El Gobierno congela la ampliación del puerto de Valencia para no abrir brecha en la izquierda

El Gobierno de Pedro Sánchez ha metido en el congelador la tramitación de la autorización a la Autoridad Portuaria de Valencia para licitar las obras que le corresponden en el proyecto de ampliación norte, valoradas en más de 540 millones de euros. El Consejo de Ministros ya abortó hace casi tres meses un primer intento de dar luz verde a la puesta en marcha de los trabajos después de que los ministros de Unidas Podemos se negasen a respaldar la iniciativa, advertidos por sus compañeros valencianos. El propio vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, pidió a los integrantes morados del Ejecutivo que fijasen una posición contraria.

La ampliación del puerto de Valencia casi duplicará la capacidad de carga y descarga de buques de contenedores. La inversión prevista es de más de 1.500 millones de euros. A la única aspirante a gestionar la concesión de estiba, Terminal Investment Limited (TIL), filial del gigante naviero suizo MSC, le corresponderá inyectar la parte privada de adecuación de los terrenos de la nueva terminal una vez ejecutada la obra pública de creación de una nueva plataforma terrestre sobre la lámina de agua perimetrada por diques ya construidos y financiados parcialmente con fondos europeos.

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El proyecto está envuelto en polémica por la negativa de los socios del PSPV-PSOE de Ximo Puig, Compromís y Unidas Podemos, a aceptar un mayor crecimiento del enclave portuario por sus impactos medioambientales y sobre la ciudad. Los más importantes son la regresión de las playas vírgenes del sur por el bloqueo de las corrientes de sedimentos y su posible afección sobre el parque natural de la Albufera y la contaminación derivada del tránsito de camiones en el anillo de circunvalación de la ciudad. A estos se han sumado las discrepancias sobre el modelo de gestión de la Marina de Valencia y la continuidad o no de la explotación de sus espacios por parte del consorcio compartido con la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, ahora en liquidación.

Sobre la infraestructura y los planes de crecimiento pesa además la incertidumbre jurídica. La entidad vecinal Comissió Ciutat-Port, respaldada por los partidos a la izquierda del PSOE, reclama una nueva evaluación ambiental de los modificados del proyecto, que se sustenta en una DIA de 2007. El Ministerio de Transición Ecológica ha descargado sobre la propia Autoridad Portuaria, que rechaza abrir el proceso de una nueva DIA, la responsabilidad de tramitarla como órgano sustantivo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido cautelarmente la resolución del departamento de Teresa Ribera y todavía debe tomar tomar una decisión.

En ese contexto complejo, los socialistas se están decantando ahora por no forzar una nueva tramitación de la ampliación hasta después de las elecciones para no abrir un frente polémico entre formaciones de izquierda que son aliadas en la Generalitat. Al tratarse de una obra superior a los 12 millones de euros, la autorización del desembolso tiene que pasar por el Consejo de Ministros. Para preparar antes el terreno, el presidente de la Generalitat y candidato del PSPV-PSOE a la reelección, Ximo Puig, ha ejecutado a menos de dos meses para las elecciones autonómicas y municipales un cambio en la presidencia del puerto con el cese de Aurelio Martínez y el nombramiento de Joan Calabuig, una persona del núcleo duro del barón socialista que además ha sido concejal en Valencia. Martínez tenía rotos los puentes de diálogo con el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), y había perdido además la confianza del PSPV.

Calabuig, que este martes tomó posesión del cargo, está ensayando ahora un nuevo discurso en el que, sin renunciar al crecimiento portuario y a su peso como actor económico territorial ("Valenciaport ha sido clave para conseguir la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt", ejemplificó), propone una mayor empatía y diálogo con la ciudad. "Tenemos que escuchar, dialogar, minimizar y contribuir a un desarrollo armónico con nuestro entorno. Hay muchos más espacios de acuerdo desde la convicción de que nadie tiene toda la razón y todos tienen algo de razón", señaló en su discurso de nombramiento, en el que admitió los impactos medioambientales y respaldó una gestión consensuada de los espacios compartidos con la ciudad. “La sostenibilidad es esencial, no es la época del desarrollismo", añadió.

“El puerto es de toda la ciudadanía y debe de ser un factor de progreso y beneficio para el conjunto de la sociedad. Por ello, debemos reforzar nuestro compromiso con el entorno social e institucional, teniendo siempre presente el interés general, la mejora de la calidad de vida, una cooperación interinstitucional fluida y una conducta ética ejemplar”, insistió en el acto de toma de posesión, con Puig, Ribó y el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, entre los asistentes.

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La cuestión es saber qué parte hay de operación estética y qué parte de nuevo enfoque real y cómo se aterrizará en el caso de que el PSPV-PSOE revalide la presidencia de la Generalitat. Se da por hecho que si cambia el inquilino del Palau y el popular Carlos Mazón asume el control, propondrá otro nombre para el puerto. Pero si no es así, Puig y Calabuig tendrán que completar el encaje de bolillos para hacer compatible el crecimiento del puerto con la mitigación de sus impactos. Los sectores económicos de la ciudad no renuncian a la ampliación. El cese sobre la bocina de Aurelio Martínez, que contaba con el respaldo del universo portuario, no ha gustado en las organizaciones empresariales. Pero si hay un elemento que cada vez tiene menos opciones de convertirse en realidad es el llamado acceso norte por carretera. Se trata del proyecto de abrir de alguna forma por la ciudad un enlace terrestre para camiones que conecte la nueva terminal con la red vial situada al norte, la que encarrila hacia Cataluña, Aragón, el Cantábrico y Europa. Ahora, todo el tráfico de vehículos accede al enclave por el sur, y la nueva ampliación supondrá un importante crecimiento en los tráficos que puede provocar cuellos de botella.

La solución que está ganando peso como alternativa al acceso norte, propuesta por el comisionado para el corredor mediterráneo, Josep Vicent Boira, es mejorar la conexión ferroviaria del puerto para llevar los contenedores a Sagunto y montar allí una estación intermodal que permita hacer el tránsito y la redistribución por carretera de las mercancías cuyos destinos requieran el transporte en camión. Esta alternativa, que aleja del casco urbano una parte de la actividad, requiere de la construcción del llamado túnel pasante. Esta es una infraestructura multimillonaria que completa el corredor mediterráneo y que debe atravesar de forma subterránea la ciudad de norte a sur. Sus posibles trazados están en estudio por parte de los técnicos del Ministerio de Transportes. Falta garantizar, además, que el tránsito por tren hasta Sagunto sea lo suficientemente eficiente como para soportar sin crear atasco en el trabajo de estiba el volumen de carga que moverá el puerto cuando se haya completado la ampliación.