Atasco del Gobierno en el plan para salvar las playas vírgenes al sur del puerto de Valencia
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EN PLENA TORMENTA POR LA AMPLIACIÓN

Atasco del Gobierno en el plan para salvar las playas vírgenes al sur del puerto de Valencia

Costas demora por razones burocráticas la licitación del plan de 28 millones para regenerar las playas de El Saler y la Garrofera en plena tormenta política por la megaampliación portuaria

placeholder Foto: Tramo al sur del puerto de Valencia en el que se ejecutará la intervención. En rosa, la zona donde se dragarán las arenas finas.
Tramo al sur del puerto de Valencia en el que se ejecutará la intervención. En rosa, la zona donde se dragarán las arenas finas.

El plan millonario del Gobierno para frenar la erosión y recuperar las playas vírgenes de El Saler y la Garrofera, frente al paraje natural de la Albufera y al sur del puerto de Valencia, se ha atascado en los despachos del Ministerio de Transición Ecológica. La Demarcación de Costas de Valencia todavía no ha licitado el proyecto de regeneración presupuestado en 28 millones de euros con el que busca recuperar hasta 70 metros de ancho a lo largo de un tramo longitudinal de costa de siete kilómetros, la franja que según los ingenieros contratados para ejecutarlo ha sido devorada por el mar como consecuencia de diversos factores, pero especialmente por el impacto sobre las corrientes marinas de las sucesivas ampliaciones portuarias.

Costas tiene listos los pliegos de licitación, pero, desde que sacó a información pública el proyecto en julio de 2019, no ha puesto en marcha el proceso de adjudicación de los trabajos de regeneración como consecuencia del atasco burocrático. A la sucesión de contestación de alegaciones se sumó la caducidad de la evaluación ambiental de impacto sobre los bancos de arena submarinos que se prevé que sean dragados para reconstruir la superficie costera. La Dirección General de Calidad Ambiental trabaja ahora en esa evaluación. “Una vez esté esa declaración ambiental, se comenzará la licitación del proyecto concreto”, explican desde Transición Ecológica a preguntas de El Confidencial.

El plan forma parte de los objetivos de regeneración costera del departamento que dirige Teresa Ribera, pero también se incardina en las medidas correctoras que la declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada en 2007 para la nueva megaampliación del puerto de Valencia establecía para dar luz verde a la intervención. Desde entonces, la Autoridad Portuaria de Valencia ha invertido más de 200 millones de euros (parte de ellos fondos europeos) en la construcción de los diques de abrigo de la nueva dársena destinada a albergar las plataformas de estiba de barcos mercantes de contenedores. Y tiene ahora pendiente adjudicar el proyecto definitivo para colmatar la superficie interior y ceder en concesión su explotación, con una nueva inversión estimada de 1.000 millones de euros hasta 2026. Un único aspirante puja por el supercontrato, la mercantil Terminal Invesment Limited (TIL), filial del gigante naviero global Mediterranean Shipping Company (MSC).

Foto: Franja costera de Valencia afectada por la regresión

La posibilidad de culminar esa ampliación ha desatado una tormenta política en Valencia. Compromís, incluido el alcalde Joan Ribó, Podemos y colectivos vecinales y conservacionistas se oponen frontalmente, a la vez que reclaman la elaboración de una nueva DIA por entender que el proyecto original ha sufrido modificaciones. El impacto sobre el tráfico de camiones en la conurbación de la ciudad del incremento de la actividad marítima, que casi duplicaría su capacidad con la nueva terminal hasta los 10 millones de contenedores anuales, es uno de los motivos que se esgrimen para rechazar la iniciativa. Pero el de mayor calado medioambiental es el que tiene que ver con el impacto sobre las playas del sur, el brazo de tierra que además separa el mar de agua salada de la laguna dulce de la Albufera, en un conjunto declarado parque natural por la Generalitat en 1986.

placeholder Los temporales y el efecto sobre la corriente del Puerto de Valencia acelerado la regresión de las playas del sur que separan el mar del lago de la Albufera. (EFE)
Los temporales y el efecto sobre la corriente del Puerto de Valencia acelerado la regresión de las playas del sur que separan el mar del lago de la Albufera. (EFE)

Tanto Puertos del Estado como el Ministerio de Transición Ecológica han dejado en manos del puerto de Valencia la decisión de realizar una nueva evaluación, que este considera innecesaria. Primero por razones técnicas, pues entiende que el impacto medioambiental, una vez construidos los diques de abrigo, ya se ha producido. Pero también por motivos económicos, pues teme perder el tren del interés de MSC y que otros enclaves como Barcelona o Marsella le tomen la delantera en el liderazgo portuario en el Mediterráneo occidental. El universo empresarial portuario, que cada año mueve cientos de millones de euros en tráficos marítimos, está volcado con la ampliación.

En ese contexto de pulso entre los sectores económicos y los conservacionistas, con los socialistas liderados por el 'president' Ximo Puig tratando de hacer equilibrios defendiendo la ampliación pero a la vez reclamando medidas de sostenibilidad al puerto y a su presidente, Aurelio Martínez, se enmarca el plan todavía en fase de tramitación del Ministerio de Transición Ecológica. Aunque hay dudas sobre si la intervención será capaz de resistir el impacto de nuevos temporales como Gloria, que en enero de 2020 devastó la costa mediterránea española, el compromiso del Gobierno con la regeneración de la franja costera es un argumento para los defensores de la ampliación que hasta ahora no han podido emplear. La APV tiene en caja tres millones de euros para las obras de reconstrucción de las playas y los cordones dunares que todavía no ha empleado por falta de acción de Costas.

placeholder La playa de la Garrofera y la urbanización la Casbah, en 1977 cuando acaba de ser construida. Las olas golpean ahora contra el muro que protege las casas.
La playa de la Garrofera y la urbanización la Casbah, en 1977 cuando acaba de ser construida. Las olas golpean ahora contra el muro que protege las casas.

El plan es dragar un yacimiento submarino de arenas finas de 26 kilómetros cuadrados a una profundidad de entre 60 y 80 metros para transportar 2,9 millones de metros cúbicos con cántaras y tuberías y distribuirlas a lo largo del litoral mediante retroexcavadoras y palas cargadoras "a fin de obtener el avance de playa diseñado". "El oleaje será el encargado de modelar el perfil de playa sumergido hasta alcanzar el perfil de equilibrio de regeneración", explica el proyecto elaborado para Costas por la firma de ingeniería Betancourt. Esta intervención buscaría dar una solución más a largo plazo al 'efecto sombra' de los diques portuarios sobre las playas del sur. Hasta ahora, las medidas correctoras no han pasado de aportes puntuales de arena.

"Especial atención y rigor"

Ni Martínez ni el universo empresarial portuario han mostrado mucho interés en ejercer presión sobre Costas para acelerar las obras de recuperación natural y rebajar la presión social sobre la ampliación. Y ello pese a que el Ministerio de Transición Ecológica remitió una carta al consejo de la Autoridad Portuaria en la que, pese a admitir que es este el órgano sustantivo para decidir si solicita o no una nueva declaración de impacto ambiental, reclamó "especial atención, rigor, transparencia a la hora de llevar a cabo" el análisis sobre la necesidad de realizar una nueva evaluación del impacto de la ampliación 14 años después de la primera DIA, informan desde del área de Teresa Ribera.

La Ley de Evaluación Ambiental establece que deberán someterse a evaluación ambiental simplificada las modificaciones de proyectos ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, cuando puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente al implicar un incremento significativo de emisiones, vertido o generación de residuos, o de utilización de recursos naturales, o bien una afección significativa a lugares de la Red Natura 2000 o al patrimonio cultural.

En ese sentido, fuentes del consejo del puerto afirman que han solicitado tanto a la Intervención General del Estado como a los técnicos los informes necesarios para garantizar la legalidad del proceso de adjudicación y blindar legalmente el procedimiento en previsión de los recursos judiciales que ya han anunciado algunos colectivos contrarios a la ampliación.

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