La Intervención señala el fraccionamiento de contratos en empresas públicas del Botànic

La Intervención de la Generalitat valenciana señaló en una auditoría general al sector público autonómico la existencia de indicios de fraccionamiento injustificado de contratos en, al menos, 28 casos durante el ejercicio del año 2021. Un informe fechado en abril del año pasado y firmado por la entonces interventora general y el viceinterventor general de control financiero y auditorías refleja en su apartado relativo al área de contratación la existencia de casi una treintena de incidencias en expedientes de contratos menores en empresas públicas que, "presumiblemente", se emplearon para "eludir los límites temporales y cuantitativos que establece la ley y que obligan a tramitar expedientes con formalidades más estrictas".

El informe del órgano fiscalizador, al que tuvo acceso El Confidencial, ha sido empleado por el nuevo inquilino del Palau de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, para anunciar la puesta en marcha de una nueva auditoría forense de todo el sector público instrumental con el fin de revisar las irregularidades en busca de posibles responsabilidades en la pasada legislatura. La auditoría de la Intervención del área de contratación, realizada en 2022, con el Botànic en el Consell, implicó la fiscalización de los expedientes de 51 entidades. De ellas, cuatro recibieron una valoración positiva, 33 merecieron una calificación favorable con salvedades y 14 fueron desfavorables. "En más del 90% de los informes se hace alguna observación y un 27,5% de los informes presenta una valoración negativa", señalan los interventores.

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La misma auditoría sobre las sociedades, entidades de derecho público y organismo instrumentales de la Administración valenciana detectó también más de 4.000 contrataciones de personal laboral temporal en estas instituciones públicas "que no han contado con la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuestos", infracciones en las obligaciones en materia de publicidad y trasparencia en la contratación pública en un 10% de los expedientes analizados o riesgos "significativos" y déficits en el control de los pagos de tesorería, incluida la identificación de las cuentas bancarias de los destinatarios de los abonos auditados.

Mazón denuncia, además, la existencia de 713 millones de euros en pagos a través de contratos "a dedo", que figuran en los informes elaborados por la Sindicatura de Cuentas. No obstante, no ha aclarado cuántos de estos pagos se produjeron durante la pandemia, cuando se relajaron los controles para agilizar los expedientes a través de la figura legal de la contratación de emergencia, con el fin de cubrir las necesidades de material sanitario en la lucha contra el covid. La Sindicatura ya advirtió del recurso generalizado a este tipo de contratación y la necesidad de corregir su uso una vez superada la crisis de salud pública.

Opinión

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"Vamos a poner a los mejores profesionales para conocer dónde ha ido a parar cada euro y exigir si procede responsabilidades administrativas e incluso penales", señaló en una comparecencia ante los medios este martes, apuntando a la gestión del Consell del Botànic que presidía el socialista Ximo Puig. El Ejecutivo de coalición del Partido Popular y Vox no ha concretado si pretende licitar un contrato específico para designar un auditor externo. Mazón aseguró ayer que su idea es que las conclusiones del análisis económico forense puedan estar a final de año, pero ese calendario casa mal con el proceso para la contratación de una consultora que vaya a cobrar más de 15.000 euros, como parece deducirse del volumen de trabajo en revisión de facturas y expedientes que implica auditar todo el sector público autonómico. Una de las opciones que baraja Presidencia es emplear el acuerdo marco que la Abogacía de la Generalitat tiene con despachos externos para realizar el encargo por esta vía.

La cuestión es en qué medida la revisión de la gestión en esas empresas puede aportar más datos nuevos de los que hasta ahora había encima de la mesa sobre la acción del anterior Gobierno de izquierdas y la gravedad de las posibles irregularidades, más allá de las incorrecciones administrativas. Como todos los años, la propia Sindicatura de Cuentas ha realizado recomendaciones para la mejora en los procedimientos, pero señala en sus informes de fiscalización de las cuentas públicas de los últimos ejercicios que no ha encontrado "situaciones en las que puedan concurrir características básicas de la responsabilidad contable". Por esta razón, no ha elevado hasta ahora expedientes al Tribunal de Cuentas para su evaluación y posibles reclamaciones económicas o penales.

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La oposición del PSPV-PSOE y Compromís ha contestado al barón popular defendiendo la legalidad de todas las actuaciones y acusando a Mazón de montar "una cortina de humo" ante la próxima celebración del juicio oral al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, que arranca el 1 de febrero, y la posibilidad de un próximo fallo condenatorio contra Francisco Camps por el caso Gürtel. Los socialistas sostienen que la fiscalización periódica del órgano estatutario ha avalado la legalidad de sus actuaciones.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, reveló que, pese a que el Partido Popular lleva semanas cuestionando la honradez en la acción de gobierno del Botànic, el nuevo Consell admitió el pasado 8 de enero en una solicitud de documentación de las Cortes valencianas que no se había realizado ninguna comunicación con la Abogacía de la Generalitat sobre las supuestas irregularidades cometidas en el sector público de la Generalitat.

Según Baldoví, “una semana después de admitir que no habían hecho nada sobre el tema, vuelven a la carga con insinuaciones que solo buscan servir de excusa para recortar en políticas que mejoran la vida de la ciudadanía, como por ejemplo bajar la factura de la luz a través de la Agencia Valenciana de Energía o dar una mejor formación a los profesionales públicos a través de la Escuela de la Administración Pública”, dijo en referencia a la supresión de estos organismos anunciada por el presidente autonómico, aun reconociendo que no tendrá impacto en ahorro de costes para la Generalitat.