Mónica Oltra se aferra al cargo pese a los indicios del juez y la presión para que dimita

La situación política de Mónica Oltra ha entrado en una espiral cada vez más complicada. La exposición razonada del juez instructor en el caso de los presuntos abusos de su exmarido a una menor tutelada de la Consellería de Igualdad, que pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que la llame a declarar, ha dejado a las puertas de la imputación a la vicepresidenta valenciana y lideresa de Compromís. La decisión es de la Sala de lo Civil y Penal del tribunal autonómico, que en su día ya se pronunció rechazando investigarla, si bien en la misma resolución advirtió que esa circunstancia podría cambiar si un juzgado de Instrucción hallaba indicios de relevancia penal contra ella, como así ha ocurrido.

La posible imputación de Oltra abre un escenario complejo para ella, pero también para el Consell del Botànic que preside el socialista Ximo Puig. La vicepresidenta, además de' consellera', es la portavoz del Gobierno autonómico. Sin embargo, la primera reacción ha sido de cierre de filas y avanzar que no piensa renunciar a sus cargos (es también diputada autonómica, de ahí su fuero). La experimentada política aseguró que no tiene previsto dimitir, como ya le han reclamado los partidos de la oposición, el PP, Vox y Ciudadanos. Incluso dirigentes nacionales de estos partidos, como el naranja Edmundo Bal, reclamaban ayer su renuncia o su destitución al 'president'.

"Siempre he dicho que la decencia y la línea ética no la marcan los tribunales"

"No tengo ninguna razón para dimitir. Siempre he dicho que la decencia y la línea ética no la marcan los tribunales. Aquí no se ha cometido ninguna ilegalidad", manifestaba. "Todas las personas que han desfilado por el juzgado han dejado claro que no ha habido ni órdenes ni instrucciones ni nada que no fuera dejarles trabajar en libertad y desde la profesionalidad. Por lo tanto, no hay ningún indicio de lo que no existe. Si no hay delito ni indecencia no puede haber una consecuencia jurídica", fue la primera reacción pública de Oltra.

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La posición de Oltra, que recibió el respaldo cerrado de su partido, Iniciativa, y de Compromís en forma de comunicado, es tratar de rebajar la gravedad de la posible imputación al enmarcar la exposición razonada del juez en un contexto procesal por su condición de aforada y la imposibilidad de citarla a declarar en su juzgado de instrucción. Es la misma estrategia que desplegó el propio Puig al describir el auto judicial como un acto de "normalidad judicial" y negar públicamente preocupación en el Botànic, pese a que no son pocos los cuadros y altos cargos que observan con inquietud el devenir de los acontecimientos a poco más de un año de las elecciones autonómicas y municipales. Tanto Puig como Compromís han decidido por ahora dejar en manos de la propia Oltra la decisión sobre su futuro.

"No deja de llamar la atención el sesgo del informe y su dureza respecto a la menor"

Sin embargo, habrá que ver si la vicepresidenta es capaz de aguantar la presión de las próximas semanas. No es tan cierto que su posible imputación por el TSJ sea un mero trámite procesal garantista. El fuero autonómico de Oltra obliga a cualquier instructor a sustentar una exposición razonada en indicios sólidos para solicitar la citación y el traslado de la causa, como ha hecho el magistrado del Juzgado 15 de Valencia, Vicente Ríos. El juez deja en su auto algunas frases que ponen en duda las intenciones reales de la 'consellera' cuando a partir del 4 de agosto de 2017, fecha en la que, según Oltra, supo de la existencia del procedimiento contra su exmarido, ordenó a sus subordinados averiguar qué había ocurrido y colaborar con la Fiscalía, que llevaba desde el 6 de julio reclamando información sobre el expediente de la menor abusada e incluso había remitido el 28 de julio una orden de alejamiento contra el educador Luis Eduardo Ramírez.

Según el juez, el procedimiento administrativo que se abrió internamente no estuvo orientado "sino a desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado". Se hizo "un informe demoledor sobre la conducta de Maite", advierte el magistrado. También recuerda que ese expediente requirió de recursos públicos, abriendo así la puerta a una posible calificación por malversación. La conclusión del informe, que se apoyó en una evaluación del Instituto Espill que dio "poca credibilidad" al relato, fue que la menor había inventado los hechos para tratar de salir del centro y repasaba, además, sus problemas de disciplina y sus conflictos con el sistema de tutela de la Generalitat. "No deja de llamar la atención el sesgo del informe y su dureza respecto a la menor", insiste.

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El expediente informativo, en teoría remitido a la Fiscalía, no se incorporó a la causa contra Luis Ramírez en el primer juicio. Apareció tras la primera condena a cinco años, lo que dio lugar a la repetición parcial de la vista oral tras un recurso del agresor. La Audiencia Provincial de Valencia volvió a condenarlo poniendo en tela de juicio la independencia de los funcionarios y los técnicos y apoyando su fallo en una pericial forense del Instituto de Medicina Legal, que sí dio credibilidad a la entonces adolescente, hoy ya mayor de edad.

El juez pone bajo sospecha la actuación de técnicos y funcionarios desde los primeros indicios de abuso

Vicente Ríos pone bajo sospecha la actuación de técnicos, funcionarios y altos cargos dependientes jerárquicamente de Oltra desde que aparecieron los primeros indicios del abuso sexual en febrero de 2017. En aquellas fechas se produjo una primera evaluación que no fue más allá porque el personal que intervino ha declarado que no creyeron el relato de la víctima. El juez es muy duro con esta primera evaluación y el hecho de que no fuese trasladada a la Fiscalía o a la Policía. "No existió en sede de Consellería ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos", contrapone el juez.

Beneficiario directo

Y sigue: "Haciendo caso omiso, de hecho, a la niña, incluso desacreditándola, el beneficiario directo del proceder de los funcionarios y profesionales hasta ahora citados era el Sr. Ramírez Icardi, marido de la misma (Oltra)". "Pero, objetivamente, no puede negarse que los hechos afectaban de forma muy relevante a la Honorable Sra. Mónica Oltra Jarque, y no solo en el plano personal, como es obvio, sino también en el plano de sus responsabilidades políticas, ante la carencia de cualquier protocolo en la Consellería para proceder en supuestos tan graves como el del abuso sexual continuado de una niña tutelada y en tanto que, por esta actuación de los funcionarios a su cargo, no salieron entonces a la luz graves hechos, penalmente relevantes, atribuidos a su marido", razona el magistrado.

El reto del TSJ, si finalmente asume la causa e investiga a Oltra, será probar que, más allá de la discrepancia entre los jueces y los funcionarios de la Conselleria de Igualdad, efectivamente se produjo un gran concierto político-funcionarial en la Conselleria y la sección de menores para tratar de desacreditar a la víctima. Porque, por ahora, no han aparecido instrucciones escritas o testimonios confesando que hubo algún tipo de indicación a los técnicos sobre cuál tenía que ser el resultado de las pesquisas. A eso se agarra la lideresa de Compromís. Habrá que ver si es una cuerda suficiente o si termina cayendo y arrastra con ella a sus compañeros del Botànic.