Desconcierto empresarial por el bloqueo de Madrid a dos medidas estrella de vivienda

"No entendemos nada", "ya no sabemos que creer", "siempre dicen que está para aprobarse, pero nunca terminan de hacerlo". Frases como estas son una constante en las conversaciones de café con algunos de los principales promotores del país, que ven enfilar la recta final del año sin que se hayan desbloqueado dos medidas estrella para el sector: la revisión del precio del módulo de la vivienda VPO y las nuevas normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid.

La primera lleva anclada en el mismo nivel desde hace 15 años y los empresarios confiaban en que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid lo revisara al alza, como están haciendo otros gobiernos autonómicos, para poder tener algo de oxígeno de cara a competir por los 1.912 alquileres asequibles que sacó a licitación el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado verano, plan conocido como VIVE 3. Pero la licitación se ha completado sin ninguna garantía de revisión del módulo, lo que llevó al grueso de la clase empresarial a no presentarse al concurso.

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La segunda promesa en entredicho es el nuevo marco de reglas urbanísticas que deberá regular desde las cocinas fantasma hasta los pisos turísticos, pasando por el coliving. Se trata de una medida estrella del alcalde José Luis Martínez-Almeida, que tras ver cómo Vox se lo echaba por tierra al final de la pasada legislatura, lo llevó al primer pleno de su nuevo mandato, con la fortaleza que le daba su nueva mayoría absoluta.

Pero, tres meses después, y ya sin Vox con poder de veto en Cibeles, la realidad es que siguen sin aprobarse. El motivo es que la luz verde definitiva depende de la Comunidad de Madrid, Ejecutivo del mismo color que el consistorio y próximo a la sensibilidad de los empresarios, lo que explica el desconcierto que existe entre los promotores al ver tanto retraso. Su apuesta, antes de verano, era que con este nuevo poder político iban a arrancar el nuevo curso con sus dos medidas estrella aprobadas. Y la realidad se ha demostrado distinta.

Quizá consciente del nerviosismo que empieza a calar entre las compañías, desde el Ayuntamiento de Madrid, en diferentes foros del sector, se ha insistido en los últimos días en el mensaje de que legalmente hay cuatro meses para que el Ejecutivo regional conceda la aprobación definitiva, plazo que concluye el próximo 19 de noviembre, lo que significa que todavía hay margen para que se cumpla, aunque sea al límite.

De hecho, desde el consistorio se confía en que la aprobación de las normas urbanísticas vaya a la Comisión de Urbanismo de la comunidad que debería celebrarse la última semana de este mes, y una vez superado este trámite, se eleve al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. Consultados desde ayer por la mañana, al cierre de esta edición, los portavoces oficiales del Gobierno regional no han dado una respuesta a si contemplan poder cumplir ese horizonte.

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Respecto a la revisión del precio del módulo de VPO, desde la Consejería de Vivienda se han limitado a señalar que "se está estudiando", el mismo mensaje que llevan transmitiendo a los empresarios desde hace meses, sin comprometerse con ninguna fecha concreta. Tampoco quiso hacerlo el viceconsejero de Vivienda, José María García Gómez, en una mesa redonda organizada por el portal Idealista esta misma semana, aunque sí dejó claros cuáles son sus miedos.

"Lo que no podemos provocar al subir los precios del módulo es la sensación de que la Comunidad de Madrid está encareciendo el acceso a la vivienda asequible. Una crítica que nos harán, a pesar de que 12 comunidades autónomas ya han actualizado el módulo y las que no lo han hecho es porque no hacen vivienda de protección. Por tanto, la respuesta sería: estamos en el proceso de revisión del módulo, habrá que hacerlo lo antes posible, pero sobre una base de convicción de que ese efecto luego no sea inflacionario del precio final de la vivienda asequible", explicó García Gómez, según recogió Idealista.

"No podemos provocar la sensación de que la Comunidad de Madrid está encareciendo el acceso a la vivienda asequible"

La falta de garantías respecto a la revisión del precio del módulo fue una de las principales razones de que apenas hubiera concurrencia por el VIVE 3, licitación que se quedó desierta en más de la mitad de sus viviendas. Los empresarios se quejan de que con el precio actual del módulo de VPO, teniendo en cuenta el incremento de los materiales de construcción, la inflación y el encarecimiento de la financiación, no salen los números para construir vivienda en alquiler asequible, lo que está derivando en un frenazo de la vivienda de protección en toda la región.