La Justicia tumba la querella de Rubiales contra El Confidencial por los Supercopa Files: "Es información veraz"

La Justicia ha dado la puntilla a los intentos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, de censurar las informaciones sobre su gestión y la venta de la Supercopa a Arabia Saudí. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la querella que presentó contra El Confidencial y los periodistas José María Olmo y Alejandro Requeijo. “La información es totalmente veraz”, sentencian los jueces madrileños. El tribunal ha concluido además que “no existe indicio alguno de que se obtuviera la información de fuente ilícita”.

“La información ofrecida tenía relevancia pública, al describirse conductas de gran trascendencia social y que han sido objeto incluso de investigación judicial por la posible comisión de ilícitos penales. La información es totalmente veraz, pues se basa directamente en documentación y audios cuya integridad no se cuestiona en modo alguno”, dice el contundente auto, que lleva fecha del pasado 23 de enero. Añade que “la publicación se refiere exclusivamente a las cuestiones de relevancia pública, ya que no consta la publicación de datos o informaciones de carácter íntimo y que no tengan relación con los hechos objeto de la información”.

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Este periódico inició en abril de 2022 la publicación de una serie de informaciones bajo el título de Supercopa Files en las que desveló la cara B de la venta del fútbol español a la dictadura de Arabia Saudí. Apoyado en documentos, contratos, correos electrónicos y mensajes de móvil, El Confidencial sacó a la luz la negociación secreta llevada a cabo por Rubiales y el entonces jugador en activo del FC Barcelona Gerard Piqué. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid avala la labor periodística frente a la cadena de iniciativas impulsadas en los tribunales contra este periódico por el presidente de la RFEF y sus colaboradores.

Las exclusivas de este diario evidenciaron, entre otras cuestiones, cómo Rubiales trató de ocultar el acuerdo con Piqué o cómo se vetó un informe interno contra el país árabe, y destaparon las grabaciones clandestinas que Rubiales hizo a ministros y cargos del Gobierno de Sánchez, incluido el propio presidente del Ejecutivo.

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De este modo, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial confirma el criterio del Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón, que ya archivó la querella en septiembre de 2022. Según reitera el auto, la publicación de la información que provocó la querella de Rubiales “constituyó el ejercicio legítimo del derecho fundamental a la libertad de información proclamada en la Constitución”. “Fue correcto el sobreseimiento acordado”, zanjan los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid, que además reivindican el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes de información.

Las diligencias que propuso Rubiales para dar con lo que considera el “origen ilícito” de las exclusivas no eran útiles, a juicio de los magistrados. Creen que al final la investigación se iba a reducir a citar a los periodistas para interrogarlos en el juzgado. “Aunque tal diligencia es factible a la vista de la inexistencia de otros indicios, resulta que la imputación solo se sostendría en la autoinculpación de los propios querellados, algo posible pero sumamente improbable. El ejercicio del derecho a no declarar o la justificación del secreto profesional y el derecho a no desvelar sus fuentes sería suficiente para neutralizar cualquier posible investigación”, dicen.

Pedía penas de cárcel para los periodistas

Rubiales acusa a Olmo y a Requeijo de la supuesta comisión de delitos de descubrimiento y revelación de secretos consistentes, penados con cárcel. Según la querella, difundieron de manera no consentida un material obtenido ilícitamente de sus dispositivos electrónicos, supuestamente hackeados o interceptadas las conversaciones por personas desconocidas “y por complejos procedimientos de captación”.

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Sin embargo, en una segunda querella, Rubiales cambió de versión y acusó a su tío y exjefe de gabinete, Juan Rubiales, de haberse hecho con una copia de su teléfono y habérsela dado a los periodistas. Los jueces entienden que este cambio “permite descartar la hipótesis de que la información publicada se obtuviera a través de programas de espionaje”. En cualquier caso, el auto concluye que “la cuestión nuclear no radica tanto en quién y cómo sustrajo la tarjeta SD con el contenido de información confidencial y quién entregó la información al medio de comunicación, sino en si quien difunde la misma es conocedor de su carácter ilícito”.

No es este el único revés que ha recibido Rubiales en su intento de acallar a El Confidencial. El pasado octubre, el Juzgado de Primera Instancia Número 81 de Madrid también denegó su petición de impedir la publicación de los mensajes en los que dedicaba términos despectivos a varios equipos de Primera División y que motivaron un comunicado conjunto de tres clubes aludidos que exigen una disculpa. El juez avaló las publicaciones y las dudas que los comentarios de Rubiales generan sobre su imparcialidad. Mientras tanto, sus actividades al frente de la Real Federación Española de Fútbol siguen su marcha en un juzgado de Majadahonda, donde se siguen recabando diligencias de mano de la Fiscalía Anticorrupción.