Mazón dará en los PGE la primera batalla con Sánchez desde Valencia si sale investido

La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2024 será, junto a la posible ley de amnistía para las personas con causas penales por el 1-O de 2017 en Cataluña, la segunda prueba de fuego en geometría variable parlamentaria de un hipotético nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez. La primera, por supuesto, es la propia investidura, para la que PSOE y Sumar necesitarán el respaldo de partidos nacionalistas e independentista, una vez que presumiblemente se consume este viernes el intento fallido del popular Alberto Núñez Feijóo de sumar apoyos suficientes para alcanzar la Moncloa.

La actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha anunciado la intención del hipotético Gobierno de aprobar lo antes posible los PGE del año que viene, aun reconociendo que los tiempos con ajustados. La necesaria negociación de Hacienda con nacionalistas catalanes y vascos ya ha puesto en alerta a barones populares de otras autonomías, que comienzan a deslizar el mensaje que un exceso de generosidad hacia algunos territorios podría generar desigualdad y perjuicios a otros en la distribución y priorización de recursos e inversiones. El Partido Popular del president valenciano Carlos Mazón tiene previsto activar el modo reivindicativo durante el debate presupuestario para reclamar partidas que considera estructurales para la Comunidad Valenciana. Los PGE serán la primera barricada política entre Valencia y Moncloa.

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Además de la reclamación histórica de un nuevo modelo de financiación y de la exigencia de "compensaciones" de la deuda de la Generalitat valenciana con el Estado (FLA), en el caso de que se abra el debate sobre la deuda catalana, el Consell de Mazón se prepara para exigir al Ejecutivo central que cumpla con inversiones necesarias que llevan años durmiendo en el cajón de proyectos pendientes, especialmente del Ministerio de Transportes. En Valencia ciudad, el departamento de obras públicas y ADIF han avanzado en el proyecto del nuevo canal de acceso y el túnel pasante, en el marco del empujón de los últimos años al corredor mediterráneo. Pero la nueva alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha advertido de la demora en el proyecto de soterramiento de las vías de Serrería, claves para culminar también el desarrollo del llamado PAI del Grao, el plan urbanístico que completa el jardín del Turia y la conexión de toda la trama urbana con la fachada marítima.

Pero más allá de las grandes obras en la capital valenciana, el Consell de Mazón pone especialmente el foco en la provincia de Alicante, a la que considera históricamente marginada en el reparto provincial de inversiones. En las cuentas de este año, las comarcas alicantinas ocupaban el último lugar las prioridades del Gobierno, una cuestión que el año pasado ya propició una revuelta política y empresarial en la provincia y obligó al PSOE a tramitar enmiendas a sus cuentas para intentar compensar la escasa planificación inicial y calmar las aguas a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas.

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Este mismo jueves, la consellera de Innovación, Industria Comercio y Turismo, Nuria Montes, alertaba que Alicante "no puede seguir siendo ni un minuto más la última en inversiones del Estado". En su intervención como invitada ante el comité del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), Montes puso el foco especialmente en el eje Alicante-Elche, una área metropolitana de casi 850.000 habitantes que alberga el quinto aeropuerto internacional del país en número de pasajeros (13 millones en 2022, muy por encima de Valencia) sin tenerlo conectado ferroviariamente con las ciudades.

Esta semana, los dos alcaldes, los populares Luis Barcala y Pablo Ruz, se reunían con sus respectivos equipos para dialogar sobre estrategias conjuntas. La segunda y la tercera urbe de la Comunidad Valenciana en número de habitantes han tenido tradicionalmente cierta actitud competidora, Alicante más enfocada hacia los servicios y Elche hacia la actividad industrial. La pérdida de la alcaldía ilicitana por parte del PSOE, que tenía aquí un feudo histórico, en favor de una coalición de PP y Vox explica el actual acercamiento entre sus gobernantes.

"Es inexplicable el déficit de infraestructuras que existe en el sur de la Comunidad Valenciana", denunciaba Montes en su encuentro con los directivos de Ineca. "Este Consell será especialmente reivindicativo con todos los agravios que se han acumulado en nuestro territorio, y que nos han provocado una desventaja competitiva, pese a la cual los empresarios han conseguido consolidar un modelo de éxito", señalaba.