¿A quién vota el valencianismo? Los partidos se ponen de perfil ante la crisis de Peter Lim

El contraste de la vida: muchos valencianistas, eufóricos tras ganar la Copa del Rey del 25 de mayo de 2019 al Barcelona de Messi en Sevilla, no llegaron a tiempo para votar en Valencia en las elecciones locales y autonómicas del día siguiente, el 26. Quién sabe si esos votos ausentes pudieron inclinar la balanza. Esta vez va a ser muy distinto. La tristeza inunda el club de Mestalla. El VCF vive un drama deportivo, asomando a las puertas de Segunda, económico (una deuda de unos 350 millones) y social (con la afición exigiendo la marcha del dueño, Peter Lim). El próximo 28 de mayo, el Valencia CF recibe al Espanyol en Mestalla en la penúltima jornada de Liga, probablemente jugándose la permanencia. Y el estado de ánimo de los aficionados puede condicionar unas elecciones ajustadísimas entre una mayoría de izquierdas o de derechas, pero ¿a quién votan los valencianistas?

Los partidos políticos valencianos, hasta la fecha, se han puesto de perfil ante un problema complejo que no saben cómo abordar. Ninguno de ellos quiere una foto con el máximo accionista del VCF ni alguno de sus representantes (de ahí que el convenio para acabar el nuevo estadio no se firme), pero tampoco alzan la bandera contra el millonario de Singapur y le enseñan la puerta de salida de Mestalla. Si el grupo municipal del PSPV ha sido mucho más duro con las exigencias de Lim, mientras Compromís ha ido virando su postura, el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, se mueve con pies de plomo cuando le preguntan al respecto. “Meriton [la empresa propietaria] ha de cumplir sus obligaciones”. “Que se acabe esta crisis institucional”. “Que le vaya bien al VCF”, dijo esta semana en Europa Press. La postura dura en el partido la asumen los concejales Sandra Gómez y Borja Sanjuán, que han impuesto a la entidad blanquinegra las fichas urbanísticas: solo vender el viejo Mestalla cuando acabe el nuevo; solo vender el terciario del nuevo Mestalla cuando la entidad ingrese en las arcas públicas los más de nueve millones del pabellón de Benicalap.

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La crisis del equipo no es un asunto menor. “Claro que puede influir”, resuelve Juan Martín Queralt, catedrático de Derecho Financiero y miembro de la plataforma De Torino a Mestalla, si se le pregunta por la influencia que puede tener la delicada situación del club el 28-M. “La respuesta del valencianismo tiene que ser acorde con la gravedad de la crisis del VCF, mucho peor que en 1986 [el único descenso en la historia del club], porque entonces había mucho mejor equipo y un hombre, Arturo Tuzón, dispuesto a rescatarlo”, añade Queralt.

Puig, sin embargo, no se moja. En parte, porque se trata de un problema heredado de su antecesor y rival, el popular Alberto Fabra, impulsor de la venta del club en 2014. “Las administraciones no estamos para gastarnos dinero en equipos de fútbol”, dijo Fabra en marzo de 2014. Se refería al préstamo de 81 millones de Bankia a la Fundación del VCF avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Ese crédito, al no poder devolverlo el Valencia, empezó a caer sobre las arcas públicas. “Tenemos que vender el VCF a quien nos garantice que, en dos años, ganamos la Champions”, añadió Fabra en una cena con José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, principal acreedor del club.

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Pero han pasado muchos años, nueve, y han pasado muchas cosas, como dice la canción de Serrat. ¡Qué quimera aquel deseo de Fabra, con el equipo hundido en la tabla de Primera! Tampoco el candidato por el PP a la Generalitat, Carlos Mazón, ni la candidata a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, ofrecen una postura clara respecto al VCF. Preguntada esta semana si se fía de Meriton, Catalá declaró: “Una administración tiene los suficientes instrumentos legales no para jugar con la buena voluntad de nadie, sino para jugar con sus posibilidades legales y administrativas”. “Me indignan el manoseo del VCF y la utilización a efectos de campaña electoral o de autopromoción”, declaró en Onda Cero.

Libertad VCF, grupo de oposición a Lim, ha publicado un panel sobre sus exigencias a los partidos políticos y cómo están respondiendo. Y solo hay dos emoticonos verdes, con una sonrisa: uno para los socialistas en relación con “no conceder ventajas urbanísticas sin garantías suficientes”. Y otro para Podemos en referencia a declarar públicamente la necesidad de que Peter Lim abandone el accionariado del VCF. El resto está en rojo: trabajar en busca de soluciones para el futuro del VCF; sentarse con Lim para buscar su salida; y adoptar en su programa electoral medidas del decálogo de Libertad VCF. Ningún partido aprueba, según el baremo de Libertad.

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Los partidos políticos valencianos solo se han puesto de acuerdo en una iniciativa respecto al Valencia CF. El ayuntamiento declaró el club de Mestalla Bien de Interés Cultural (BIC), figura jurídica que está tramitando ahora la Conselleria de Cultura. “El objetivo final”, explica José Antonio Pérez, de Libertad VCF, “es sentar a Lim a negociar la venta. La consideración del VCF como BIC debe ser lo más ambiciosa y concreta posible. Que no se quede como un canto al sol. Que pueda proteger todo lo que es el club deportivo. Hay un precedente judicial en el Córdoba: el administrador judicial decidió escindir el club deportivo de la Sociedad Anónima”. Pero incluso en esto han salido divergencias. “Puig echó piedras a su tejado al declarar sin necesidad que la Generalitat, en ningún caso, podría expropiar el VCF”, se queja Pérez. “Le quitó así la fuerza para negociar”.

De Torino a Mestalla, presidida por Joserra García Fuster, exteniente de alcalde con el PP, ha querido organizar un debate entre los cabeza de lista al ayuntamiento para preguntarles cómo resolverían el problema del club. Pero el actual alcalde, Joan Ribó, no contestó y el resto solo aceptaban acudir si iban todos los primeros espadas. Finalmente, se pospuso la convocatoria. Libertad entiende que podrá organizar un debate entre los candidatos municipales, pero se ha topado con “muy mala respuesta” por parte de los aspirantes a la Generalitat, tanto del socialista Puig como del popular Mazón.

“Nuestro axioma es ‘No más oxígeno a Meriton”, proclama García Fuster, "que la Administración no firme ningún convenio con el club. Que el ayuntamiento elija al promotor para acabar el nuevo Mestalla y que ejecute el proyecto con cargo al dinero del VCF, según los privilegios urbanísticos previstos en la caducada ATE [el terciario en el nuevo Mestalla y la volumetría en el viejo]". El presidente de la plataforma se ha reunido este jueves en Madrid con Goirigolzarri para comunicarle que el VCF no es un cliente normal, sino uno de 104 años, representante de un sentimiento colectivo y de un depósito de mucho dinero de los valencianistas en el banco. “CaixaBank no puede mirar hacia otro lado”.

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García Fuster, a título personal, defiende a ultranza que el valencianismo, “en un 90%”, estaría a favor de quedarse en el viejo Mestalla si hubiera un referéndum. “Estamos a tiempo. Desde 2009 no se ha puesto una piedra en el nuevo estadio. La propuesta consistiría en, siempre de acuerdo a la ley, revertir en municipal el nuevo Mestalla y convertirlo en un recinto multiusos; llegar a un acuerdo con los vecinos afectados del viejo Mestalla (a cuenta de la sentencia del Supremo que obliga a derribar una parte de la grada) y rehabilitar el viejo estadio con los 80 millones (del préstamo de CVC) y los 40 (de la venta del terciario a Atitlan), como han hecho casi todos los clubes: el Barça, el Madrid, el Levante, el Villarreal, el Athletic, Osasuna...”.

Por su parte, los volantazos de Compromís han desconcertado a sus votantes valencianistas. El 23 de abril de 2021, el presidente de Les Corts, Enric Morera, se presentó por sorpresa en À Punt como una especie de portavoz de Meriton anunciando la buena nueva de “una propuesta del VCF para acabar el pabellón de Benicalap y otra para una solución al estadio nuevo”. “Me consta que presentarán documentación donde toca, que es la conselleria”, declaró. Eran los tiempos en los que Compromís, bajo los consejos del asesor Lluismi Campos, pretendía prolongar los beneficios de la ATE (la figura urbanística que se concedió al nuevo Mestalla en 2015 por la relevancia del proyecto) a través de su conseller de Economía, Rafa Climent, y en contra del exconseller de Territorio, el socialista Arcadi España. El propio Morera, en mayo de 2022, cambió completamente de idea e impulsó una “proposición no de ley por vía de urgencia” contra Meriton por incumplir “los requisitos éticos que requiere una empresa que opera en otro Estado”. Las Cortes le dieron la espalda.