Los fusilados de la Fosa 100: las otras exhumaciones ‘franquistas’ esperan su turno

Fue un frío 2 de noviembre de 1939, siete meses después terminada la Guerra Civil. En una de las sacas que el Ejército de Francisco Franco realizaba periódicamente desde la cárcel de San Miguel de los Reyes de Valencia, y tras un juicio militar sumarísmo sin posibilidad de defensa, 28 republicanos procedentes de poblaciones como Gandia, Oliva o Xeraco fueron trasladados hasta Paterna. Allí, en el llamado Paredón de España, fueron fusilados y enterrados en una de muchas fosas sin nombre ni identificación. Es la Fosa 100, una tumba colectiva en el cementario municipal en la que sus restos han permanecido 80 años. A partir del próximo 4 de noviembre, díez días después de que la familia del dictador Franco haya enterrado sus restos en el cementerio de Mingorrubio, tras haber sido exhumado por el Gobierno del Valle de los Caídos, podrán comenzar a hacer lo mismo los familiares de estos ejecutados. Son las otras exhumaciones ‘franquistas’, las que sin tanta alharaca mediática están llevando adelante descendientes de represaliados de la dictadura.

La de la Fosa 100 es una más de las muchas historias que hay detrás de los trabajos de recuperación de cadáveres en Paterna. La estimación es que, frente al muro de cien metros de longitud pegado al cementerio a la afueras de esta ciudad del área metropolitana de Valencia, murieron ejecutadas 2.238 personas entre 1939 y 1956, según los hallazgos del historiador Vicente Gabarda, autor de varios libros sobre la represión franquista en la Comunidad Valenciana. Uno de los fusilados fue el rector de la Universidad de Valencia y catedrático de Medicina, Joan Peset Aleixandre. También fue ejecutado en junio de 1939 en el paredón de Paterna Toribio Martínez Cabrera, que había sido jefe del Estado Mayor republicano.

"Cada familia llevará los restos donde su voluntad ordene. Volverán a casa con sus hijos y sus viudas", dice Teresa Llopis, nieta de un fusilado

Gabarda halló los nombres de los muertos en el Registro Civil de Paterna, en el que en un mismo día aparecían registrados fallecimientos de cuarenta o cincuenta personas con certificados médicos por traumatismo de cabeza o tórax “por ejecución de sentencia de muerte”. La pena se aplicó en muchos de los juicios militares por rebelión contra el alzamiento franquista, por haberse mantenido leales a la República. También hay procesos por incautaciones o por quemas de conventos. Muchos familiares han iniciado procedimientos para tratar de anular los juicios y las sentencias al considerar que se realizaron sin garantías para los condenados.

A partir de 2015, desde la Diputación de Valencia, la ahora consellera de Trasparencia de la Generalitat valenciana, Rosa Pérez (Esquerra Unida), impulsó un plan para desarrollar contenidos de la Ley de Memoria Histórica y respaldar económicamente a los familiares que querían rescatar los restos. Así es como ayuntamientos y asociaciones de familiares vinculadas a las distintas fosas, que suelen tener correlación con las sacas, han podido realizar los trabajos de exhumación con el objetivo de desenterrar e identificar al menos 750 personas.

Una vez exhumados los restos son enviados a Madrid para su identificación genética. Los análisis comparativos de ADN con el de los descendientes permiten poner nombres y apellidos a los huesos. En Paterna casi todos las excavaciones se han realizado a través de la empresa Arqueoantro, que realiza un trabajo con técnicas arqueológicas desenterrando restos humanos

Teresa Llopis es nieta de uno de los fusilados aquel 2 de noviembre y presidenta de la Asociación de la Fosa 100: “Mi abuelo era labrador. Lo mataron por defender la República. Se trata de dignificar y sacar a la luz la verdad”. Llopis explica que todas las familias que lograron localizar cuando comenzaron a trabajar para la exhumación de los cuerpos se han implicado en el proceso. “Todos son de la comarca de la Safor [hay fallecidos también de Piles y Xeresa], excepto un señor de Xàtiva del que no hemos podido localizar a sus familiares. Cada familia llevará los restos donde su voluntad ordene. Normalmente volverán a casa con sus hijos y sus viudas. Nosotros seguramente lo enterraremos con mis padres y con su mujer, que no vive y no ha podido ver este momento”, afirma.

La paradoja española

Es la paradoja española, mientras los Franco ha batallado en los juzgados para que el dictador no fuese sacado del Valle de los Caídos para ser entregado a sus descendientes, miles de familias de represaliados del franquismo buscan la forma de recuperar los restos de sus antepasados para ponerles nombre y despedirlos en la intimidad. Se estima que en España puede haber todavía más de 2.000 fosas con cadáveres sin identificar.

“La Historia de españa es una parajoda completa. Los que se oponen a la ley de memoria histórica no saben que en el año 40 se hizo una ley de memoria para las víctimas de la Guerra Civil. El Estado se encargó de facilitar todo el proceso. Se dignificó a los muertos y caídos que hasta aquel momento figuraban como desaparecidos. Es lo mismo que están pidiendo quienes no se les dejó hacer lo mismo entonces. Están pidiendo poder enterrar o incinerar a sus familiares”, señala Gabarda.