Hacienda blinda los recursos de las CCAA: transferirá más de 124.000 millones en 2021

Las comunidades autónomas tendrán unos ingresos de récord en 2021 para financiar el coste de la crisis del coronavirus y los programas de recuperación económica. Así se lo ha trasladado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los responsables de hacienda de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En total, las comunidades recibirán más de 124.000 millones de euros del Estado entre transferencias ordinarias y extraordinarias, lo que supone en torno a 2.600 millones menos que en 2020. Sin embargo, la caída de la financiación estatal se compensará con los 8.000 millones que recibirán las autonomías del fondo React dentro del paquete de ayudas europeas.

De esta forma, el Ministerio de Hacienda quiere asegurar que las regiones cuentan con ingresos suficientes para financiar unos presupuestos expansivos que ayuden a la recuperación económica. Sin embargo, esta cifra no será suficiente para cubrir todos los gastos de las CCAA en 2021. Al menos esa es la estimación del Ministerio de Hacienda, quien prevé que se excedan en unos 13.400 millones, esto es, un déficit del 1,1% del PIB. Esta cifra es la "tasa de referencia" con la que el Gobierno elaborará los planes de déficit y deuda para 2021 que remitirá en las próximas semanas a Bruselas.

Como el Gobierno ha suspendido las reglas fiscales de todos los subsectores de la administración, las comunidades autónomas no tendrán que ajustarse a ningún objetivo de déficit en sus presupuestos para el próximo año. Sin embargo, Hacienda ha elaborado esta previsión de déficit para contar con un marco de referencia que se podrá modificar en cualquier momento. Con este marco de referencia elaborará sus previsiones de emisión de deuda en 2021, ya que muchas CCAA no pueden financiar su déficit en los mercados y necesitarán acudir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y la Facilidad Financiera. Esto es, a los créditos extraordinarios del Estado.

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En total, incluyendo los fondos transferidos por la Unión Europea, las CCAA parten con unos recursos récord de casi 150.000 millones de euros, a los que hay que sumar la recaudación con impuestos transferidos. "No vamos a exigir recortes ni ajustes, sí vamos a exigir responsabilidad fiscal", ha señalado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este déficit adicional lo soportará la Administración Central en 2021, pero está por ver qué ocurre a partir de 2022.

No vamos a exigir recortes ni ajustes, sí vamos a exigir responsabilidad fiscal

El grueso de estos recursos se canalizarán a través del sistema de financiación ordinario: entregas a cuenta y liquidación del año 2018. Las entregas a cuenta se harán sobre la base de las transferencias de este año, que se hicieron con la previsión de un crecimiento del PIB del 1,6% para 2020. Esto es, del escenario sin crisis del coronavirus. Esto significa que sus ingresos serán muy superiores a lo que les correspondería y en 2023, cuando haya que liquidar el ejercicio 2021, tendrán que empezar a devolver los recursos extraordinarios recibidos.

A esta cuantía hay que sumarle los 13.400 millones de euros adicionales de una transferencia extraordinaria que ha ofrecido Hacienda a las comunidades autónomas. Será la compensación del Fondo Covid de 14.000 millones que aprobó el Gobierno para este ejercicio 2020 y que ya no existirá en 2021. Montero ha explicado que negociará con los grupos parlamentarios los criterios de reparto de esta transferencia extraordinaria. La intención inicial del Ejecutivo era que el reparto se hiciese en línea con los criterios del sistema de financiación, pero está abierto a modificarlo y que se entregue en función del impacto de la pandemia. Este matiz es muy relevante, ya que las comunidades más beneficiadas variarán de forma significativa en función de los dos criterios. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, podría recibir una cuantía significativa por el impacto de la pandemia, sin embargo, sería muy inferior si se reparte en función del impacto de la pandemia. Y justo lo contrario ocurriría en territorios como Asturias o Cantabria.

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Algunas comunidades autónomas han mostrado su preocupación por la suspensión total de las reglas fiscales, ya que puede producir desvíos significativos del déficit público. Es el caso, por ejemplo, del consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. En su opinión, "abre una senda de desequilibrios en las cuentas públicas que pueden tener consecuencias muy graves para España".

Montero ha remarcado que "esta suspensión de las reglas fiscales no significa, en ningún caso, suspensión de la responsabilidad fiscal", y ha avanzado que el déficit público empezará a reducirse ya desde 2021. La recuperación del PIB permitirá elevar los ingresos públicos, mientras que los gastos se reducirán como consecuencia del fin de algunas de las ayudas más costosas, como es el caso de los ERTE o el cese de actividad de los autónomos. El Ejecutivo presentará "en las próximas semanas" el nuevo techo de gasto y las previsiones fiscales que incluyen un primer recorte del déficit en 2021, tanto en términos relativos (% del PIB) como absolutos (millones de euros).