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Mazón revisa los inmuebles vacíos de la Generalitat para ponerlos en el mercado y ganar ingresos
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PLAN DE VALORACIÓN DE ACTIVOS

Mazón revisa los inmuebles vacíos de la Generalitat para ponerlos en el mercado y ganar ingresos

El Consell del PP y Vox presupuesta 74,9 M en venta de edificios y 3,31 en alquiler para 2024. Un inmueble señorial rehabilitado de cuatro plantas en la milla de oro de Valencia, candidato al arrendamiento

Foto: Un edificio de la calle Colón, de Valencia, que la Generalitat podría poner en el mercado.
Un edificio de la calle Colón, de Valencia, que la Generalitat podría poner en el mercado.
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La Generalitat valenciana prepara un plan de revisión de activos inmobiliarios para tratar de obtener una fuente extra de ingresos a partir de este año 2024. La Conselleria de Hacienda, que dirige Ruth Merino, ha puesto en estudio la posibilidad de sacar al mercado edificios y bienes de la Administración autonómica ahora en desuso con el fin de obtener un rendimiento. El Consell, que preside el popular Carlos Mazón, ha aprobado un presupuesto que contempla un déficit del 0,3% sobre el PIB, dos décimas por encima del desfase autorizado por el Ministerio de Hacienda para las autonomías. El Partido Popular sostiene, además, que ha heredado unas cuentas repletas de agujeros contables, con facturas fuera del presupuesto por importe de más de 1.500 millones de euros, según desvela el último informe de la Sindicatura de Cuentas, correspondiente al año 2022. La Comunidad Valenciana es, según entidades independientes como Fedea, la autonomía peor financiada por el Estado. Su deuda supera ya los 57.000 millones de euros.

Las cuentas para 2024, ya aprobadas por las Cortes valencianas con los votos de PP y Vox, reflejan en el capítulo de ingresos saldos positivos por importe de 74,9 millones de euros por la venta de edificios y de 3,314 millones por alquileres de locales. Entre los activos en revisión, figura el edificio ubicado en la calle Colón de Valencia, la conocida como milla de oro de la ciudad, que fue ocupado hace dos años por activistas del Frente Obrero, un grupo de extrema izquierda. El inmueble, de 2.000 metros cuadrados y cuatro plantas, de fachada singular y señorial, estaba adscrito a la Conselleria de Igualdad, ahora dirigida por la vicepresidenta segunda, Susana Camarero, y llevaba varios años en desuso.

Esquinero con Conde Salvatierra, tras el desalojo de los okupas, la entonces vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, encargó en 2021 la rehabilitación a la constructora Crimsa, con el fin de convertirlo en un centro administrativo dedicado a la evaluación de expedientes de discapacidad. La empresa contratista tiene prácticamente finalizada la reforma exterior e interior, valorada en 1,8 millones de euros.

Hacienda contempla revisar sus usos y no descarta que sea uno de los activos que ponga en el mercado, aunque en forma de arrendamiento, según ha podido saber El Confidencial de fuentes solventes. Es muy probable que no le falten ofertas, se ubica en el número 80 de la calle Colón, una de las travesías comerciales con más demanda del centro de Valencia. La calle está repleta de establecimientos de moda y otro tipo de comercios en bajos de edificios dedicados a oficinas, y despachos en pisos superiores, junto a los residenciales. La Generalitat explota en régimen de alquiler otro edificio en la misma calle, el que ocupa la marca de Inditex, Bershka, en la antigua sede de la Conselleria de Economía.

placeholder El edificio en rehabilitación de cuatro plantas en Colón 80, la milla de oro de Valencia.
El edificio en rehabilitación de cuatro plantas en Colón 80, la milla de oro de Valencia.

El de Colón no es el único edificio vacío de la Generalitat. La Administración también compró en diciembre de 2020 el Palau de Tremolar, junto a la Conselleria de Hacienda, cuya rehabilitación encargó al estudio Vetges tu i Mediterrànea (VTIM), y edificios de Correos en Valencia y Alicante, como el Palacio de las Comunicaciones ubicado en la capital autonómica. Este inmueble, en plena plaza del Ayuntamiento y al que aspiraban también inversores privados, tuvo un coste de 23,9 millones de euros, si bien es probable que, por su ubicación, ahora mismo pueda enajenarse por más dinero.

Foto: Arcadi España y Aitana Mas, en la rueda de prensa tras aprobar el proyecto de presupuestos para 2023. (EFE/Manuel Bruque)

El anterior president, el socialista Ximo Puig, encargó informes para dotarlo de contenido. Los populares siempre criticaron la operación. No obstante, no es probable que ahora lo pongan en el mercado para su venta. La alcaldesa de Valencia, la conservadora María José Catalá, está negociando con Mazón una posible cesión para ubicar aquí un museo dedicado a las Fallas.

Un activo que lleva años abandonado y al que ni el PP ni el Consell del Botánic han sido capaces de darle uso y rentabilizarlo es la parcela denominada M3, junto a la Ciudad de las Ciencias de Valencia. Se trata de un solar de 20.000 metros cuadrados en el que el popular Francisco Camps llegó a promover la construcción de tres torres residenciales diseñadas por Santiago Calatrava que nunca llegaron a ejecutarse, pese a que el arquitecto se embolsó 15 millones de euros por el diseño. El terreno sigue en el balance de la Generalitat sin ningún uso. Sobre sus arbustos se asientan las lamas del mecanismo de cierre del Ágora de Calatrava, hoy anfitrión del Caixa Fórum, que tampoco llegó a instalarse nunca.

La Generalitat valenciana prepara un plan de revisión de activos inmobiliarios para tratar de obtener una fuente extra de ingresos a partir de este año 2024. La Conselleria de Hacienda, que dirige Ruth Merino, ha puesto en estudio la posibilidad de sacar al mercado edificios y bienes de la Administración autonómica ahora en desuso con el fin de obtener un rendimiento. El Consell, que preside el popular Carlos Mazón, ha aprobado un presupuesto que contempla un déficit del 0,3% sobre el PIB, dos décimas por encima del desfase autorizado por el Ministerio de Hacienda para las autonomías. El Partido Popular sostiene, además, que ha heredado unas cuentas repletas de agujeros contables, con facturas fuera del presupuesto por importe de más de 1.500 millones de euros, según desvela el último informe de la Sindicatura de Cuentas, correspondiente al año 2022. La Comunidad Valenciana es, según entidades independientes como Fedea, la autonomía peor financiada por el Estado. Su deuda supera ya los 57.000 millones de euros.

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