La jueza investiga los contratos de Rubiales con los abogados que usaba en la RFEF para presionar a periodistas

La jueza del caso Supercopa Files que investiga las presuntas irregularidades de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha puesto ahora el foco en la relación económica que el mandatario estableció con un despacho de abogados externo llamado G&C Legal. Es una firma dirigida por el abogado de confianza de Rubiales, Tomás González Cueto. Su bufete incrementó un 197% sus ingresos durante los dos primeros años de mandato del expresidente. Firmó muchas de las querellas impulsadas por el dirigente amparado en los fondos de la RFEF. Muchas de estas acciones iban dirigidas contra periodistas en lo que supuso una estrategia de control para salvaguardar la imagen de Rubiales.

En una providencia de este martes a la que ha tenido acceso El Confidencial, la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Majadahonda solicita a los actuales responsables de la RFEF nueva documentación para su investigación. Les pide, entre otras cosas, los informes que elaboró el departamento de Control Externo relacionados con la venta de la Supercopa de España a Arabia Saudí y también con este despacho de abogados.

En concreto, la jueza Delia Rodrigo quiere los “informes emitidos por el Comisionado de Control Externo, y, en su caso, por la Oficina de Control y Supervisión respecto del contrato celebrado con SELA (empresa pública saudí) para la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí, así como informes de los contratos celebrados con el despacho G&C Legal o con cualquiera de sus miembros, incluyendo los encargos realizados por la Federación sobre la base de un posible contrato marco”.

Rubiales activó durante su mandato una fábrica de querellas y G&C Legal de González Cueto se benefició de la profusa actividad en los tribunales de la Federación que cuenta con un presupuesto de varios cientos de millones de euros. El bufete de González Cueto cerró el ejercicio 2017, previo a la llegada de Rubiales a la RFEF, con ocho empleados y una facturación total de 695.571 euros. En 2021, último ejercicio declarado por el despacho en el Registro Mercantil, GC Legal tenía ya 12 empleados e ingresó 2.071.695 euros, un 197% más. Cuando Rubiales llegó a la RFEF, incorporó a la estructura de la institución a la hija del abogado, Patricia González.

Tal y como ha venido informando este periódico en el marco de su investigación sobre los Supercopa Files, el equipo de C&C Legal también prestó presuntamente otro tipo de servicios a Rubiales. Uno de los socios del despacho, Ramón Caravaca, ha ejercido como abogado personal del expresidente de la RFEF en varios procedimientos, pero también le proporcionó una sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria, Egmont 2008 SL, para ocultar presuntamente la contratación de unos detectives en 2019 para espiar a David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), el principal sindicato de jugadores.

La jueza pide todas las actas

La documentación sobre los contratos con SELA y este despacho de abogados forman parte de la última batería de datos solicitados por la jueza. Se producen después de la declaración como testigo de la que fuera vicepresidenta de Integridad de la Federación hasta que dimitió en 2020, Ana Muñoz. Esta excolaboradora de Rubiales relató que en la Federación le ocultaron los contratos con Arabia Saudí y la empresa del exjugador del Barça Gerar Piqué. El central culé se embolsó una comisión millonaria tras el acuerdo con los árabes para venderles la Supercopa de España.

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Ana Muñoz le contó a la jueza que su papel en el departamento de Integridad era meramente decorativo y que los sistemas de control interno no se respetaban. Ahora la magistrada se muestra dispuesta a ahondar en campo y le da un plazo de 10 días a la RFEF para que aporte todas las actas de la era Rubiales. Pide los “libros de actas en los que consten todas las actas completas de los siguientes órganos de la RFEF correspondientes a los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022; Asamblea General, Comisión Delegada de esta y Junta Directiva o el Manual de Prevención de riesgos penales y/o administrativos”.

La jueza también quiere saber qué personas componían el comité de Auditoría y Control, la Comisión Económica, la Comisión de Cumplimiento Normativo, la Oficina de Control y Seguimiento, el Comisionado de Control Externo. Sobre los miembros de la Oficina de Control y Supervisión, quiere saber también “si sus integrantes realizan otras funciones en la Federación, y, en su caso, puestos desempeñados con anterioridad”. Entre la batería de documentos solicitados, la jueza incluye "el Código Ético de la RFEF, tanto el actual como versiones anteriores, aunque recibiera denominación distinta".

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Hace semanas, Luis Rubiales pidió a la jueza que citase a declarar como testigo a su hombre de máxima confianza en la RFEF, Andreu Camps. Según creen las fuentes jurídicas consultadas, era una manera de contrarrestar el testimonio prestado por Ana Muñoz. La jueza dice en su providencia de este martes que "no se admite en este momento la diligencia solicitada, sin perjuicio de poder acordarla en un momento posterior de la instrucción". Estas decisiones dan a entender que la magistrada tiene intención de seguir adelante con la investigación de los Supercopa Files.

En junio acordó prorrogar las actuaciones por seis meses, y ese plazo termina este mes de diciembre. Por ello, en la misma providencia ha dado traslado a todas las partes personadas para que aleguen lo que consideren respecto a la conveniencia de seguir indagando. Desde hace un año está pendiente el juzgado de recibir una comisión rogatoria de Andorra con información del recorrido que siguió el dinero que ingresó Piqué en concepto de comisión desde Arabia. Además, la jueza mantiene una parte de las pesquisas bajo secreto de sumario.