Los promotores presionan a Mazón para subir el precio de la VPO tras prometer 10.000 pisos

El sector promotor está negociando con la Conselleria de Igualdad y Vivienda una modificación en el decreto de Reglamento de Vivienda Protegida de la Comunidad Valenciana, aprobado en el último pleno del anterior Consell del Botánic y a cuya redacción contribuyó. Empresas asociadas a la patronal autonómica Aprova han constituido un grupo de trabajo en el que ya han trasladado a la consejería que lidera la vicepresidenta segunda de la Generalitat, Susana Camarero, una batería de propuestas que pasan por elevar el precio del módulo de VPO hasta los 2.500 euros el metro cuadrado de superficie útil, sin distinción entre vivienda de régimen privado o público. Además, reclaman eliminar la calificación permanente de protección que prevé la norma actual o subir la renta máxima de los posibles demandantes de VPO privada hasta 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). También presionan para suprimir de la norma actual la referencia al valor de la vivienda libre como precio máximo del módulo, previsto para topar la tarifa de VPO en el caso de promociones que se ubican en zonas del territorio menos tensionadas.

Todo este paquete de demandas de modificaciones legales se produce en el contexto de la promesa de 10.000 nuevas viviendas de protección, tanto de iniciativa privada como pública, que el presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, lanzó como objetivo de legislatura. El barón del PP expresó su deseo de impulsar una bolsa de viviendas para las rentas menos favorecidas en campaña electoral y volvió a rescatar la promesa el pasado mes de septiembre en un foro del periódico Información. Durante la campaña electoral aseguró que para propiciar el acceso de los constructores al programa y favorecer la edificación subiría el precio básico del módulo hasta 2.200 euros por metro cuadrado de superficie útil.

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Ese fue el tope que el último Consell presidido por el socialista Ximo Puig situó en el decreto aprobado el pasado 12 de mayo, aunque fijado solamente para los pisos de régimen privado, no de los de promoción pública, establecido en 1.850 euros. Ese decreto fue negociado por la Conselleria de Vivienda, entonces en manos de Héctor Illueca (Podemos), con las mismas patronales Aprova y Provia.

Apenas unos meses después de salir adelante el decreto, los promotores quieren elevar esas tarifas hasta los 2.500 euros por metro cuadrado y relajar las condiciones de protección de los inmuebles calificados, eliminando también la figura del Registro de Demandantes para las promociones de régimen privado o suprimiendo el requisito de no poder tener una segunda vivienda. En los proyectos dirigidos al alquiler, el sector promotor también quiere eliminar que el precio de la renta mensual esté referenciado a los ingresos de los inquilinos. Su propuesta es que se aplique una tarifa de alquiler igual a la de Madrid, de 5,5 euros el metro cuadrado.

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En el grupo que empresas que está presionando para introducir cambios legales figuran promotoras como Metrovacesa, Promociones Habitat (de Bain Capital) o Culmia (ligada al fondo Oatkree). Además, el grupo de trabajo de VPO cuenta con representantes de firmas locales como Nova Ática, Grupo Bertolín, Rover Homes, Gesfesa, Domio, Grupo Lobe o Urvitra. Estas empresas han advertido a la propia Conselleria sobre el retraso en los planes de ejecución de las 10.000 viviendas de protección prometidas por Mazón. La Conselleria sigue sin redactar las bases de los concursos y tampoco ha licitado algún tipo de concurso para contratar un despacho que colabore en la redacción de esas bases.

Los proyectos podrían retrasarse, además, por los problemas de tramitación administrativa que los promotores aseguran seguir encontrando tanto en el Colegio de Arquitectos como en los servicios territoriales de la Generalitat, según coincidieron en compartir los integrantes del grupo de trabajo de Aprova en una reunión celebrada la semana pasada y de la que tuvo conocimiento El Confidencial. La agilización y la simplificación administrativa es otra de las promesas que Mazón ha realizado de forma reiterada.