La Audiencia Nacional concluye que el Gobierno se saltó la ley para proteger a Rubiales por la Supercopa

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que zanja que el Gobierno de Pedro Sánchez no actuó conforme al derecho al impedir que el TAD estudiase las denuncias contra Luis Rubiales a raíz del escándalo de los Supercopa Files. El Consejo Superior de Deportes (CSD) se escudó en que ya había una investigación judicial en marcha para no activar un proceso sancionador contra el entonces presidente de la RFEF, al que la Moncloa protegió hasta el beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino este verano. Ahora, el juez central de lo Contencioso Administrativo número 4 de la Audiencia Nacional declara nula aquella decisión del Gobierno y le ordena tramitar las denuncias por la venta de la Supercopa de España a Arabia Saudí, entre otras presuntas irregularidades.

La sentencia a la que ha tenido acceso El Confidencial deja “sin efecto alguno” la resolución mediante la cual el Gobierno metió las denuncias contra Rubiales en un cajón. Declara “la obligación del CSD a elevar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) las denuncias presentadas por la Liga Nacional de Fútbol Profesional para que por dicho tribunal se adopte la resolución que proceda”. El Consejo dejó pasar las semanas tras las primeras publicaciones de El Confidencial, en abril de 2022. Luego anunció la apertura de unas actuaciones previas con las que dejó pasar más tiempo.

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Al final, el 26 de junio de 2022 un juzgado de Majadahonda abrió una causa penal para investigar a la RFEF y desde el CSD se lavaron las manos. La sentencia sostiene ahora que “el Consejo carece de competencia para acordar la tramitación de unas actuaciones previas antes de elevar su propuesta de iniciación del procedimiento disciplinario deportivo al TAD, y por ello tampoco puede suspender dichas actuaciones previas”.

Las maniobras de José Manuel Franco

La Liga fue uno de los organismos que denunciaron a Rubiales ante el Consejo Superior de Deportes a partir de las exclusivas de El Confidencial. Presentó escritos el 13 de junio y el 1 de julio de 2022. El CSD, entonces presidido por el veterano socialista José Manuel Franco, mantuvo esas y otras denuncias en un cajón el tiempo suficiente como para que un juzgado abriese una causa penal sin tener que actuar. Como las presuntas irregularidades de Rubiales al frente de la Federación ya estaban bajo el escrutinio de los jueces, el Gobierno decidió no elevarlas al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Es el máximo órgano en materia deportiva del ordenamiento español, con capacidad incluso para haber inhabilitado a Rubiales por corrupción.

"Se debe de iniciar el correspondiente procedimiento disciplinario deportivo"

La Liga de Fútbol Profesional recurrió esta decisión ante la Audiencia Nacional, que ahora le ha dado la razón en una resolución de este mismo lunes avanzada por iusport. En concreto, la institución que dirige Javier Tebas lo que pidió fue que se declarase nula la decisión del CSD y que le ordenase elevar ante el TAD sus denuncias contra Rubiales y contra el que fuera hasta hace unos días el responsable de Integridad de la RFEF, Miguel García Caba. La Liga les denunciaba por una infracción muy grave de la entonces vigente Ley del Deporte de 1990. En virtud de esa norma, Rubiales podría haber sido apartado cautelarmente del cargo si el TAD hubiese podido al menos estudiar el fondo del caso. El Gobierno siempre se resistió a dar ese paso con esta y otras denuncias presentadas por víctimas de las actividades del ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

De hecho, en este procedimiento en la Audiencia Nacional intervino la Abogacía del Estado, que son los servicios jurídicos del Gobierno. Defendieron los intereses de Rubiales en contra de la Liga. Dijeron que el Consejo era competente para ejercer de primer filtro antes de elevar directamente al TAD. La sentencia de la Audiencia Nacional desmiente esta tesis y replica que la decisión del Gobierno “impidió que se iniciara el correspondiente procedimiento disciplinario deportivo, y causó un perjuicio irreparable” a la Liga “al provocar la posible prescripción de los hechos denunciados, pues las actuaciones previas no paralizan el plazo de prescripción de las infracciones administrativas”.

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“No es admisible —dice la Audiencia Nacional–— la suspensión de las actuaciones previas por la tramitación de diligencias penales, pues si se han abierto diligencias previas en vía judicial, que es lo que ha ocurrido en el presente asunto, se debe de iniciar el correspondiente procedimiento disciplinario deportivo, y posteriormente se debe de acordar su suspensión, evitando así la prescripción de los posibles ilícitos administrativos”. Según la Ley del Deporte, la falta muy grave prescribe a los tres años, la grave al año y la leve al mes. Pero la prescripción comienza a contar desde el momento en que se comete la infracción, no cuando se presenta la denuncia.

Lo que comunicó la Liga para que se elevase al TAD fueron las informaciones desveladas por este periódico: “Presuntas irregularidades en la organización de la Supercopa de España de Fútbol disputada en Arabia Saudí”, “pago del alquiler de la vivienda por parte de la RFEF del presidente de la RFEF”, “presuntas irregularidades en desplazamientos realizados por el presidente de la RFEF del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2018 a Nueva York”, "presunta contratación de detectives para espiar la conducta del líder del Sindicato de Futbolistas a través de la agencia Cryptex Europa" y “presuntas irregularidades en el procedimiento seguido para cubrir la vacante producida en Segunda División B por el descenso administrativo del Reus CF”.