Ayuso contraprograma a Sánchez: espera que pase la investidura para subir el módulo de VPO

Es la medida más esperada por el sector inmobiliario patrio. La revisión del precio del módulo de VPO (vivienda protegida) en la Comunidad de Madrid, región que representa en torno al 20% de toda la obra nueva que anualmente se promueve en España, es uno de los cambios que con mayor insistencia están pidiendo las empresas.

Desde hace 15 años, está congelado en una cifras que han quedado desfasadas por el encarecimiento de los materiales de construcción, la inflación y la mano de obra. Un problema que se extiende por toda España y que ha llevado ya a 12 comunidades autónomas a revisarlo al alza, entre otras, Aragón bajo el mandato del socialista Javier Lambán, la Generalitat de Cataluña o el País Vasco.

En cambio, la Comunidad de Madrid lleva meses anclada en el mensaje de "se está estudiando", sin terminar de dar un paso al frente, inmovilismo que ha desatado el nerviosismo en el sector. El motivo hay que buscarlo, según las fuentes empresariales consultadas, en los juegos de estrategia políticos, que llevaron al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a apostar por dejar sus medidas estrella de vivienda para después de las elecciones.

Pero, si ya era increíble la celebración de unos comicios en verano, todavía menos previsible era que tres meses y medio después el país siga sin nuevo Ejecutivo. Un horizonte que ahora se despeja, aunque solo sea por una cuestión de calendario.

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El próximo 27 de noviembre es la fecha límite para formar Gobierno y evitar las urnas, escenario considerado menos probable por el grueso de los expertos, que apuestan por que Pedro Sánchez será reelegido en algún momento de las próximas tres semanas.

Esta es la equis que Ayuso llevaría meses esperando despejar de la ecuación política, momento a partir del cual empezaría a dar pasos al frente para aprobar la revisión del módulo antes de concluir el ejercicio, según afirman empresario del sector que se les está trasladando, extraoficialmente, desde el Palacio de Cibeles. Al cierre de esta edición, desde el Ejecutivo madrileño no han respondido a las preguntas de este medio para confirmar o desmentir esta información.

En la comunidad creen que se intentará jugar con esta subida del precio del módulo para atacar políticamente al Ejecutivo de Ayuso, y prefieren marcar ellos sus tiempos, contraprogramando el juego de equilibrios de la Moncloa y poniendo en valor los tres cuerpos de ventaja que saca Madrid al resto de administraciones en la promoción de vivienda de alquiler asequible.

Las políticas de vivienda, como se vio en la campaña del 23-J, son las grandes protagonistas del momento y Madrid, con los 5.400 pisos que tiene en fase de obra, los 1.137 adjudicados y los 1.912 pendientes de adjudicación, todos ellos integrantes del Plan VIVE, lidera claramente el ranking nacional en una materia donde hay muchas más promesas que hechos.

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Sin embargo, Madrid corre el riesgo de perder esta potencia de disparo si continúa con el mismo precio del módulo, ya que cada vez más promotores dicen que los números no salen. De hecho, la mitad de la tercera fase del VIVE ha quedado desierta y algunas de las ofertas que sí se presentaron están construidas sobre la idea de que el precio de la VPO se va a elevar. Motivos de peso para que, una vez despejado el horizonte de la Moncloa, el Palacio de Cibeles adquiera el protagonismo.

En medio de este juego de estrategias, Vox ha decidido jugar también sus cartas y ha presentado una proposición no de ley, que llevará al pleno de este miércoles, en la que pide al Gobierno de Ayuso "revisar el modelo actual de promoción de vivienda protegida" e "introducir incentivos o incrementos condicionados específicos que permitan incorporar a las nuevas edificaciones las últimas tecnologías en ahorro de consumo energético y protección del medio ambiente".

Con este movimiento, el partido verde busca forzar al Ejecutivo a dejar el mensaje de "se está estudiando" y pronunciarse sobre cuáles son realmente sus planes y cuándo los va a aprobar. La otra gran cuestión es el cuánto. Sobre la mesa está un mínimo del 20%, pero desde hace meses y en reiterados foros el sector ha estado pidiendo que sea entre el 25% y el 30%. Un incremento que, no obstante, es la segunda bala para los promotores. La primera es que, definitivamente, se apruebe la revisión del módulo.

Aprobación de las normas urbanísticas

Otra medida que espera el sector como agua de mayo es la aprobación de las nuevas normas urbanísticas del ayuntamiento de Madrid, que regularán desde las cocinas fantasma hasta los pisos turísticos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lo llevó a su primer pleno, hace casi cuatro meses, y desde entonces están paradas en la Comunidad de Madrid, que debe dar la aprobación definitiva. Los empresarios, cada día más nerviosos, no entienden el porqué de este retraso y ven como el tiempo se acaba, porque necesitan estar aprobadas antes del próximo 19 de noviembre. Por el momento, la Comisión de Urbanismo dio su luz verde hace diez días y está previsto que vaya al Consejo de Gobierno del próximo miércoles. A partir de ahí, solo faltará que se publique en el Bocam, lo que no debería dilatarse más de una semana, para poder llegar a tiempo, aunque sea justo al límite del plazo permitido.