El Puerto de Valencia ya tiene elefante blanco: su millonaria ZAL se queda en el limbo

Es un no parar. La ampliación del Puerto de Valencia, la tasa turística, los desarrollos urbanísticos pendientes en la ciudad... y, ahora, la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) junto al enclave portuario. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia autonómico que anula el plan especial aprobado por la Conselleria de Política Territorial de la Generalitat en 2018, que buscaba regularizar este proyecto de urbanización para crear un parque empresarial de apoyo a la actividad portuaria, ha evidenciado las profundas diferencias al abordar las iniciativas económicas que existen en el seno del Consell del Botànic entre los socialistas del 'president' Ximo Puig y sus socios Compromís y Unidas Podemos.

Esas discrepancias van camino de dar por perdido definitivamente un complejo ya urbanizado, en el que se han invertido 133 millones de euros entre justiprecios y trabajos de urbanización y en el que estaba prevista la entrada en los próximos meses de cuatro empresas (Grupo Raminatrans, QA Pinba, MSC y Medlog Iberia) con una inversión de más de 70 millones de euros y la generación, según las estimaciones oficiales del presidente del Puerto, Aurelio Martínez, de 1.500 empleos. La ZAL se ha convertido ya en un 'elefante blanco' junto al enclave portuario cuyo futuro es incierto y que puede terminar sumándose a la lista de fallidas inversiones millonarias con fondos públicos.

Ideada originalmente en los años noventa del siglo pasado, cuando el PSPV-PSOE todavía tenía el poder autonómico, la ZAL fue desarrollada de forma conjunta por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y la estatal Sepes durante los años de hegemonía del Partido Popular. Desde el principio contó con la oposición vecinal, ya que obligaba a expropiar terrenos y a desplazar a más de medio centenar de habitantes de toda una pedanía histórica, La Punta. Se les ofrecieron viviendas unifamiliares en otra parte de esta área del término de Valencia, previo pago, eso sí, porque el justiprecio no cubría todos los costes. Los vecinos, que siempre han denunciado el incumplimiento de los compromisos de realojo y ayudas económicas por la salida forzosa de sus casas de huerta, iniciaron una larga batalla judicial que se tradujo en dos sentencias, primero del TSJCV en 2013, y luego del Supremo en 2015, que declararon nula la actuación sobre suelo que era inicialmente no urbanizable.

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Para cuando llegaron esos fallos, las más de 70 hectáreas de la ZAL estaban ya prácticamente urbanizadas. Con el cambio de color en el Consell, tras las autonómicas de 2015, el Botànic se encontró con el pastel encima de la mesa, en una situación similar a la del Aeropuerto de Castellón o la Ciudad de la Luz de Alicante. Con el argumento de que la obra "ya estaba hecha", la solución planteada fue aprobar por la vía autonómica un plan especial dirigido a regularizar el área de actividades logísticas, que es el que ahora ha vuelto a anular el TSJ tras una demanda en el contencioso de la asociación vecinal 'La Unificadora'. La sentencia considera que se modificó de forma irregular la clasificación del suelo, originalmente no urbanizable, sin atender a los requisitos necesarios de impacto ambiental.

El 'empastre' puede ir a más

El nuevo fallo ha puesto encima de la mesa el debate interno entre los socios del Botànic sobre si recurrir o no al Tribunal Supremo. Compromís y Podemos ya han mostrado su negativa, aunque la decisión depende de una 'conselleria' socialista, la de Política Territorial de Arcadi España. "En función de lo que plantee la Abogacía, se actuará, siempre de acuerdo con la ley y teniendo en cuenta las consecuencias que tiene una acción que no se hace 'ex novo' por parte de la Generalitat, sino que es de hace mucho tiempo", fue la reacción del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que advertía de las consecuencias económicas de la pasividad.

"Ya está bien", respondió el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís). En la misma línea se expresó la 'consellera' de Agricultura y Emergència Climàtica, Mireia Mollà, también de la coalición valencianista, que abogaba por "renaturalizar" el espacio y convertirlo en un corredor verde.

Todo este recorrido, hasta dejar en el limbo un proyecto en el que han invertido decenas de millones, revela las consecuencias de seguir adelante con proyectos urbanísticos cuando existen dudas jurídicas y son cuestionados por la vía de los tribunales. Ya nunca nada será como era en La Punta antes de la ZAL. Pero tampoco es tan sencillo que la Generalitat pueda ejecutar una redefinición de ese espacio, entre otras cosas, porque los terrenos ya urbanizados no son suyos. Si la Generalitat no recurre, el Sepes, actual propietario, podría reclamar, además, una indemnización a la Administración autonómica por dar luz verde a una actuación que ha resultado anulada judicialmente. El 'empastre' todavía puede ir a más.