La fábrica de querellas de Rubiales: así presionaba a los periodistas críticos

"Acerca del modus operandi de Rubiales, han corrido esta semana ríos de tinta (...) No se ha contado, sin embargo, que entre su proceder habitual está la persecución de los críticos a su gestión. Lo sabemos bien en este periódico, donde a primeros de mayo recibimos una demanda de querella interpuesta por Rubiales en los juzgados".

El periodista Javier Encinas escribió estas palabras en el diario Noticias de Navarra el pasado viernes. En abril, denunció en una columna de opinión que la final de la Copa del Rey que iban a disputar Real Madrid y Osasuna tuviera que jugarse en el campo de La Cartuja de Sevilla, "un estadio de atletismo a más de 900 kilómetros desde Pamplona, y con las entradas por encima de los 100 euros".

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Encinas tituló su columna "Rubiales nos roba el fútbol (y el dinero)". Semanas después, recibió la querella del hasta ahora presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "Nos exige una 'indemnización simbólica de 30.000 euros'. La cantidad quizá sea simbólica para quien tiene un sueldo anual superior a los 600.000 euros, sin incluir dietas, regalos y multitud de prebendas, pero que le quede claro que no nos va a silenciar", terminó Encinas.

El episodio no es una anécdota, sino la descripción de un sistema de presión y control desarrollado por Rubiales para tratar de silenciar a los periodistas que se atrevían a cuestionar su gestión. Con la ayuda de un presupuesto de casi 400 millones de euros anuales, un equipo jurídico a sueldo de la propia RFEF y un despacho de abogados externo, GC Legal, dirigido por el abogado del Estado Tomás González Cueto, Rubiales presentó decenas de querellas para intentar imponer su relato a todo tipo de medios de comunicación y lavar su cada vez más maltrecha imagen.

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En ocasiones, exigía una compensación económica. Otras veces imputaba delitos castigados con hasta cinco años de cárcel como, por ejemplo, la revelación de secretos. "A mí me puso una querella por toda la información que conté sobre las elecciones a la RFEF en las que se iba a presentar Iker Casillas y que la supuesta profesionalización de los presidentes de las territoriales era en realidad un sueldo encubierto...", explica a este periódico Rafa Fernández, periodista de Onda Cero, uno de los más críticos con la gestión de Rubiales.

"Perdió en primera instancia y recurrió a la Audiencia Provincial, pero volvió a perder. Ni siquiera se la admitieron. Creo que Rubiales sabía que iba a perder, pero lo hacía para callarnos. Era una amenaza. Me sentí amenazado como profesional. Era una forma de taparnos la boca. Toda la información era veraz y de utilidad pública, pero tuvimos que dedicar tiempo a defendernos, escucharnos de nuevo los programas... Su único objetivo era amordazarnos con el miedo y que no contáramos la verdad", opina Fernández.

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Las querellas suponían un gasto asumible para la RFEF, pero una reclamación de 30.000 euros puede generar tensiones financieras en la contabilidad de cualquier medio de comunicación. “Llevo 37 años en esta profesión, en los 19 últimos años me he dedicado a la política, he escrito de presidentes y políticos y nunca antes me había denunciado nadie”, explica Javier Encinas en conversación con El Confidencial. “Te citan para un acto de conciliación previo a una querella amenazante. Está amedrentando a la profesión. Era un artículo de opinión. ¿Qué consigue? Silenciar a los medios”. Rubiales lo acusó de injurias y calumnias, además de reclamarle una indemnización. Confía en que los abogados de su medio desactiven la petición de la Federación.

La periodista Danae Boronat integra también esta lista. Autora del libro No las llames chicas, llámalas futbolistas (Libros Cúpula), concedió una entrevista en el canal de Twitch de Mr.Chip en septiembre de 2022. Dijo tener conocimiento de “presiones” de la Federación a medios de comunicación a la hora de abordar informaciones. En su caso, es una profunda conocedora de las reivindicaciones de las jugadoras de la Selección femenina de fútbol y su conflicto con el entrenador Jorge Vilda. En conversación con El Confidencial, esta periodista ha confirmado que ella también ha sido denunciada por la Federación en el marco de su actividad profesional.

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Al despacho de confianza de Rubiales, GC Legal (G Cueto Legal SL), autor de gran parte de las querellas, le ha ido bien durante el mandato del exjugador del Levante. El bufete de González Cueto cerró el ejercicio 2017, previo a la llegada de Rubiales a la RFEF, con ocho empleados y una facturación total de 695.571 euros. En 2021, último ejercicio declarado por el despacho en el Registro Mercantil, GC Legal tenía ya 12 empleados e ingresó 2.071.695 euros, un 197% más. Los datos de 2022 y 2023 serán previsiblemente mucho mejores. Según su propia página web, en estos momentos ya tiene 22 empleados en plantilla.

González Cueto tiene otros motivos para estar agradecido a Rubiales. Cuando este llegó a la RFEF, incorporó a la estructura de la institución a la hija del abogado, Patricia González. Primero la nombró directora del Departamento de Fútbol Femenino y, hace unos meses, fue recolocada en el Departamento Jurídico de la Federación, un área que dirige otro de los hombres fuertes de Rubiales, Pedro González Segura.

El Confidencial ha sido uno de los blancos predilectos de Rubiales, sobre todo tras la publicación de los Supercopa Files, una investigación periodística que desveló en la primavera de 2022 la existencia de un acuerdo secreto con Gerard Piqué para asegurarse una comisión de 24 millones de euros por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí; la entrega a Rubiales de una ayuda presuntamente irregular de 3.100 euros mensuales para pagar el alquiler de un apartamento de lujo en un rascacielos de la plaza de España de Madrid, y sus grabaciones a ministros y presidentes del Consejo Superior de Deportes (CSD) e incluso sus presiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde entonces, El Confidencial ha recibido casi una veintena de querellas, demandas y requerimientos de rectificación. En una de ellas, por presunta revelación de secretos, Rubiales pidió el "secuestro" urgente de toda la información en poder de este diario y que se impidiera la publicación de nuevas noticias. La jueza rechazó esa petición, asegurando que la información era cierta y de interés público, y que revelaba hechos de "dudosa legalidad". La RFEF recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial, pero esta instancia también resolvió el pasado enero que todo lo publicado por El Confidencial era "información veraz" y que no existía ningún indicio de que los audios y documentos de los Supercopa Files procedieran de una "fuente ilícita", en contra de lo que argumentaba Rubiales.

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En su activa estrategia de controlar todo lo que se publicaba sobre él, Rubiales llegó incluso a demandar a Wikipedia, la enciclopedia digital que elaboran sus propios usuarios. En esta acción judicial, iniciada en diciembre de 2022, el ya expresidente de la Federación exigió la retirada de una serie de informaciones para mejorar su imagen. La demanda iba firmada por V.G.B., una letrada de Madrid que trabajó para el mismo despacho de confianza de Rubiales, según ha comprobado este periódico en la web oficial del bufete.

El equipo de GC Legal ha prestado presuntamente otro tipo de servicios a Rubiales. Uno de los socios del despacho, Ramón Caravaca, ha ejercido como abogado personal del expresidente de la RFEF en varios procedimientos, pero también le proporcionó una sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria, Egmont 2008 SL, para ocultar presuntamente la contratación de unos detectives en 2019 para espiar a David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), el principal sindicato de jugadores. Rubiales quería conseguir información comprometedora sobre Aganzo para tratar de controlar la AFE. El encargo ascendió a 11.764 euros y fue abonado por la RFEF a través de Egmont 2008 SL, como reveló El Confidencial.

Otros despachos de abogados se han beneficiado también de la hiperactividad legal de Rubiales, pero, con el dirigente fuera de la RFEF por la suspensión impuesta por la FIFA, se abre otro escenario. El exfutbolista de Motril ha perdido el control de los 400 millones de euros de presupuesto anual del organismo. A partir de ahora, tendrá que costear cualquier nuevo pleito que quiera comenzar con dinero exclusivamente de su bolsillo, según fuentes jurídicas consultadas. Además, al haber perdido la condición de presidente de la RFEF, los abogados de la institución ya no tienen ninguna justificación para seguir realizando estas actividades. El nuevo presidente de la institución es Pedro Rocha, a todos los efectos.