El Botànic riega a las asociaciones de memoria antes de la derogación de leyes por Mazón y Vox

La Conselleria de Participación de la Generalitat Valenciana publicó ayer el último paquete de ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la financiación de proyectos e iniciativas relacionados con la promoción y difusión de la memoria histórica y democrática valenciana. La resolución, que lleva la firma de la consellera en funciones, Rosa Pérez-Garijo (Esquerra Unida), cierra el proceso de una convocatoria que arrancó en el pasado mes de marzo.

No es una cantidad elevada, algo menos de 130.000 euros en total, pero podría ser la última subvención de la Administración autonómica que reciban organizaciones con actividades relacionadas con la recuperación de la memoria de la II República, la Guerra Civil y la represión franquista en la Comunidad Valenciana. El punto número 2 del acuerdo de gobierno suscrito por el popular Carlos Mazón y Vox para su investidura como nuevo president recoge la derogación de "las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos", una referencia que ha sido interpretada como la voluntad de suprimir la Ley valenciana de Memoria Democrática y para la Convivencia, cuyo decreto de desarrollo se aprobó el pasado mes de enero.

En virtud de esa legislación, se ha resuelto el paquete de ayudas del que han sido beneficiarias entidades de ámbito local como la Associació Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica de Cocentaina (Valencia), la Asociación Progresista y Socialista de Enguera, la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Histórica de Alicante, la Asociación de Familias de Víctimas del Franquismo de la Fosas de Paterna o la Fundación Pascual Tomás, todas con menos de 8.000 euros de ayuda. También reciben fondos la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o la Fundación Nexe, un think tank cercano a Compromís, que recibe 4.212 euros.

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La herencia que el Botànic de izquierdas deja encima de la mesa del nuevo Consell de PP y Vox en materia de memoria histórica, no obstante, va más allá de esta última resolución de reparto de ayudas. La previsión de la conselleria es publicar la semana que viene, los días previos a la investidura de Mazón, la adjudicación de un contrato de 780.000 euros para recibir servicios de indagación, investigación y exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en 49 fosas detectadas en Alicante, Paterna y Castellón. Los estudios que ha manejado el departamento de Pérez-Garijo han estimado en más de 400 las víctimas sin identificar enterradas en estas fosas. El contrato se ha dividido en tres lotes y la mesa de contratación ha propuesto a Atics SL, la Asociación Científica Arqueoantro y Drakkar Consultores como adjudicatarias de cada uno de ellos.

La duda estriba en saber qué hará el nuevo Gobierno autonómico con este tipo de contratos y proyectos ya en marcha. El popular Carlos Mazón ha anunciado su intención de suprimir la Conselleria de Participación y Trasparencia, pero no ha dicho dónde piensa ubicar esas competencias. Si opta por paralizar los planes de recuperación de cuerpos de víctimas, tendrá que justificar las razones de la ruptura del contrato en vigor con riesgo de afrontar posibles indemnizaciones.

Otro de los proyectos en marcha es el llamado Memorial de Paterna para las víctimas de la represión franquista, un centro de interpretación histórica ubicado en el Cementerio Municipal de esta población del área metropolitana de Valencia donde han aflorado 135 fosas comunes. Aquí fueron fusiladas 2.238 personas procedentes de diversos lugares de la Comunidad Valenciana y otros sitios de España entre abril de 1939 y 1956, en lo que se conoció como el Paredón de España. El proyecto de memorial, conveniado con el Ayuntamiento de Paterna que dirige el socialista Juan Antonio Sagredo, cuenta con un presupuesto estimado de un millón de euros. Las obras han comenzado y está en construcción. Una vez finalizada, el Consistorio será el encargado de su gestión y mantenimiento durante un periodo de cuatro años, según el convenio.

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También se abren incógnitas sobre el proyecto de Instituto de la Memoria de Alicante, recogido en la Ley de Memoria Democrática y que está previsto ubicar en el antiguo edificio de Sanidad Marítima del Puerto de Alicante. La Autoridad Portuaria ha completado el proceso de cesión de uso del inmueble a la Conselleria de Participación, que adjudicó las obras de rehabilitación del edificio hace apenas unos días la mercantil Proyecón Galicia, con un presupuesto de 1,1 millones de euros, financiados en parte por la Unión Europea y asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. El Instituto se justifica oficialmente por ser Alicante el puerto del que partió el 28 de marzo de 1939 el buque Stanbrook con rumbo a Orán (Argelia) con los últimos 2.638 exiliados republicanos a bordo y bajo el timón del capitán Archibald Dickson.

Otros miles de refugiados republicanos, ya en el ocaso de la Guerra Civil, quedaron atrapados en Alicante y terminaron siendo conducidos por las tropas franquistas a campos de concentración como el de Albatera, al sur de la provincia de Alicante. La intención del Consell del Botànic era también adquirir las parcelas del campo de Albatera, en el municipio de San Isidro, para crear un centro de interpretación o museo de la memoria, ahora en el aire.

Donde pueden surgir conflictos importantes con familias de víctimas del franquismo es en la actitud que adopte el nuevo Consell en los trabajos de identificación de restos de encontrados en las fosas comunes. La Generalitat tiene firmado un convenio hasta final de año con el centro de investigación Fisabio para analizar restos de más de 2.000 cuerpos. La semana pasada fueron entregados otros 144 paquetes con muestras de cuerpos humanos. Fuentes del equipo saliente advierten que hay preocupación en las asociaciones de familiares por el destino de estos restos y la continuidad de los trabajos si el nuevo Ejecutivo de derecha decide enterrar la iniciativa.