El crecimiento imparable del gasto autonómico desvía su déficit un 50%

Las comunidades autónomas llegaron a la pandemia con unos servicios públicos muy deteriorados tras casi una década de férreo control presupuestario. Este fue uno de los argumentos para justificar el colapso del sistema sanitario español, que demostró estar lejos de la fama que le precedía. Esos ajustes ya son cosa del pasado, porque las CCAA han elevado el gasto público hasta superar ampliamente los niveles que llegó a tener en los años de la burbuja.

Las CCAA suman cinco años consecutivos aumentando su gasto en más de 10.000 millones de euros. En 2023 marcaron un nuevo máximo histórico con casi 250.000 millones de gasto. Las regiones han consolidado el incremento del gasto que tuvieron que realizar en los meses de la pandemia y han llegado mucho más lejos. En 2023 gastaron un 21% más que en el año de la pandemia y casi un 30% más que antes de la pandemia.

Las autonomías han contado con recursos récord para financiar este incremento del gasto. Sus ingresos se han disparado un 27% desde el año 2019 gracias a la combinación de subidas de impuestos, creación de empleo, inflación y afloramiento de economía sumergida. Aun así, los gobiernos autonómicos no han tenido suficiente con los 50.500 millones adicionales de ingresos que han logrado y han aumentado su gasto público en una cifra superior. En concreto, el gasto de 2023 fue 56.300 millones superior al del año 2019.

El resultado es que, a pesar del gran crecimiento de la recaudación, las regiones salen de la pandemia con más déficit público. En el año 2023 las CCAA tuvieron un déficit de casi 13.300 millones de euros, casi el doble que en el año 2019.

Si se mide en términos de PIB, el déficit autonómico superó el 0,9%. Es un 50% más del déficit que esperaban tanto el Ministerio de Hacienda como la Autoridad Fiscal (AIReF), De hecho, al inicio del año la expectativa era que las regiones tendrían un déficit acumulado de apenas el 0,1% del PIB. La AIReF daba una banda de posibilidades desde un superávit del 0,5% hasta un déficit del 0,6%. Pero el dato final ha empeorado cualquier previsión.

Las comunidades autónomas cayeron en 2023 en la tentación de aplicar una política fiscal expansiva aprovechando el buen ritmo de sus ingresos. Es cierto que la inflación obligó a aumentar el gasto en salarios o en consumos intermedios, pero las comunidades también aumentaron su gasto en transferencias sociales y ayudas a sus ciudadanos para compensar la crisis inflacionista. Por ejemplo, con las subvenciones al transporte público. Pero también aumentaron el número de trabajadores públicos para reforzar sus servicios.

Además, algunas comunidades también realizaron importantes bajadas de impuestos que frenaron el incremento de su recaudación. Destacan Madrid y Andalucía, que son las dos CCAA que más aumentaron su déficit en 2023. Andalucía elevó sus números rojos en casi 900 millones de euros, el 0,4% de su PIB, y Madrid los incrementó en 350 millones, un 0,1% de su PIB. Sus políticas de bajadas de impuestos y aumento del gasto han provocado un aumento del déficit que tendrán que corregir este año.

Además, hay seis comunidades autónomas que tuvieron un déficit público superior al 1% del PIB, esto es, duplicando el nivel de referencia calculado para el subsector. Son Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. Como se observa por la composición de este grupo, los motivos del déficit son muy variados. Murcia y Valencia tienen problemas de financiación, lo que explica sus déficits recurrentes, pero no ocurre lo mismo con Extremadura o Cataluña, lo que evidencia que también se han producido excesos de gasto.

Otras comunidades autónomas sí consiguieron embridar el déficit y cinco regiones cerraron el año en superávit. Destaca, por encima de las demás, Navarra, con un saldo favorable del 1,4% de su PIB. Pero también Baleares, Canarias, Asturias y Cantabria cerraron el año con un saldo positivo. Todas ellas tienen una característica común: se encuentran entre las regiones con mayor financiación por habitante.

A pesar de que existen grandes diferencias entre territorios, tanto en términos de déficit como de financiación, todas las CCAA han consolidado los incrementos del gasto para revertir los recortes realizados durante la pandemia. Las comunidades salen de la pandemia con un nivel de gasto del 17% del PIB, dos puntos más que en pleno pico de la burbuja y un punto y medio más que antes de la pandemia.

Finalmente, las regiones no arrastran los recortes que tuvieron que hacer durante la crisis financiera. Sin embargo ahora tienen otro reto: han llevado su gasto demasiado lejos y han elevado el déficit un 50% desde los niveles previos a la pandemia aprovechando la suspensión de las reglas fiscales. Pero en 2024 la permisividad fiscal desaparece. Las regiones están obligadas a eliminar todo su déficit público. Para ello tendrán una ayuda: la liquidación favorable del ejercicio 2022, pero a futuro no contarán con estos recursos extraordinarios, por lo que tendrán que realizar una política presupuestaria prudente. Aunque, a futuro, todo estará determinado por la reforma de la financiación autonómica.