Oltra alega que no hay ninguna prueba que la incrimine y pide al TSJ que archive su causa

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia valenciano que sobresea la causa contra ella y devuelva al juzgado ordinario el expediente por la gestión de su 'conselleria' (Igualdad y Política Inclusivas) en el caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido. La dirigente de Compromís, a través de su abogado, ha remitido un escrito de alegaciones de 36 páginas en el que sostiene que no hay ningún elemento que sustente "indicios racionales de criminalidad" contra ella, califica de "elucubraciones" las acusaciones de los denunciantes y desacredita la exposición razonada del juez instructor que reclama que sea oída como investigada. La Fiscalía del TSJ ha respaldado esta petición.

"Llama poderosamente la atención que el instructor, en la exposición razonada que realiza, no plantea ni razona, ni siquiera con un juicio de provisionalidad, por qué los indicios y juicios de valor que considera concurrentes o imputables a la Sra. Oltra puedan ser típicos. No se concretan qué hechos han sido cometidos por la vicepresidenta y 'consellera', ni cuál es la ilicitud de los mismos, ni tampoco a qué supuestos de hecho tipificados penalmente se corresponden", se escribe en el documento de alegaciones.

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La defensa de la 'consellera' de Igualdad sostiene que con la causa "se pretende la apertura de una investigación contra nuestra representada de marcado cariz prospectivo y con finalidad notoriamente espuria". Y atribuye a razones de índole política la denuncia interpuesta tanto por la menor, representada por el abogado del partido ultraderechista España 2000, José Luis Roberto, como de la acusación popular, que comparten Vox y la fundadora de este partido, Cristina Seguí, a través de una asociación. "Huelga decir que las motivaciones de las acusaciones, de marcado y enfrentado cariz ideológico y político contrario al pensamiento de la Sra. Oltra, no son otras que visibilizar la existencia de un proceso penal y extraer réditos políticos de dicha instrumentalización".

La clave de la exposición razonada del instructor, y que sustenta los indicios contra Oltra, está en la declaración ante los medios de comunicación el pasado 7 de marzo en la que admite que ella encargó el expediente informativo que se abrió en 2015 sobre la menor cuando ya se habían iniciado diligencias por parte de la Fiscalía de Menores. Ese expediente concluyó que el relato de abusos de la víctima no tenía credibilidad, una argumentación que no fue atendida por el tribunal que condenó a su exmarido, Luis Eduardo Ramírez. La Audiencia Provincial, tras un primer juicio anulado para incorporar al procedimiento los informes de la Conselleria de Igualdad, que el fiscal no trasladó a las partes en el primer procedimiento, volvió a fallar en favor de la víctima, tomando como prueba de cargo otra pericial del Instituto de Medicina Legal. En la sentencia, la Audiencia carga duramente contra la Administración valenciana, y critica lo que considera un tratamiento sesgado contra la adolescente, cuyo relato nadie creyó en la sección de Menores.

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Oltra cuestiona las afirmaciones de la Audiencia Provincial, reprocha que se incluyesen en el fallo contra su exmarido sin haber dado la oportunidad a la 'conselleria' de dar su versión de los hechos y resta reproche penal a la apertura del expediente administrativo paralelo a la investigación judicial, del que dice que entraba dentro de las atribuciones de la Administración. "La naturaleza del citado expediente informativo, su adecuación a la norma, la oportunidad y criterio a la hora de iniciarlo, así como el contenido y conclusiones han sido claramente expuestas, explicadas y razonadas por sus autores, remitiéndonos expresamente a las declaraciones prestadas en fase de instrucción por las personas investigadas y en especial por Dña. Rosa Josefa Molero, Dña. Gema Plaza, Dña. Amparo Nogués, Dña. María José Navarro Molina, y Dña. María Isabel Año Miranda y Don Jesús Esquiu", todos ellos cargos públicos y funcionarios de la Conselleria de Igualdad investigados.

Pero, además, Oltra ha aportado a la causa manifestaciones públicas posteriores en las que se desdice, niega que ella encargase ese expediente y atribuye sus primeras palabras al deseo de descargar de responsabilidad a los funcionarios y altos cargos de su departamento, investigados por el Juzgado de Instrucción Número 15, algo que considera "injusto". "No es cierto que Doña. Mónica Oltra Jarque ordenara o tuviera que ver con la decisión de aperturar el citado expediente y tampoco tuvo nada que ver, ni intervino, ni en su tramitación, ni en la elaboración de sus conclusiones, ni tampoco tuvo nada que ver con el destino del mismo", escribe su defensa.

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En el escrito, recoge, además, parte de las declaraciones ante el juez instructor de la directora general de Infancia, Rosa Molero, que afirma que fue ella quien ordenó tramitar el expediente y no recibió ninguna orden de su superiora. Y recuerda que ninguno de los investigados que ha comparecido durante la fase de instrucción, funcionarios, técnicos y altos cargos, "ha señalado la participación directa o indirecta" de Oltra.

—Juez: En rueda de prensa, la vicepresidenta dijo que ese informe lo encargué yo, "dejé a las personas en paz". Y añadió: "Se lo dije a la directora general y la DG dijo: 'Averiguad qué ha pasado". Me surge la duda, "responde a una iniciativa de usted la solicitud del expediente informativo o se lo encarga la vicepresidenta?".

—Rosa Molero: Yo no recibí ningún encargo de la Sra. Oltra para hacerlo.

—Juez: Ya me ha indicado que la misma no le dio ninguna indicación, ¿ninguna otra persona lo hizo?

—Rosa Molero: Ninguna otra persona.

—Juez: ¿De su propia iniciativa le pide a la subdirectora que inicie el expediente?

—Rosa Molero: Sí.

En la misma línea se expresó en su comparecencia como investigada la subdirectora general de Infancia, Gema Plaza, que descargó también a Oltra de responsabilidad en el expediente en cuestión. "Ningún funcionario de la Generalitat, ni trabajadores de entidades colaboradoras recibieron orden, sugerencia, indicación o consigna, ni directa ni indirectamente, por parte de doña Mónica Oltra para que se actuara de una u otra forma y en concreto para que aperturase un expediente informativo o para que ocultase datos de la investigación o perjudicase de alguna forma a la menor", insisten los abogados.