PSOE y PP no se atreven con el fútbol: se ponen de perfil con la comisión de investigación Rubiales

Presionaron para lograr la dimisión de Luis Rubiales tras su beso no consentido a Jenni Hermoso, que llevó a la Fiscalía a querellarse por una presunta agresión sexual. Celebraron la tardía renuncia del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pero ni PP ni PSOE quieren hoy aclarar si se sumarán a la comisión de investigación sobre su etapa en la RFEF, que los socios del Gobierno de Pedro Sánchez planean impulsar en el Congreso de los Diputados. Los dos grandes partidos, de nuevo, prefieren tomar distancia cuando se trata de auditar a las altas instancias del fútbol español.

La iniciativa de esta comparecencia fue registrada el miércoles, y hasta el momento los populares y socialistas solo afirman que "estudiarán" el texto planteado, sin aclarar si contemplan unirse. La creación de estos órganos de trabajo parlamentario debe ser aprobada en pleno, por mayoría simple. ERC, EH Bildu, Podemos y BNG solo tienen amarrados los votos de Sumar. Con los 26 escaños de la coalición de Yolanda Díaz, apenas suman 45 votos. Sin el PP o el PSOE, la iniciativa no podrá salir adelante. Fuerzas como Vox o el PNV tampoco aclaran el sentido de su voto, pero por sí solas no podrían decantar la balanza (33 y cinco escaños) si uno de los grandes decide votar en contra.

Los escándalos que afectan a Luis Rubiales comenzaron antes del beso a Jennifer Hermoso. El Confidencial sacó a la luz en 2022 una serie de exclusivas sobre irregularidades en el seno de la RFEF. Tenían que ver principalmente con la venta de la Supercopa de España a la dictadura de Arabia Saudí. El Gobierno siempre protegió a Rubiales. Metió en un cajón la denuncias presentadas ante el Consejo Superior de Deportes, que habrían servido para inhabilitarlo si las hubiesen tramitado. El mandatario, que terminó suspendido y apartado por la FIFA, se hizo valer ante la Moncloa con la candidatura del Mundial 2023 en España. Mientras todo eso pasaba, el PP apenas hizo oposición en este campo y le pareció un asunto menor.

El mundo del fútbol siempre ha sido un campo minado para los partidos. Representa un tablero de complejas alianzas e intereses cruzados que vive en una constante guerra entre instituciones. El presidente de la Liga, Javier Tebas, se enfrentó a Rubiales, pero también a los presidentes del Real Madrid y el Barcelona, Florentino Pérez y Joan Laporta. A su vez, los dirigentes de los dos clubes más potentes mantienen un conflicto con la UEFA por la organización de la Superliga al margen de la federación europea.

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En la pasada legislatura, el Congreso de los Diputados sacó adelante una nueva ley del deporte que a punto estuvo de irse al traste en la recta final porque los bandos enfrentados del fútbol —no los políticos que la tramitaban— no llegaban a un acuerdo sobre el redactado de algunos artículos de la norma. Tenían que ver con el reparto del dinero y la Superliga.

Fuentes parlamentarias aseguran ahora que, de salir adelante la comisión, exigirán la comparecencia del propio Rubiales, pero también de otras figuras relevantes en su organigrama. Los socios del Gobierno piden esclarecer si, durante su etapa al frente de la RFEF (2018-2023), se produjeron episodios de acoso sexual, corrupción o espionaje, entre otras supuestas irregularidades. La RFEF es una entidad privada, pero declarada de utilidad pública, y el texto recuerda que cada año recibe cerca de 14 millones de euros de las arcas públicas del Consejo Superior de Deportes (CSD), como subvenciones de capital.

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"Es perentorio que se aclaren las presuntas irregularidades y eventualmente sus responsables, que lastran la imagen de la RFEF", reza el texto, que alude a la publicación de informaciones "preocupantes relacionadas con la falta de ética y transparencia en el funcionamiento de la entidad y algunos de sus miembros". En su repaso, menciona algunos de los acontecimientos más polémicos que, en los últimos años, han sacudido a la entidad: desde las "elevadísimas remuneraciones" de la alta dirección —"entre 2018 y 2021, pasaron de 1,8 millones a siete"— hasta la denuncia a Anticorrupción del tío y exjefe de Gabinete del expresidente, Juan Rubiales, "por un presunto desvío federativo para pagar varias orgías con amigos" en Salobreña.

O los escándalos de los Supercopa Files, por los que la Fiscalía Anticorrupción mantiene su acusación en un juzgado de Majadahonda. "Hay que mencionar, además, una serie de supuestas grabaciones clandestinas que destapó El Confidencial, registradas por el propio Rubiales a ministros y cargos del Gobierno español de Pedro Sánchez. Según parece, Rubiales habría estado grabando durante los últimos cuatro años conversaciones comprometedoras con diferentes miembros del Ejecutivo", abunda el texto. La exposición de motivos destaca que su gestión se ha visto "empañada por una larga sombra de dudas relacionadas con presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, gestos indebidos o cobro de comisiones".

La Justicia mantiene sus sospechas en torno a las actividades de Rubiales, como acredita la investigación en el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, abierta en junio de 2022. La magistrada del caso solicitó una comisión rogatoria a Andorra con datos bancarios del exjugador del Barça Gerard Piqué. Sigue el rastro del dinero que cobró el que fuera capitán del Barcelona por haber ejercido de intermediario entre Rubiales y los árabes para la venta de la Supercopa cuando todavía era un jugador en activo.

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De conformarse, la comisión de investigación desarrollaría sus trabajos durante un periodo de seis meses —prorrogable— para emitir un dictamen no vinculante sobre los hallazgos que alcanzase. En concreto, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG piden a la Cámara Baja que indague sobre "las eventuales conductas personales que pueden ser constitutivas de delito de género en el seno de la RFEF en toda su estructura". También sobre "el cumplimiento del protocolo de la Real Federación Española de Fútbol para la prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso sexual", o "la composición y funcionamiento de los órganos a cargo de depurar responsabilidades en caso de que se cometan posibles agresiones sexuales". O sobre "el presunto cobro de comisiones irregulares por parte de los directivos de la RFEF".

Rubiales se puso a los mandos del fútbol español en mayo de 2018, y fue suspendido por la Federación Internacional del Fútbol (FIFA) por el beso no consentido a Hermoso tras la victoria de la Selección femenina en la Copa del Mundo, en agosto de este año. En los días posteriores, cuando aún se aferraba al cargo, Sumar, Podemos, PSOE y PP reclamaron su dimisión. El líder de Vox, Santiago Abascal, aprovechó para reclamar a su vez la del presidente del Gobierno por los efectos de la ley del solo sí es sí.

El propio jefe del Ejecutivo exigió a Rubiales pasos más contundentes que su particular vídeo de disculpa, deslizando que debería dimitir. En comparecencias posteriores, Sánchez fue clarificando su mensaje, hasta que finalmente Rubiales aceptó apartarse. Desde este escándalo internacional, que saltó a todas las portadas del mundo, Rubiales está fuera. Pero hasta ahora las formaciones políticas no habían dado un paso para forzar a la Cámara a investigar las presuntas irregularidades que salpicaron su mandato.