La Abogacía del Estado torpedea el concurso de los Docks de Valencia al restringir los usos

La Abogacía del Estado en Valencia ha puesto grilletes al Ayuntamiento de la ciudad a la hora de buscar soluciones al edificio de los Docks, un inmueble emblemático situado en el espacio de la Marina Real de Valencia, con fachada protegida y que acumula años cerrado y sin uso ante la imposibilidad de encajar proyectos. El nuevo gobierno municipal, dirigido por la popular María José Catalá, acaba de frenar el concurso para la cesión y construcción en este espacio (en el que planeamiento urbanístico permite levantar sobre él dos altura más) de un centro de procesamiento de datos con usos mixtos que inició el anterior ejecutivo local, comandado por Joan Ribó (Compromís) en coalición con el PSPV-PSOE.

Un informe fechado el pasado 13 de abril por la letrada Carmen de Puig de Olano, que estuvo vinculada al Puerto de Valencia como consejera de su filial Valencia Plataforma Intermodal, sostiene que cualquier actividad que implique una explotación económica, el cobro de un canon por parte del ayuntamiento y la restricción de acceso abierto al público sería contraria a la legislación y conllevaría el retorno al ente autónomo del Estado del inmueble que cedió a la Administración local en 2013.

El informe, al que tuvo acceso El Confidencial, se refiere en concreto al proyecto del data center del que señala que no cumple con los criterios de "utilidad pública" e "interés social" que marca la Ley de Puertos para los inmuebles o terrenos desafectados de la actividad portuaria que hayan sido cedidos. Según sostiene, el hecho de que el edificio vaya a tener un uso privativo, genere rendimiento económico al concesionario del derecho de superficie y también para el propio Ayuntamiento invalidan las condiciones de la cesión.

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La argumentación de la letrada restringe las opciones de dotar de contenido al edificio de los Docks y abre todo un escenario de incertidumbre jurídica sobre el modelo de gestión de la Marina de Valencia si se hace extensivo a elementos ya en marcha. De fondo, está el conflicto que sigue sin resolverse sobre la cesión de espacios ajenos ya a la actividad portuaria y su integración en la fachada marítima de la ciudad.

Lo paradójico del informe es que el de los Docks no es el único inmueble situado en el sector de la antigua dársena interior del Puerto de Valencia que albergaría actividad económica y cuyo acceso al público está restringido por sus concesionarios. El más emblemático de estos elementos es el complejo de dos edificios que compone la Marina de Empresas que impulsó el dueño de Mercadona Juan Roig y funciona desde hace años. Aquí se ubican la escuela privada de negocios Edem y Lanzadera, la aceleradora de 'startups' que financia el empresario de la distribución. Marina de Empresas obtuvo en concurso público convocado por el Consorcio Valencia 2007 el derecho de superficie de una parte del suelo, con el compromiso de construir los edificios, a cambio de un canon anual de algo más de 300.000 euros, en un proceso muy similar al de los Docks.

No es el único caso. Varias bases de los antiguos equipos participantes de la America's Cup están cedidas en régimen de concesión a terceros que desarrollan actividades económicas e, incluso, subarriendan espacios como una parte más de su modelo de explotación. Es el caso de la consultora Innsomnia, del centro BioHub o de Angels Capital, el brazo inversor de Juan Roig, complementario de Lanzadera.

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La tesis de la Abogacía es que una vez liquidados los créditos del ICO que sirvieron para financiar la America's Cup debía disolverse el Consorcio tripartito que gestionaba los espacios desde que habilitaron para la regata a partir de 2006, y todos los elementos que tuviese algún componente de explotación económico retornar al Puerto, al entender que no cumplen la utilidad social para la que fueron cedidos, según señaló la Abogacía del Estado en Valencia en otro informe de 2022, a consultas de la Autoridad Portuaria. Por ahora, no ha habido acuerdo entre administraciones para resolver ese embrollo jurídico-administrativo que limita la capacidad del gobierno local de planificar sobre la fachada marítima de la ciudad.

La argumentación es extensiva también a sectores de la fachada marítima que fueron cedidos al propio Ayuntamiento de Valencia, como es el caso del edificio de los Docks, un inmueble que durante años albergó una discoteca, otra paradoja. La anterior administración local alegaba que los informes municipales sí admitían el interés público del proyecto del centro de datos por su volumen de inversión o generación de empleo y decidió seguir adelante con el procedimiento administrativo, obviando las advertencias de la Abogacía del Estado. La mesa de contratación llegó a hacer una propuesta de adjudicación en favor de la mercantil Sineasen (Datium), pero ahora el nuevo equipo de gobierno de la popular María José Catalá ha frenado el concurso y ha optado por desactivarlo. El adjudicatario virtual ofrecía el desembolso de un canon superior al millón de euros, una inversión de 43 millones de euros y la creación de 590 empleos.

Entre las razones esgrimidas para tumbar el procedimiento, según el escrito de desistimiento al que ha tenido acceso El Confidencial, se cita el informe de la Abogacía específico sobre los Docks elaborado por De Puig de Olano, pero también se expresa una opinión contraria al proyecto. "El actual equipo de gobierno no comparte que la finalidad de instalar un Centro de Procesamiento Electrónico de Datos merezca ser declarada de utilidad pública o interés social a los efectos de otorgar y constituir un derecho real de superficie en este edificio y ello en base a la consideración de que una infraestructura de tal carácter puede establecerse en cualquier otra localización de menor importancia estratégica para la ciudad que un edificio singular, emblemático y dotado de protección patrimonial por el planeamiento vigente", señalan.

"El destino a dar al referido inmueble por parte del Ayuntamiento (constituir un derecho de superficie sobre el mismo para su explotación por un tercero, a cambio de un canon anual) es contrario a la finalidad de utilidad pública o interés social para el que el citado bien fue cedido, remitiéndonos de nuevo a la argumentación recogida en el informe de 19 de octubre de 2022", afirma la letrada de la Abogacía del Estado en su informe.

Los promotores de la iniciativa, que han recurrido por la vía administrativa y preparan un contencioso contra la decisión municipal, manejan informes de consultoría con ejemplos de centros de datos de usos mixtos integrados en edificios emblemáticos como la sede del Centro Nacional de Supercomputación en la Torre Girona de Barcelona, un edificio neoclásico del siglo XIX; el Bahnhof Data Center, en un viejo refugio nuclear bajo el parque Vita Berg de Estocolmo; o la Salem Chapel de Leeds (Reino Unido), una antigua capilla de 1791 que alberga un espacio de usos mixtos con la sede de la empresa de telecomunicaciones Aql, con centro de datos, auditorio y oferta de restauración.