepresidenta y le reprochó la tardanza en contestar a los requerimientos de información a la Sindicatura de Cuentas. “Solo se han dado prisa cuando el tema se les ha ido de las manos, y además de su gestión ha salido a la luz su soberbia”. Sobre las acusaciones de manipulación de Oltra, la parlamentaria naranja insistió en que “es rotundamente cierto que 175 menores que están bajo su tutela han sido abusados en algún momento”. “Que los abusos se producen fuera de la ‘conselleria’ y en horarios fuera de control de los profesionales, sabemos leer”, admitió Merino.

La portavoz de Vox, Ana Vega, sacó a colación las sentencias sobre el caso de abusos del exmarido de Oltra y las dudas que plantean sobre la independencia de los informes técnicos de la Conselleria de Igualdad de evaluación de la víctima. Oltra lanzó una advertencia a Vega: “No voy a tolerar que me acusen de un delito que además es mentira. No vuelva a decir que yo he tapado un abuso sexual porque la inmunidad no le ampara la calumnia”.

Oltra recibió el respaldo de los portavoces de los grupos parlamentarios que dan sustento al Consell del Botànic: Carmen Martínez, del PSPV-PSOE; Carles Esteve, por parte de Compromís, e Irene Gómez, de Unidas Podemos.

Los trabajadores sociales reclaman respeto y sacar los abusos de la bronca política

El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales reclamó este martes que se saque del debate político la gestión de los menores. Este colectivo se refirió a unas recientes declaraciones de Pablo Casado, el presidente del Partido Popular (PP), quien aludió a casos de abusos a niñas tuteladas a Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana "haciendo una comparativa entre comunidades autónomas; un delito que está siendo investigado por la Policía Nacional desde hace meses".

"Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de València (COTSV) pedimos que no se haga política con los y las profesionales de los servicios sociales. Consideramos que determinadas declaraciones implican acusaciones generalizadas contra persones cuidadoras, lo cual esparce entre la sociedad una duda sobre la integridad, la dedicación y la vocación de todas las personas que nos ocupamos profesionalmente de la atención a la infancia y la adolescencia", difundió el colegio a través de un comunicado.

"Las personas menores de edad que son usuarias de los centros de protección viven situaciones muy complejas en términos familiares, afectivos, económicos… Por lo tanto, necesitan un acompañamiento altamente comprometido y riguroso. Trabajadores y trabajadoras sociales, del mismo modo que compañeras y compañeros otras profesiones (como educación social y psicología), nos esforzamos mucho para así ofrecerlo con los recursos que tenemos a nuestro alcance".

En consecuencia, dijeron, "exigimos una acción de gobierno y una oposición política que esté a la altura de esta realidad social; que defienda las leyes de protección de niños, niñas y adolescentes; así como que respecto a las personas profesionales implicadas en su correcta implementación. Todas trabajamos de lo lindo de acuerdo con nuestro código ético y deontológico, de forma que el interés superior de las personas menores de edad está siempre al frente".

 "Desde el COTSV condenamos cualquier acto de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, como también una instrumentalización injustificada. Nos gustaría una política centrada y unida en esto mismo. Hablamos de la defensa de los derechos humanos, que tendría que estar por encima de cualquier otra cuestión".