El caso Zaplana, en riesgo de ser anulado por irregularidades en la prisión de los acusados

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre irregularidades en el caso Erial amenaza ya el futuro del procedimiento. Los acusados de la trama, entre ellos Eduardo Zaplana, se preparan para reclamar la nulidad de las diligencias y no descartan solicitar compensaciones económicas en aplicación del criterio del TC, que ha considerado que la falta de información a los imputados durante el periodo de prisión provisional vulneró su derecho de defensa. Aunque la resolución se ha dictado sobre la situación concreta de Francisco Grau, considerado el cerebro financiero de la red, fuentes jurídicas consultadas lo ven extensible al resto de afectados a los que se envió a la cárcel de forma preventiva.

Tanto Zaplana como el resto llevan denunciando casi desde el inicio de la instrucción la indefensión que les ha provocado la postura de la jueza de instrucción. La titular del Juzgado 8 de Valencia prorrogó los encarcelamientos en varias ocasiones mientras mantenía el secreto de las actuaciones. Las resoluciones estaban mínimamente motivadas y repletas de puntos suspensivos. Se justificaban las prórrogas por el riesgo de que la libertad afectara al buen destino de distintas diligencias que debían llevarse a cabo de forma reservada. Las defensas, entre ellas la del expresidente autonómico del PP, siempre argumentaron que podía estar justificado un secreto parcial pero no la prórroga sistemática de un secreto absoluto y total de las actuaciones.

Las fuentes consultadas apuntan a que tanto Zaplana como el resto de acusados reclamarán la nulidad en la primera fase del juicio oral

En distintos escritos a los que tuvo acceso este diario, los abogados recordaban que la actuación de la instructora les impidió conocer las bases de la imputación y los motivos por los que se encontraban privados de libertad. "Se nos impide articular una actividad procesal tendente a contradecir de forma mínimamente eficaz los posibles indicios existentes contra él y ejercer sus derechos", decía, por ejemplo, uno de esos escritos.

Las fuentes consultadas apuntan a que tanto Zaplana como el resto de acusados reclamarán la nulidad en la primera fase del juicio oral. Consideran que hay base a la vista de las conclusiones del TC sobre Grau que vio violados su derecho a la libertad personal y su derecho de defensa al no haberle dado un acceso parcial a la causa. El Juzgado ordenó tanto su detención como la del popular y la del empresario Joaquín Barceló y dictó prisión provisional sin fianza en un auto en que no se explicitaba la participación de los autores en los hechos y los indicios en que se sustentaba la medida. En junio, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, que tampoco sale bien parada, avaló esa decisión.

En caso se encuentra ya de camino a ser juzgado. La Fiscalía pide 19 de años para Zaplana, al que acusa de delitos de blanqueo, cohecho, falsedad en documento mercantil, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Además, le pide multas que suman algo más de 40 millones de euros y la inhabilitación por período de 22 años para empleo y cargo público y de tres años para el "ejercicio profesional y de comercio". El Ministerio Público también pide penas de prisión a presuntos colaboradores. Tanto para Grau como para Barceló reclama ocho años de cárcel.

Los argumentos del Constitucional

La Sala Primera del TC, con ponencia del magistrado Juan Carlos Campo, ha considerado irregular el proceder tanto de la instructora como de la Audiencia. Rechaza el criterio restrictivo de acceso a las actuaciones y considera que "el demandante ha visto lesionado su derecho a la libertad personal y su derecho de defensa" frente a la prisión provisional "en tanto se le ha denegado absolutamente el acceso a los elementos fundamentales del expediente para impugnar de manera efectiva la privación cautelar de libertad".

El acceso a lo actuado funciona como una garantía legal de la prisión provisional y es fundamental para un derecho de defensa efectivo frente a ella. "Comprende solo los elementos esenciales para impugnar la legalidad de la prisión provisional y no todas las actuaciones, pero en ese alcance no puede ser objeto de restricción en virtud de la declaración del secreto de las actuaciones", dice el TC. Por otro lado, recuerda el tribunal que "no basta para satisfacer" la garantía del acceso con la información verbal de los hechos imputados. "Este tribunal ha insistido también respecto a la garantía de información en que la persona detenida o presa debe ser informada por escrito (...), así como en que la finalidad del acceso es otorgarle la posibilidad de contrastar objetivamente la veracidad y la consistencia de la información recibida, para, en su caso, cuestionarla fundadamente ante la autoridad judicial con apoyo en la parte del expediente que recoja o documente las razones aducidas", indica.