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Tormenta política en el Consell del Botànic por el aval del Gobierno al Puerto de Valencia
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DISCREPANCIAS INTERNAS

Tormenta política en el Consell del Botànic por el aval del Gobierno al Puerto de Valencia

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, anuncia que votará en contra de la ampliación norte si no hay nueva declaración de impacto ambiental. Ximo Puig pide hacer compatibles el crecimiento económico y la sostenibilidad

Foto: Ximo Puig y Aurelio Martínez. (EFE)
Ximo Puig y Aurelio Martínez. (EFE)
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El informe favorable de Puertos del Estado a la ampliación del recinto portuario de Valencia con una nueva terminal de contenedores, que casi duplicará su capacidad de gestión de carga, ha reabierto las divisiones existentes en el seno de los partidos que componen el Consell del Botànic en la Generalitat valenciana. El documento, avalado por el área técnica de Infraestructuras del organismo estatal y firmado por su presidente, Álvaro Rodríguez Dapena, da luz verde al proyecto de la nueva infraestructura y deja en manos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), que preside Aurelio Martínez, la justificación de la no necesidad de tramitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para seguir adelante con las obras y adjudicar la concesión de los nuevos muelles, a los que opta Terminal Investment Limited (TIL), filial del gigante naviero MSC.

La reivindicación de una nueva DIA distinta a la que en 2007 otorgó el visto bueno a la ampliación, que el puerto valenciano ya ha dicho que es innecesaria, ha sido el caballo de batalla sobre el que las formaciones a la izquierda del PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos han organizado su oposición al proyecto, en connivencia con algunos movimientos sociales y ecologistas. El impacto principal que se señala es sobre las playas vírgenes del sur de Valencia y el parque natural de El Saler y la Albufera, en constante regresión por el llamado 'efecto sombra' del puerto sobre las corrientes marítimas. En el marco de las medidas correctoras, como las que fijaba la propia DIA en vigor, Costas tiene pendiente de ejecución un plan de regeneración de casi 30 millones de euros para recuperar un tramo de 70 metros de ancho de playa cuyo trámite se ha eternizado.

Este viernes, cuando apenas habían pasado unas horas desde que la APV sometió el informe de Puertos a su consejo de administración y lo hizo público, tanto la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, como el alcalde de Valencia, Joan Ribó, consejero del puerto, insistieron en su oposición a seguir con la tramitación sin una nueva evaluación del posible impacto ambiental de la nueva terminal. "Como alcalde digo lo mismo que dije en su momento: la ampliación del Puerto exige una DIA que evidentemente deben hacer las autoridades medioambientales, no lo puede hacer Puertos del Estado; no puede ser la misma organización que hace la obra y que se da el permiso, no tiene sentido", dijo Ribó. Sin DIA, advirtió el primer edil, "el alcalde de Valencia no puede votar a favor de esta ampliación, y quiero mantener esta posición porque es fundamental para Valencia".

Foto: El puerto de Valencia. A la derecha, abajo, los diques de abrigo de la ampliación norte, todavía sin colmatar. (Valenciaport)

Por su parte, Oltra advertía preguntada en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que cualquier decisión debe pasar por el filtro del consenso del Botànic, que ahora mismo no existe. "La decisión no es solo un titular, se ha de estudiar y ver qué dice", explicó sobre el informe de Puertos del Estado. "Las decisiones políticas que se deriven deben estar dentro de la hoja de ruta del pacto del Botànic, todas las decisiones están vinculadas a la hoja de ruta", abundó sobre el compromiso en materia de transición energética del último acuerdo de Gobierno. El vicepresidente segundo y 'conseller' de Vivienda, Héctor Illueca (Podemos), acusó a Puertos de Estado de "lavarse las manos" con la ampliación, y reiteró que la posición de los morados contraria a la misma es "firme".

placeholder Las terminales del Puerto de Valencia. La cuarta es la que está por ejecutar.
Las terminales del Puerto de Valencia. La cuarta es la que está por ejecutar.

La posición de los socialistas encabezados por Ximo Puig en ese escenario de división ha sido mantener un perfil bajo y reclamar a la nomenclatura portuaria sensibilidad en materia medioambiental y un seguimiento riguroso de la legalidad para sacar adelante el proceso con todas las garantías. "Son compatibles criterios de sostenibilidad con crecimiento económico y de lo que se trata es de encontrar el punto de equilibrio necesario para hacer posible una infraestructura", señalaba el 'president' de la Generalitat desde Elche, tras advertir de la necesidad de cumplir con "muchos trámites" para que la intervención "sea sostenible y atienda a criterios medioambientales y, al mismo tiempo, dé posibilidades de crecimiento y de prosperidad social a los valencianos".

Foto: La playa de El Saler, que ha perdido 70 metros de anchura desde 1965.

En la Autoridad Portuaria son conscientes de que en el momento se apruebe definitivamente y se adjudique la concesión se producirán recursos judiciales por la vía del contencioso-administrativo. La Comissió Ciutat-Port, que lidera la contestación al proyecto, sostiene que la habilitación ministerial para que la propia APV pueda decidir por sí sola acerca de si es necesaria o no una nueva evaluación ambiental "podría ser declarada nula de pleno derecho por la Audiencia Nacional". El argumento jurídico es que puede contravenir lo dispuesto en la legislación básica en materia de revisión de actos administrativos, establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y "suponer un fraude de la legislación ambiental", señala este colectivo, que tiene entre sus líderes a Antonio Montiel, exsecretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana, aunque ahora ya desvinculado orgánicamente.

Sin trascendencia

Fuentes cercanas al consejo del Puerto de Valencia, no obstante, creen que el traslado por parte del Gobierno de la responsabilidad de certificar la ausencia de necesidad de una DIA no tiene trascendencia jurídica. Aurelio Martínez explicó que, una vez cumplimentados los últimos trámites, el siguiente paso es la aprobación en el consejo de administración, el informe de Costas y la remisión del proyecto al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y que pueda empezar la licitación. "Me niego a dar plazos", puntualizó Martínez. A nadie se le escapa que la decisión última tendrá un alto componente político, y si finalmente sale adelante el proyecto se elegirá el momento propicio para darle luz verde.

Martínez sí señaló que "merecería la pena acelerar los procesos" para que la ampliación norte estuviera en funcionamiento poco después de 2026, cuando está programado también el arranque de la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunto. "Se van a necesitar muchas exportaciones, muchos volúmenes de tráfico y hará falta conectividad con el puerto para que Volkswagen desarrolle todo su potencial", señaló. No obstante, todo indica que el fabricante alemán prevé usar prioritariamente el recinto portuario de Sagunto (también pendiente de ampliación) del que depende, para dar entrada y salida a sus productos y los componentes necesarios para su fabricación, y recurrir al de Valencia, con muchas más conexiones internacionales marítimas, cuando sea necesario. Ingenieros alemanes de Volkswagen han realizado visitas a los dos puertos, elementos claves para su decisión final.

El informe favorable de Puertos del Estado a la ampliación del recinto portuario de Valencia con una nueva terminal de contenedores, que casi duplicará su capacidad de gestión de carga, ha reabierto las divisiones existentes en el seno de los partidos que componen el Consell del Botànic en la Generalitat valenciana. El documento, avalado por el área técnica de Infraestructuras del organismo estatal y firmado por su presidente, Álvaro Rodríguez Dapena, da luz verde al proyecto de la nueva infraestructura y deja en manos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), que preside Aurelio Martínez, la justificación de la no necesidad de tramitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para seguir adelante con las obras y adjudicar la concesión de los nuevos muelles, a los que opta Terminal Investment Limited (TIL), filial del gigante naviero MSC.

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